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Eutanasia: Dudas sobre la comisión que evaluará a los médicos antes y después de los procedimientos
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Eutanasia: Dudas sobre la comisión que evaluará a los médicos antes y después de los procedimientos

La creación de una Comisión de Control y Evaluación para analizar el procedimiento antes y después de la ejecución de la eutanasia es uno de los puntos controvertidos del proyecto de ley de eutanasia del PSOE. Te explicamos por qué

Foto: Shutterstock

Luz verde para tramitar una ley que despenaliza y regula la eutanasia. El Gobierno de coalición tenía como tarea prioritaria presentar y aprobar este proyecto de ley que en sus once páginas no resuelve algunas cuestiones que atañen a los profesionales sanitarios —quienes van a desempeñar esta labor al ser una prestación incluida en la sanidad pública—.

La actual proposición de ​Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del PSOE propone ​modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Pena​l. De ser así, quedarían exentos de responsabilidad aquellos que ayuden a morir «de manera segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «libre, expresa e inequívoca».

Esto supondría la despenalización de esta práctica. Pero la ley tiene como objetivo también la regulación: es decir, desarrollar una norma común para asegurar el acceso a la eutanasia a toda la ciudadanía que lo requiera.

En este segundo aspecto, el de la regulación, es donde algunos médicos han detectado «deficiencias», como las califica Fernando Marín, médico y presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Según Marín, la figura de la Comisión de Control y Evaluación que establece el proyecto de ley presentado por el PSOE «podría ser un problema si no se especifican algunas cuestiones como su composición», tal y como explica en conversación con Newtral.es.

Esta comisión realizaría un control previo al acto de la eutanasia pero también una evaluación posterior tras la ejecución del mismo. Esta propuesta es diferente al modelo de Bélgica y Países Bajos, donde la comisión solo es posterior, postura que defienden desde la asociación DMD. También difiere de la propuesta de ley registrada por Unidos Podemos en 2017, en la que la comisión solo sería posterior.

Javier Padilla, médico de atención primaria y autor del ensayo «¿A quién vamos a dejar morir?» (Capitán Swing, 2019), señala a Newtral.es que «la comisión previa puede suponer más trabajas para el paciente».

En ese sentido, Padilla apunta que «la propuesta de Unidos Podemos era más ambiciosa», si bien matiza que «fue formulada en 2017, cuando la extrema derecha no estaba en el Parlamento». «Me preocupa que esas comisiones van a depender de nombramientos de las comunidades autónomas: es decir, una comunidad gobernada por la derecha o extrema derecha podría poner a gente que esté en contra de la eutanasia», añade.

¿Qué dice la proposición de ley de eutanasia del PSOE sobre la Comisión de Control y Evaluación?

Según el texto legislativo tramitado a propuesta del PSOE, existirá una Comisión de Control y Evaluación en cada comunidad autónoma, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. En el artículo 17 del Capítulo V, sobre la creación y composición de esta figura, el proyecto solo señala que cada gobierno autonómico tendrá competencia para crear su propia comisión; solo dependerá del Ministerio de Sanidad en los casos de Ceuta y Melilla.

No especifica, sin embargo, qué perfiles deberían estar incluidos ni cuántos miembros la compondrían. Sí indica que la comisión debe estar constituida a los tres meses tras la entrada en vigor de la ley.

Además, estas comisiones tendrán competencia para crear un reglamento interno sin injerencia del Gobierno central: será elaborado por la propia comisión y autorizado por la administración autonómica—de nuevo, las excepciones son Ceuta y Melilla, cuya norma y autorización de la misma recaerá en el Ministerio de Sanidad—.

Respecto a las funciones, según la propuesta de ley socialista, estas comisiones podrán aprobar o denegar solicitudes. Es decir, si dos médicos —los necesarios, según la ley— aprueban una petición de eutanasia, la comisión podría rechazarla. En este caso, el paciente podría presentar un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Pero también podría suceder al contrario: si dos médicos deniegan la solicitud de eutanasia, el paciente puede recurrir a este órgano, que podría aprobar la solicitud.

