El centro Vida Nueva y sus principales responsables están siendo investigados por diez presuntos delitos después de que tres mujeres que estuvieron internas hayan denunciado ante el juzgado las torturas a las que aseguran haber sido sometidas en este centro evangélico que se presenta como centro de rehabilitación y que recibe dinero público.
A través de ellas, Newtral ha podido acceder tanto a las denuncias como a los autos de diligencias previas incoadas. Los tres casos se han acumulado en el Juzgado N.º 4 de Pamplona, iniciando así un procedimiento judicial para dirimir si el matrimonio de Luis Nasarre y Maricarmen Sotés, fundadores de Vida Nueva, así como otros nueve responsables, han incurrido en algún ilícito penal.
Según los escritos de denuncia, las conductas relatadas por las víctimas podrían ser constitutivas de los siguientes diez delitos: detención ilegal, coacciones, torturas por razones discriminatorias, contra la integridad moral, trata de seres humanos para la explotación laboral, lesiones graves, contra la dignidad de un colectivo vulnerable, extorsión, contra los derechos de los trabajadores, intrusismo profesional, y organización criminal.
Así, lo publicado por Newtral en febrero de 2026 es ahora objeto de investigación en un procedimiento penal.
Algunos de los principales hechos que publicó este medio tras una investigación periodística del centro Vida Nueva, que las víctimas califican de “secta”, describen un supuesto clima de control y anulación de la voluntad, la presunta imposición de matrimonios heterosexuales como paso final de la denominada “terapia”, la eventual realización de exorcismos para liberar a las internas de los “demonios” de la homosexualidad y de la rebeldía, el supuesto control de la vestimenta para ser femeninas pero no excesivamente con el fin de evitar provocar a los hombres, y la realización de trabajos de limpieza tanto dentro como fuera del centro sin cobrar y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
- El psicólogo Miguel Perlado y la abogada Alejandra Rodríguez, ambos especializados en sectas y comunidades de alto control ideológico, señalaron a Newtral que muchas de las conductas descritas por las víctimas coinciden con las conductas habituales y comunes de las comunidades sectarizadas.
Las denunciantes relatan, además, haber sido obligadas a inscribirse como “personas sin hogar” para para obtener subvenciones para su “reinserción social”, pero también aseguran haber presenciado placajes, azotes y bofetadas a menores que estaban internos con sus madres en régimen de acogida, o que se les haya negado atención médica hospitalaria al considerar que las afecciones se pueden curar obedeciendo a Dios. Todos estos hechos forman parte de los extremos denunciados y actualmente son objeto de investigación judicial.
Un informe pericial aportado por las tres denunciantes concluye que fueron sometidas a “tortura”
Las tres denunciantes aportan un Informe Pericial de Protocolo de Estambul elaborado por profesionales del Centro SIRA, un centro acreditado en España para evaluación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los tres informes periciales —de parte y realizados de forma gratuita al amparo de los servicios jurídicos ofrecidos por la Asociación No Es Terapia, que está acompañando a las denunciantes— concluyen que las tres fueron “sometidas a tortura/malos tratos/trato cruel inhumano o degradante”.
Además, el informe del centro SIRA señala que “existen elementos altamente consistentes y convergentes que permiten sostener razonablemente la hipótesis de una actuación organizada y deliberada por parte de los líderes del grupo”.
“Si bien no corresponde a este informe ni pretende este perito establecer la intención penal en sentido estricto, sí puede afirmarse, desde una modesta perspectiva clínica y psicosocial, que el conjunto de indicios desarrollados permiten plantear con fundamento basado en evidencia la existencia de una intencionalidad orientada a la dominación y al control de la voluntad ajena, compatible con esquemas de abuso de poder y entornos coercitivos, tal como han sido conceptualizados en la literatura psiquiátrica especializada y en ciertos estándares internacionales de derechos humanos”, concluye el documento elaborado por un psiquiatra acreditado del centro SIRA, al que ha tenido acceso Newtral.
Consultado por este medio, el pastor Luis Nasarre, fundador y director de Vida Nueva, señala que, a su parecer, “las denuncias están basadas en cosas que no son verdad” y que proceden de “personas con un nivel de resentimiento alto porque no les encajó” lo que se vivía en el centro.
