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La exclusión del centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales de Navarra se ha hecho efectiva tras el último informe de inspección del Gobierno autonómico, de enero de 2026, en el que se detectaron varios incumplimientos.
- El centro Vida Nueva ha sido denunciado judicialmente por hasta diez posibles delitos tras una investigación de Newtral sobre este lugar de rehabilitación que busca convertir a mujeres “problemáticas” en mujeres “decentes”.
- Esta revocación ya la avanzamos en febrero. La novedad es que ahora se ha hecho efectiva.
La exclusión se debe, principalmente, a dos motivos: a que el centro supera el número de camas por habitación y a que requiere datos médicos a las personas que ingresan en él. Según el informe de inspección, al que Newtral tiene acceso, estos datos serían: “Analíticas de sangre y orina, radiografías de tórax y pruebas de embarazo”. El informe no detalla si las analíticas de sangre exigen la detección de infecciones de transmisión sexual, especialmente del VIH, como sí aparecía en un documento de ingreso al centro Vida Nueva que data de 2014 al que pudo acceder este medio.
- Recordemos que varias víctimas relatan en sus denuncias que a las personas con VIH se las señalaba públicamente porque las obligaban a comer con cubiertos diferenciados por color.
A pesar de haber requerido al centro modificar estas dos cuestiones, Vida Nueva no ha ejecutado estas peticiones por parte del Departamento de Derechos Sociales, como indica el propio informe de inspección, por lo que se determinó abrir un expediente para revocarles del citado registro.
- Esta revocación no implica el cese de la actividad ni el cierre del centro, sino “el no estar reconocido como un servicio dentro de la Red de Servicios Sociales, recogido en la Cartera de Servicios Sociales, ni inscrito en el Registro de Servicios Sociales”.
El informe de inspección recoge que se les pide información sexual a las personas que ingresan
Ya en un informe de inspección de 2022, que Derechos Sociales ha facilitado a este medio, se requería revisar la exigencia de datos médicos privados a las personas internas. Hecho del que ya alertaba otro informe de inspección anterior, de 2017.
Los informes de 2017 y 2022 también recogían cuestiones como que se pide información de carácter sexual a los usuarios del centro y que las mujeres tienen menos tiempo de llamadas familiares que los hombres. El centro habría modificado la segunda cuestión, pero en nueve años Vida Nueva ha seguido pidiendo información de carácter sexual a cualquier persona que ingresara, según el informe de 2026.
Según relataron varias víctimas a este medio, tanto a su ingreso como durante el internamiento fueron preguntadas por el número de hombres con los que habían mantenido relaciones sexuales, si habían tenido relaciones sexuales con mujeres, qué posturas sexuales habían practicado o si habían consumido pornografía.
Los informes de 2022 y de 2026 recogen que las puertas de las habitaciones no están dotadas de cierre a voluntad de la interna en contra de lo que establece el Decreto Foral 92/2020. Además, señalan que “los objetos personales de valor se guardan en el despacho de cada edificio bajo llave”. Como también refirieron varias víctimas a este medio, al ingresar las desposeyeron de sus objetos más preciados (libros, diarios, ropa, fotografías, música) porque, según los responsables del centro Vida Nueva, eran contrarios a la fe cristiana y “símbolos de rebeldía que abrían la puerta a los demonios”.
El informe de inspección de 2026 también expone que las actividades que realizan internas e internos están diferenciadas por género, siendo las actividades de las mujeres las de “cocina, limpieza, repostería, habilidades sociales y compras navideñas”, y las de hombres, “mantenimiento, taller y prevención de incendios”.
El Gobierno de Navarra niega que haya derivaciones, pero el informe de inspección lo contradice
A pesar de que el Gobierno de Navarra ha reiterado en varias ocasiones que no hay derivaciones ni por parte del sistema de salud ni por parte de servicios sociales al centro, el informe de inspección realizado por este mismo Ejecutivo en enero de 2026 recoge la siguiente afirmación: “El contacto con el centro se hace a iniciativa de las personas usuarias (mediante correo electrónico, llamada telefónica…) y mediante derivación de los servicios sociales de base, de hospitales o de centros de salud”.
El Gobierno se aferra a que no hay concierto alguno con dicho centro. Sin embargo, como ya explicó Newtral, hay profesionales sanitarios que sí estarían derivando u orientando a pacientes a este centro para su ingreso, siendo el paciente el que asume el coste de la rehabilitación. De hecho, en la página web del centro Vida Nueva, a fecha 17 de junio de 2026, sigue constando que Salud y Servicios Sociales son vías de acceso al centro.