Esta sería la «comisión anterior» o «previa». La «posterior», sin embargo, tiene como objetivo «servir como órgano consultivo», «elaborar un informe anual» que será remitido al Ministerio de Sanidad, pero también evaluar el procedimiento llevado a cabo por el médico que ejecuta la eutanasia. Según indica la propuesta, la comisión deberá «verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en la ley».

Si la comisión considera que el médico no ha procedido adecuadamente, «deberá  comunicarlo a la dirección del centro sanitario para que proceda a la  apertura de una investigación». Así, «el centro sanitario deberá poner en conocimiento  de la comisión las conclusiones de la investigación y adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta aplicación de la ley».

¿Y la proposición de ley de Unidos Podemos?

La formación morada proponía en 2017 la creación de una Comisión de Evaluación —no de Control y Evaluación—. Esto suponía un órgano que realizaría una evaluación o análisis posterior, pero este órgano no existiría en los pasos previos a la eutanasia.

Estas comisiones —una por cada comunidad autónoma— dependerían de los servicios regionales de salud y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y no solo de los gobiernos autonómicos, como en la propuesta del PSOE. Además, Unidos Podemos proponía la creación de una Comisión Estatal de Seguimiento, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Respecto a la composición, este proyecto de ley sí especificaba el número de miembros —7—, así como los perfiles:

  • Al menos dos de ellas deberán poseer la licenciatura o el grado en medicina o medicina y cirugía. De ellas, al menos una deberá ejercer la docencia o la investigación en instituciones públicas
  • Al menos tres de ellas deberán ser licenciadas en Derecho, incluyendo a la persona que presida la comisión
  • Al menos un profesional sanitario (de medicina o enfermería) que desarrolle su trabajo en el ámbito de las personas con enfermedades o padecimientos incurables
  • Al menos una persona procedente de organizaciones de la sociedad civil implicadas en la atención de personas con enfermedades o padecimientos incurables

En lo que sí coincide con la propuesta socialista es en que el «reglamento de orden interno» será competencia de cada comisión autonómica. También en las funciones, incluida la de evaluación de la praxis médica. Sin embargo, si la comisión concluye que hay motivos para creer que no se ha ejecutado la eutanasia de acuerdo a la ley, «deberá comunicarlo a la Fiscalía» y no al centro sanitario, como en el caso de la norma propuesta por el PSOE.

¿Cuál es la controversia?

«La comisión anterior o previa es buena para el médico y mala para el paciente», declara el médico de atención primaria Javier Padilla. «Buena para el médico porque le da garantías de que todo se está haciendo correctamente, sobre todo de cara a la comisión de control, la posterior. Pero es ‘mala’ para el paciente por supone más barreras y más burocracia».

Marcos Hourmann, el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia, explica a Newtral.es que «una comisión posterior podría ser un cuestionamiento del médico»: «Creo que eso podría echar para atrás a muchos médicos que estarían a favor de practicarla. Imagínate que luego te van a evaluar unos tipos que han sido puestos por comunidades autónomas gobernadas por partidos que están en contra de la eutanasia», añade.

«La comisión anterior o previa es buena para el médico y mala para el paciente», declara el médico de atención primaria Javier Padilla.

Hourmann muestra «alegría» por que se dé «un paso adelante con esta ley», pero también «preocupación»: «Hay muchos puntos que la propuesta no aclara. Por ejemplo, ¿habrá un psiquiatra que evalúe la capacidad mental del paciente que quiere morir?». Este médico —que fue condenado a un año de cárcel por ayudar a morir a una paciente terminal— señala que «la mayor defensa que tiene el médico que va a ejecutar la eutanasia es el propio paciente»: «¿Qué defensa tengo yo a posteriori?».

