A Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán se los tragó la tierra y todavía no los ha devuelto. Hace un mes desaparecieron entre toneladas de escombros en el vertedero de Zaldibar y, mientras, han llovido críticas por la falta de información, acusaciones políticas en plena precampaña y dudas sobre la empresa que gestiona el vertedero. Pero las familias de ambos solo tienen una certeza: «La realidad es que Alberto y Joaquín siguen enterrados entre basura», como subraya la familia del segundo en un comunicado.
Ambos representan la desconfianza que se ha sembrado en torno a la gestión de la catástrofe, sobre la que pesa la falta de coordinación, que ha llevado a que las familias tengan que insistir en algo que parecería lógico: «Queremos que el rescate sea la verdadera prioridad»; «queremos que nos los devuelvan». Denuncian que las labores de búsqueda han resultado «inadecuadas e insuficientes», y reclaman que «puede y debe hacerse mucho más de lo que se está haciendo».
Mientras tanto, el silencio. La autocrítica del lehendakari Íñigo Urkullu sobre la falta de transparencia en la gestión no ha terminado de calar y, pese a las nuevas mediciones que publica el Gobierno sobre la calidad del aire y del agua, entre los vecinos todavía hay dudas sobre lo que respiran.
«La sensación es que falta una dirección de orquesta», dice Javier Vázquez, portavoz Ekologistak Martxan, una organización ambientalista que lleva años denunciando la situación de los vertederos.
Quejas de los vecinos
El Gobierno ha anunciado que construirá dos celdas «de forma inmediata» para enterrar 300.000 m3 de residuos en los terrenos que bordean al vertedero para minimizar el impacto ambiental que podría causar su traslado y, además, ha encomendado las labores de rescate y estabilización del vertedero a una empresa.
Sin embargo, los sindicatos y organizaciones registran quejas de vecinos por el trasiego de camiones con residuos que dejan estelas de polvo.
En una visita al vertedero, Pello Igeregi, responsable de salud laboral y seguridad de ELA, también denunció que habían detectado irregularidades, como que algunos de los trabajadores operaban sin los equipos de protección adecuados. Aunque el Gobierno lo desmintió en un comunicado, en el que asegura que los trabajadores «están realizando sus tareas con todas las medidas de seguridad y salud laboral necesarias» y que existen zonas de descontaminación aisladas.
«Lo que nos preocupa es asegurarnos de que no se vuelva a repetir la situación», resume Vázquez. «Debería hacerse una auditoría de todos los vertederos para ver las licencias, para qué están autorizados y caracterizar los residuos, de dónde vienen y cómo se trata, para que no repitamos otra vez la misma situación».
Movilización social
Tanto las familias como los vecinos que se han comenzado a organizar en torno a la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu (Destapar Zaldibar) reclaman que se separe la gestión política de la técnica para que se pueda priorizar la búsqueda de los operarios desaparecidos y que se garantice la salud de todos los habitantes de la zona.
«Queremos saber si los niños pueden jugar tranquilamente en la calle, hacer vida normal, porque dicen que ahora hay menos niveles de contaminantes, pero al principio mintieron, dijeron que la calidad del aire era buena, no dijeron que estaban analizándolo en Madrid, y la gente ahora no les cree», cuenta Jokin Bergara, portavoz de la plataforma.
Los vecinos de Izaga, el barrio más cercano al vertedero están muy preocupados, dice. «No saben muy bien qué les va a pasar, qué están respirando, si los productos que producen ahí, en la huerta, se pueden comer, o los animales que tienen en los caseríos. La gente ya no les está comprando. Les han arruinado no solo su entorno, sino su medio de vida».
Bergara cuenta que hay gente que se fue del pueblo a pasar un tiempo fuera, como algunas mujeres embarazadas, pero ahora quieren volver a la normalidad.
El próximo jueves, 12 de marzo, habrá una movilización en Ermua para insistir en sus reclamaciones y que no se olvide. «Ya hemos pasado de ser la primera noticia a ser la 22 y nos parece que no puede ser, porque la gestión que se está haciendo es pésima».
Alfonso Ríos, responsable de salud laboral y medio ambiente de CCOO en Euskadi coincide: «El gobierno está intentando rebajar el riesgo y nosotros no somos partidarios de generar alerta, pero tampoco de quitar la tensión que tiene que haber. Eso que hay después del derrumbe es amianto puro y duro».
