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Las competencias que tiene Cataluña y hasta dónde llega su gestión en materia de prisiones
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Las competencias que tiene Cataluña y hasta dónde llega su gestión en materia de prisiones

Es la comunidad autónoma con más traspasos a su favor y la única que ejecuta la gestión de prisiones desde 1983. También asume la dirección de policía y tráfico como País Vasco y Navarra | Foto: Toni Albir (EFE)

GRAFCAT4756 BARCELONA 9/10/2019.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, responde a una pregunta del presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, y líder de la oposición, Carlos Carrizosa (d), durante la sesión de control celebrada hoy en el Parlament, dos días después la moción de censura presentada por Ciudadanos. EFE/Toni Albir

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, pedía tranquilidad a la ciudadanía y confianza en las instituciones centrales y autonómicas un día después de conocer la resolución de la sentencia del procés. Cataluña es la comunidad autónoma que cuenta con más transferencias a su favor, 189 en total, y entre ellas está la de ejecución de las leyes penitenciarias desde 1983, un hecho que ha preocupado a los líderes del Partido Popular y Ciudadanos el mismo día que se conocía la resolución del Tribunal Supremo.

«Cuando lleguemos al Gobierno recuperaremos las competencias en materia de administración penitenciaria para así garantizar el cumplimiento de las condenas y que no haya tratos diferenciados, ni discrecionalidad para la aplicación del tercer grado”, prometió en rueda de prensa el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, horas después de publicarse la sentencia.

En la misma dirección se manifestó Albert Rivera esa noche en ‘Antena 3 Noticias’: «Una de las propuestas que le quiero hacer al señor Sánchez es recuperar competencias para que no sea Cataluña quien pueda conceder beneficios penitenciarios a los condenados, sino que cumplan hasta el último de sus días como cualquier ciudadano». La respuesta del Gobierno a esta propuesta ha sido negativa desde el principio.

«El Gobierno no se plantea ningún recorte de las autonomías. Eso se lo están planteando las derechas de este país, que han perdido completamente la brújula de lo que representa respetar el marco constitucional», ha defendido Carmen Calvo en ‘RAC 1’. Por su parte, Grande-Marlaska ha asegurado en ‘laSexta’ que para conceder el tercer grado se debe contar con la autorización del órgano de enjuiciamiento, en este caso del Tribunal Supremo. «La transferencia es exclusivamente de gestión», ha recordado.

Lo confirman los profesores de derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Gustavo y Carlos Gómez de Liaño: «Si se les concede el tercer grado, la Fiscalía puede recurrir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y contra la resolución de éste puede recurrir en apelación y es entonces cuando se pronunciaría el Tribunal Supremo», explica Javier Gustavo. La materia esta regulada en la disposición adicional 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añade Carlos Gómez.

Pero, ¿puede derogarse el Real Decreto que se aprobó en 1983 como exigen algunos representantes públicos?, ¿por qué Cataluña ha asumido la gestión penitenciaria y en qué consiste realmente esta competencia? o ¿qué otras transferencias diferencian a Cataluña del resto de comunidades? Lo explicamos.

Cataluña, la única con competencias en prisiones

La gestión penitenciaria no es un asunto que haya suscitado el interés de las comunidades autónomas. Sólo Cataluña asumió esta competencia, a pesar de que su traspaso está contemplado en el artículo 148 de la Constitución. En él se incluye un listado de poderes que las autonomías pueden optar por gestionar al aprobar su Estatuto de Autonomía, explica a Newtral.es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías.

Todas las comunidades, potencialmente, pueden tener las mismas competencias. Si cualquier otra comunidad autónoma quisiera la gestión penitenciaria tendría que haberla asumido, como hizo Cataluña, que lo dijo desde el principio”, cuenta Urías. Sin embargo, esto no significa que desde el Parlament se puedan dictar normas en este ámbito, sus competencias son sólo de gestión, es decir, de ejecución de las leyes penitenciarias del Estado.

El profesor de derecho constitucional añade que la única diferencia entre unas regiones y otras está en las competencias que se negocian, las exclusivas del Estado, recogidas en el artículo 149 de la Constitución.

Las transferencias que gestiona la Generalitat

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública registra en su página web todos los traspasos aprobados a las comunidades autónomas desde 1978, así como los plenos de Comisiones Mixtas de Transferencias por legislaturas estatales [puedes consultarlo aquí]. Cataluña es la comunidad a la que más transferencias se le ha concedido, en total 189. Le siguen Galicia (154) y País Vasco (107).

A diferencia de otras comunidades, Cataluña gestiona, además de prisiones, policía y tráfico. Estas dos también son competencia del País Vasco y Navarra. Las tres regiones tienen una policía autonómica integral, es decir, una policía con todas las competencias policiales. En cuanto a la gestión del tráfico vial, fue concedida a Cataluña en 1988, al País Vasco en 1982 y a Navarra en 2018.

¿Puede volver la gestión de prisiones al Gobierno central?

Esta competencia se puede retirar de forma temporal a través de la ejecución del artículo 155 de la CE, como proponía Rivera en ‘Antena 3’. En opinión de los expertos consultados por Newtral.es, llevarlo a cabo de forma definitiva no puede hacerse «de un día para otro». En cualquier caso, sería algo extraordinario.

Una de las vías, explica el profesor de derecho Joaquín Urías, sería negociarlo en la Comisión Mixta. «Quitarle eso sería como quitarle los colegios. Además de que el Estado pasa dinero para las competencias transferidas, Cataluña tiene funcionarios de prisiones catalanes, ha invertido dinero en cárceles y en funcionarios. Eso no se lo puedes quitar, habría que negociarlo», explica Urías.

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la única forma es reformar el estatuto. «Es un proceso largo y aunque recuperes la competencia el régimen penitenciario seguirá siendo el mismo, lo que pasa es que lo gestiona el Estado. Son funcionarios del Estado, ¿cómo los cesas?», cuenta a Newtral.es.

Fuentes:

  • Ministerio de Política Territorial y Función Pública
  • Javier Gustavo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo
  • Carlos Gómez de Liaño, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo
  • Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
  • Ignacio Villaverde, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

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