Padilla explica que «la comisión posterior no tiene por qué ser menos garantista para el médico si existe una documentación previa muy exhaustiva»: «Cada paso, cada documento, la presencia de los testigos, y los dos médicos que tienen que aprobar y analizar la petición», concluye. Sin embargo, entiende que «la situación es compleja»: «Espero que en la fase de enmiendas se resuelvan cuestiones sobre estas comisiones. Es totalmente legítimo preguntarse cómo va a ser esa Comisión de Control y Evaluación en comunidades como Murcia y Andalucía, donde gobiernan partidos que se han posicionado totalmente en contra del derecho a una muerte digna», añade.

Desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) apuntan a Newtral.es que el de la eutanasia es «un tema muy politizado en el que los médicos abogan por una ley integral de atención al final de la vida».

Antonio Zapatero —presidente de FACME y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada— considera que el debate no debe estar en la ley de eutanasia: «Tengo a mi espalda a 100.000 médicos y te digo que a los médicos no les importa mucho cómo va a ser el desarrollo de la ley de eutanasia, sino la atención al paciente en la fase final de su vida», apunta a Newtral.es. «En mi experiencia hospitalaria no me encuentro con ningún paciente ni ningún médico que me comente que eso [la eutanasia] sea una necesidad».

El apoyo de los médicos a la eutanasia en 2002

Los últimos datos a nivel nacional recabados sobre la opinión de los médicos ante la eutanasia son de 2002. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta para conocer qué pensaban los facultativos sobre regular la eutanasia.

Así, en 2002, un 26,4% de los médicos entrevistados se mostraron de acuerdo con ayudar al paciente a morir si tenían una enfermedad incurable aunque no terminal que les produjese dolor crónico. De este porcentaje, el 17,3% estaba a favor de que el médico «proporcionase una dosis letal de fármaco al paciente para que él mismo pueda acabar con su vida»; y el 9.1% de que fuese «el propio médico quien administrase al paciente una dosis letal de fármaco».

Sin embargo, un 67% de los médicos encuestados se mostró contrario a ayudar a morir a un paciente en esta situación.

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Los apoyos, sin embargo, eran mayores cuando se trataba de un paciente con dolor crónico producido por una enfermedad incurable y, además, terminal. De este modo, según la encuesta, un 43,1% de los médicos estaba a favor: un 21,5%, a favor de que el médico facilitase la dosis letal al paciente; y un 21,6% de que el médico le administrase la dosis directamente al enfermo terminal. Un 50,7% se mostró contrario a esta práctica.

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Casi dos décadas después, aunque no se han realizado encuestas a nivel estatal, sí se han llevado a cabo —entr 2018 y 2019— en cuatro colegios médicos de diferentes ciudades: Madrid, Las Palmas, Vizcaya y Tarragona.

La encuesta realizada en el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) mostró que 7 de cada 10 profesionales están a favor de regular la eutanasia (69,26%). Este porcentaje, indica ICOMEM, «puede verse incrementado si se suma el 17,14% de médicos que están a favor de la regularización aunque no con total seguridad». «Por contra, los colegiados que no están de acuerdo con esta iniciativa representan el 5,94% de los encuestados, a los que habría que sumar otro 3,93% que tampoco dan un no rotundo en la consulta», añade el organismo.

En Vizcaya el dato es similar: según la encuesta realizada, un 68,7% de los médicos del Colegio de Médicos de Vizcaya se mostró a favor de regular la eutanasia. En el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, según indica este organismo en un informe, la encuesta mostró que «el 76% de los médicos, consideran que ‘sí, con total seguridad’ se debe regular la eutanasia, y un 15% que ‘probablemente sí’». En el caso de Las Palmas, el 68,5% se mostró completamente a favor y un 13,4% a favor aunque con dudas.

Por su parte, el médico y presidente de DMD Fernando Marín se muestra «inquieto» ante el «posible sesgo ideológico de las comisiones» en los distintos territorios. Aun así, defiende la comisión posterior como la mejor opción: «En principio, pensamos que, si se abre una investigación a un médico, al final quien te va a juzgar es un juez. Y por eso entendemos que es más garantista que sea el juez quien decida». Sin embargo, entiende que «puede ocurrir que haya profesionales que se sientan menos cómodos» con esta propuesta.