Dudas sobre la empresa
En 2019, el Gobierno encontró 23 deficiencias en la empresa Verter Recycling que no habían sido corregidas y algunos cargos del PSE han denunciado que la empresa ocultaba datos.
La Diputación de Bizkaia ha abierto un expediente sancionador a la empresa Verter Recycling, y tanto la diputación foral como los ayuntamientos de la zona y otras organizaciones se personarán en la causa judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Durango contra la empresa.
El Gobierno vasco había iniciado las diligencias ante la Fiscalía después de que saliera la luz que la empresa tenía conocimiento de la existencia de grietas en la escombrera.
Un relato inverosímil
Urkullu tardó seis días en visitar Zaldibar y seis más en pedir perdón. El Gobierno comenzó a publicar algunos datos y descargó toda la responsabilidad sobre la empresa.
El viernes 7, un día después del derrumbe, en el diario de sesiones del Parlamento vasco apenas hay dos menciones al suceso, y ni siquiera son por lo que pasó, sino para defenderse de las acusaciones de que faltaban ambulancias. A esa hora en la que se celebraba el pleno ya se sabía que había dos trabajadores desaparecidos y otros 90 que habían estado trabajando en las labores de rescate sin ninguna protección, pese a que había amianto entre la basura. Pero nadie mencionó nada.
El propio Urkullu lo relata con sorpresa en una entrevista con Noticias de Gipuzkoa: «Rebobinando, recuerdo que llegué a la puerta del Parlamento y fui abordado por los periodistas. Nadie me preguntó por el hecho de Zaldibar. Vivimos durante 48 horas prácticamente con la preocupación por la convocatoria de las elecciones. El lunes, cuando procedemos al anuncio de la disolución de la legislatura, me puse en contacto con todos los portavoces parlamentarios por escrito. Nadie me preguntó por Zaldibar».
El coste de la industria
La industria genera más del 24% del PIB en el País Vasco, y los vertederos no da abasto, lo que ha abierto el camino para iniciar el debate. «Si realmente queremos que en Euskadi siga habiendo industria, tenemos que ver si es compatible con la sostenibilidad», afirma Urkullu.
El consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, aseguró que es necesario «replantear el modelo de gestión de residuos», y llegó a propone utilizar «herramientas legislativas y fiscales» para que el vertido se convierta en la última opción que utilicen las empresas durante una presentación el pasado sábado.
Pero las asociaciones denuncian que los protocolos, las regulaciones y la ley ya existen, «lo que hace falta es cumplirlos y la administración tendrá que ser más rigurosa en eso», advierte Vázquez.
Por eso, plantean que los vertederos deberían ser un servicio de gestión pública y contemplar un plan adecuado para minimizar los vertidos y tender al residuo cero. «Mientras sea un negocio, lo que va a primar es la obtención del máximo beneficio y ahí falta una garantía de control. Este vertedero cobraba la mitad que otros, era como un agujero, podías meter lo que querías y luego no lo revisaban», señala el ecologista.
Otros vertederos
Solo 5 de los 15 vertederos de la red vasca están bajo gestión pública. «¿Cuántos casos hay como el de Zaldibar? No lo sabemos, porque no se quiere dar información al respecto», denuncia el sindicato ELA.
No son los únicos que se hacen esa pregunta. En Zalla, de donde era Joaquín Beltrán, temen que se pudiera llegar a producir una situación parecida. «En Zalla tenemos un vertedero de características muy similares, el más grande de Bizkaia. En él ha habido tres incendios el pasado verano, que es solo una de las causas de la alarma que nuestras vecinas y vecinos tienen por este tema. Un constante flujo de camiones por sus barrios, el oscurantismo con el que siempre se ha llevado este tema desde instituciones supramunicipales y los evidentes símiles con Zaldibar son otras de esas causas», explican desde el colectivo Zalla Bai.
En el aire queda otro frente que la administración debe resolver: dónde depositar las 500.000 toneladas de residuos que llegaban a Zaldibar cada año.
Fuentes:
- Comunicado de la familia de Joaquín Beltrán
- Plataforma Zaldibar Argitu (Destapar Zaldibar)
- Ecologistak Martxan
- Entrevista Urkullu en el Noticias de Gipuzkoa
- Consejería de Medio Ambiente del País Vasco
- Carta anónima difundida en redes sociales
- Diario de sesiones del Parlamento vasco 7/02/2020
- Sindicato ELA
- Comisiones Obreras
