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La apertura del franquismo que no quiso ser
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La apertura del franquismo que no quiso ser

En su discurso de investidura, Carlos Arias Navarro, último presidente del régimen de Franco, anuncia la apertura política del Gobierno como consecuencia de los cambios socioeconómicos de la época.

Foto: Wikipedia

12 de febrero de 1974. Carlos Arias Navarro, último presidente del régimen franquista tras el asesinato de Carrero Blanco, toma su cargo ante las Cortes y anuncia la reforma del Estatuto de Asociaciones Políticas, es decir, la apertura del Movimiento Nacional del régimen a la pluralidad política de la época. Este discurso abrió un periodo de esperanza que la prensa bautizó como “el espíritu del 12 de febrero”, aunque Navarro no señaló un plazo ni plan concreto. La voluntad aperturista del gobierno quedó en entredicho pocas semanas después con las condenas de muerte por medio de garrote vil a Salvador Puig Antich y el alemán Heinz Chez, tras ocho años sin aplicarse.

La tímida reforma institucional de Navarro acabó por aprobarse en diciembre de ese mismo año por decreto ley, aunque como “medios complementarios” a través de las “entidades naturales”. Así, a la muerte de Franco en el 1975, solo había legalizadas dos asociaciones. 

Carlos Arias Navarro y Francisco Franco | Foto: Wikipedia

Arias Navarro llegó a ser presidente del último gobierno franquista con un discurso en el que anunciaba, entre otras medidas, “el estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación”, es decir, una adaptación legislativa que permitiría “comparecer sin tardanza en la vida política nacional” a posiciones políticas diferentes al Movimiento Nacional. Aunque estas tenían que cuadrar en los “principios y normas de las Leyes Fundamentales del Reino”. 

Ante este hecho, se dieron distintas reacciones. La oposición de izquierdas ni lo contempló ya que su objetivo pasaba por la ruptura del sistema para alcanzar la democracia, los inmovilistas del régimen, que ya habían conseguido paralizar medidas similares en el 1969 con un proyecto de “asociaciones de opinión pública” y después en el 1973 con el proyecto de Ley General de Participación Política de los Españoles, se preparaban ante el nuevo motín, y la prensa, esperanzada, apremiaba la apertura española que, al final, no llegó hasta la muerte de Franco.

Esta tímida reforma institucional de las Leyes Fundamentales respondía a los cambios que se vivían en la sociedad, especialmente la crisis del petroleo a finales del 1973. A corto plazo, la dependencia energética de España se tradujo en un grave déficit cuya con consecuencia más alarmante fue la destrucción de empleo además de la disminución de las exportaciones, el recorte de inversiones extranjeras o la caída de los ingresos por turismo. 

Dos semanas después, el 2 de marzo, la voluntad liberalizadora del gobierno se descubre como un brindis al sol. Un brindis, además, de sangre: tras ocho años sin aplicarse la pena de muerte, se condena a garrote vil a dos jóvenes, el estudiante anarquista Salvador Puig Antich, causante del homicidio del subinspector de la Policía de Barcelona Barragán en un tiroteo, y un supuesto polaco, después verificado como alemán, Heinz Chez, causante de la muerte de un suboficial de la Guardia Civil. Ante esta situación se dieron manifestaciones en contra del régimen en distintas capitales europeas como Londres o París. La política de Navarro queda desacreditada ante los ojos europeos.  

El “espíritu del 12 de octubre” se consumó sin votos en contra en el Pleno del Consejo Nacional del 16 de diciembre de 1974, después validado como decreto ley. No obstante este nuevo Estatuto definía las asociaciones como “medios complementarios para la para la participación de los españoles en las tareas políticas” y “a través de las Entidades naturales”. Es decir ajustadas “a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales”. Quedando absolutamente excluidas las asociaciones confesionales, sindicales y/o profesional como políticas. A la muerte de Franco, solo había legalizadas dos asociaciones, la Unión del Pueblo Español (UDPE) y la Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA). 

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