Marín afirma que el control tras la eutanasia «ha funcionado bien en Países Bajos y Bélgica». Pero Hourmann alega que «la situación política en España es diferente a la de estos países».

Países Bajos: ejemplo de comisión posterior

La regulación de Países Bajos ha sido un ejemplo sobre el que se han basado en España para dar forma a la ley, como indica Fernando Marín. Aquí hay una comisión posterior o de evaluación. Sin embargo, esta comisión «es parte del Gobierno central», como indica a Newtral.es Laura De Vito, asesora legal de la asociación holandesa por una muerte digna NVVE.

«En total hay 5 comités, y aunque cada una opere en una administración política y territorial diferente, todas dependen del Gobierno estatal, que es, además, quien recluta a los miembros a través de un procedimiento público. Cada comité tiene un médico, un abogado —que preside el órgano— y un especialista en ética», añade De Vito.

Según esta asesora legal, «la comisión fue creada como un intermediario entre el médico y la Fiscalía del Estado». «Si la Comisión de Evaluación considera que la eutanasia no se ha ejecutado acorde a la ley, es cuando lo comunica a la Fiscalía», apunta De Vito.

Sin embargo, aunque la comisión no se encargue de realizar una evaluación anterior, «hay un médico independiente que supervisa el proceso y que puede dar consejos al médico que va a realizar la eutanasia sobre cómo proceder». Estos consejos por parte del profesional independiente «no son vinculante», apunta Laura De Vito, pero «en la práctica se suelen tener en cuenta».

Apoyo social a la eutanasia

El CIS ha realizado hasta el momento dos encuestas para conocer el apoyo de la ciudadanía a regular la eutanasia. Así, en la encuesta de 2009, un 58,4% de las personas preguntadas se mostró totalmente a favor de esta prática; y un 10,3%, totalmente en contra.

Dos años después, en 2011, el CIS realizó un barómetro sanitario en el que el 78% de los encuestados se mostró a favor de regular la eutanasia y un 9,7%, en contra.

Fuentes consultadas:

  • Fernando Marín, médico y presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)
  • Marcos Hourmann, primer médico en España condenado por practicar la eutanasia
  • Laura De Vito, asesora legal en NVVE (asociación en defensa de la muerte digna de Países Bajos)
  • Javier Padilla, médico de atención primaria y autor de «¿A quién vamos a dejar morir?»
  • Antonio Zapatero, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)
  • Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia de Unidos Podemos (2017)
  • Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia de PSOE (2020)
  • Encuesta «Actitudes y opiniones de los médicos ante la eutanasia» del CIS (2002)
  • Encuesta «Atención a pacientes con enfermedades en fase terminal» del CIS (2009)
  • Barómetro sanitario del CIS (2011)

1 Comentario

  • Yo soy uno que esta a favor de la eutanasia, pero con las máximas garantías de médicos y una comisión de control también lo veo bien, pero solo anterior al hecho, no posterior. Estoy de acuerdo que si son las CC.AA. quienes eligen la composición de dicha comisión no será igual en unas que en otras. Esta comisión debería ser elegida por los colegios médicos, colegios de abogados. Esta claro que esta introducción de una comisión, a priori, retrasa el acto en sí, pero hay que ser muy garantista para proteger los derechos y necesidades del que solicita la eutanasia. Y todo esto lo pondría en funcionamiento siempre que el paciente no estuviera consciente y lo decidiera por su propia voluntad. Si el paciente lo solicita por si mismo y dos médicos certifican que se cumple la NO CURACIÓN y EL SUFRIMIENTO no deberían actuar estos comités, ya que la petición del paciente debe eximir de toda responsabilidad a la decisión de los médicos, o es que las personas nos queremos morir si vemos una pequeña posibilidad de curarnos.
    Me gusta que se escriban cosas sobre este tema que activen las discrepancias y el dialogo entre la sociedad.
    Enhorabuena por el artículo

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