A lo largo de estos meses, el Gobierno de Navarra no ha solicitado la eliminación de esta información que, según ellos, es errónea. Desde Presidencia, el pasado 12 de junio, aseguraron a este medio que “remitirán una comunicación al centro solicitando que se suprima dicha referencia para evitar cualquier interpretación que no se ajusta a la realidad”.
Sobre esta misma cuestión realizó una pregunta el grupo parlamentario EH Bildu, que fue contestada este martes 16 de junio en la Comisión de Derechos Sociales. La consejera, Carmen Maeztu, respondió que no hay plazas concertadas y que nunca las ha habido, como tampoco hay protocolo consensuado de derivación. No explicó, sin embargo, por qué el informe de inspección del Gobierno de Navarra recoge que sí hay derivación, aunque no sea bajo concierto.
El Gobierno de Navarra no ha abierto ningún expediente administrativo
Este medio también ha preguntado al Gobierno de Navarra sobre si ha activado algún mecanismo, en el uso de sus competencias, para verificar si se están cometiendo infracciones y para evitar que, mientras se esclarezcan los hechos, sigan recibiendo subvenciones públicas.
- Como ya explicamos, Vida Nueva ha recibido 5.668 euros en mayo de 2026 por parte del Ejecutivo autonómico mientras se investiga al centro y a sus responsables por diez posibles delitos, entre ellos tortura, explotación laboral y organización criminal.
En primer lugar, desde Presidencia responden, con fecha 12 de junio, que “al tratarse de un asunto actualmente judicializado, la vía administrativa queda condicionada a ese procedimiento”. Sin embargo, el Gobierno navarro desconocía hasta el 10 de junio que hubiese una investigación judicial, tal y como expresa en el mismo correo. Por lo que desde este medio les hemos preguntado por qué desde la primera publicación de la investigación de Newtral, en febrero, el Gobierno no activó ningún mecanismo, pero de momento no hemos obtenido respuesta.
En este sentido, el abogado penalista Saúl Castro, experto en derecho antidiscriminatorio, explica que “el Gobierno de Navarra no puede condicionar el inicio de expedientes sancionadores a la existencia o no de procedimientos penales porque la potestad sancionadora es discrecional para la Administración pública”.
Por ejemplo, una de las cosas que han denunciado las víctimas ha sido la práctica de terapias de conversión para modificar tanto su orientación sexual como su expresión de género. Una cuestión que está recogida como infracción muy grave en el ordenamiento jurídico a través de la ley LGTBI y trans estatal (artículo 79.4), pero hay otras cuestiones (que podrían tener encaje en otras infracciones de esta ley o en el régimen de infracciones como el que establecen la Ley LGTBI navarra de 2017 o la Ley de igualdad (o Ley Zerolo) de 2022.
Así, como explica Castro, presidente de la asociación No es terapia que está acompañando jurídicamente a las víctimas que han denunciado, “esto ya es suficiente para abrir un expediente administrativo sancionador para investigar si se estarían cometiendo determinadas infracciones”. Sin embargo, el Gobierno de Navarra señala que “no se ha recibido, hasta este momento, ninguna queja, comunicación o denuncia relacionada con este centro que haya dado lugar a la realización de un requerimiento o a incoar un expediente administrativo sancionador”. A lo que Saúl Castro responde que “la administración es competente para, motu proprio, una vez es conocedora de estos hechos, iniciar este procedimiento sin necesidad de haber recibido queja, comunicación o denuncia”.
Para este abogado, este expediente serviría, sobre todo, para evitar que Vida Nueva siga recibiendo subvenciones públicas, retirar ayudas o paralizar las que se hayan concedido. Según el Gobierno de Navarra, “la legislación no contempla la retirada de estas ayudas en base a hechos considerados hipotéticos o futuribles y, hoy por hoy, no consta ninguna sentencia objetiva ni resolución firme que permita iniciar un procedimiento de reintegro. No obstante, si en vía judicial se determinara la retirada de ayudas o la imposibilidad de conceder nuevas subvenciones, el Gobierno de Navarra actuará en consecuencia y conforme a lo que establezca la justicia”.
Sin embargo, Saúl Castro señala que esto es erróneo, ya que “no hace falta una sentencia porque el propio artículo 34 de la Ley foral de subvenciones (2005) habla de ‘infracciones del ordenamiento jurídico’, no de delitos”. Y apunta que “la resolución firme puede emitirla el propio Gobierno de Navarra si incoase el expediente administrativo sancionador”. “Con ese expediente podrían verificar si hay elementos probatorios suficientes de que se realizan determinadas infracciones. La Ley Zerolo ya recoge en su artículo 82 que no se concederán, proporcionarán u otorgarán subvenciones, recursos ni fondos públicos de ningún tipo, ni directa ni indirectamente, a ninguna persona física o jurídica, pública, privada o de financiación mixta que cometa, incite o promocione LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión”.
