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La Justicia suspende el ‘pin parental’ de forma cautelar
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La Justicia suspende el ‘pin parental’ de forma cautelar

La polémica medida, implantada en la región de Murcia, fue recurrida por el gobierno de coalición ante los tribunales

Foto Archivo SUTTERSTOCK

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha suspendido de forma cautelar el veto parental o «pin parental» al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”

Así lo ha decidido la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por tanto, queda suspendida la ejecución de las dos Instrucciones que la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia dictó para el curso 2019-2020 a los centros de Infantil y Primaria y Secundaria y Bachiller, respectivamente, mediante las que se aplicaba lo que Vox ha denominado como Pin parental.

En concreto, la suspensión supone que los padres y las madres no “pueden manifestar su conformidad o disconformidad” con la participación de sus hijos menores en actividades complementarias de las programaciones docentes que formen parte de la propuesta curricular y que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo.

La Sala recuerda, siguiendo doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo reiterada, los aspectos sobre los que no va a pronunciarse “por corresponder a un examen del fondo del asunto” y señala que “tendrán su oportuna respuesta en sentencia”. El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición (ante el mismo órgano).

Qué es el ‘pin parental’

El ‘pin parental’ es una iniciativa de Vox, apoyada en la región PP y Ciudadanos, que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.

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