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España no es la única democracia que aún tiene desaparecidos: así está la deuda pendiente con las víctimas
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España no es la única democracia que aún tiene desaparecidos: así está la deuda pendiente con las víctimas

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, argumentó en el Congreso que nuestro país es la única «democracia importante del mundo» que aún tiene «desaparecidos». Analizamos qué otros países afrontan situaciones similares.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, afirmó el pasado 17 de junio en el Congreso que «España es la única democracia importante del mundo que tiene desaparecidos todavía». Lo hacía en respuesta a la diputada Isabel Pozueta (GEH Bildu), que le recriminó que «este Gobierno asumió un compromiso con la democracia y el respeto a la memoria histórica pero sigue sin cumplirlo» y que «el Estado sigue manteniendo los reconocimientos a los funcionarios y autoridades que han cometido violaciones de derechos humanos”.

Desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno señalaron a Newtral.es que la ministra se basó “en informes de asociaciones memorialistas”. En la respuesta no especificaron a qué países en concreto se refería Calvo con el concepto “democracias importantes”, y definirlo resulta imprescindible para poder analizar si la afirmación con la que Calvo compara a nuestro país con otros es falsa o verdadera. En cualquier caso, hemos consultado a expertos y comprobado datos para averiguar si España es la única democracia moderna, de occidente o del ámbito europeo, “que tiene desaparecidos todavía”. 

Javier Chinchón Álvarez, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, interpreta que la afirmación de Carmen Calvo “se refiere más bien a una de tantas carencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007, a la falta de toda actuación oficial respecto a los desaparecidos forzados en España, en el sentido de asumir como un deber propio, una obligación del Estado, la búsqueda de sus restos, su restitución, conocer qué es lo que les ocurrió”.

“Las desapariciones forzadas no son un capítulo cerrado” afirma Anna Dulska, historiadora, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. “Sigue habiendo regímenes o zonas de conflicto armado donde cada día alguien jamás volverá a su casa y su familia nunca sabrá qué ha sido de él o ella. En este punto interpreto las palabras de Carmen Calvo como que ella misma no quiere que se compare a España con sistemas políticos autoritarios o Estados inestables o fallidos. (…) pero hay otros países que siguen buscando a los suyos”. 

Otras democracias con desaparecidos

“Tomemos por ejemplo el genocidio de los armenios de principios del siglo XX, cuya negación constituye uno de los obstáculos importantes en las negociaciones de Turquía para acercarse a la Unión Europea”, destaca la historiadora Anna Dulska. “O el caso del último galardonado con el Nobel de Literatura, el austriaco Peter Handke, conocido por sus declaraciones a favor de los regímenes sanguinarios durante la guerra de Yugoslavia en los años 90, cuya elección reabrió, por suerte sólo por vía mediática y diplomática, las heridas en los Balcanes Occidentales, en pleno proceso de integración euroatlántica”, añade.

“Hasta los años 90 en Polonia no había sido posible hablar de los desaparecidos y víctimas del régimen comunista que habían sido condenados al olvido, siendo los ejemplos más emblemáticos los 22.000 oficiales polacos ejecutados en Katyn en 1940 y los llamados soldados malditos, miembros de la resistencia anticomunista durante y después de la Segunda Guerra Mundial”, explica Dulska. “El Instituto de la Memoria Nacional polaco lleva años trabajando en archivos y posibles lugares de entierro para identificar a los desaparecidos pero la investigación no parece tener fin”, apunta la experta.

[No hay evidencias de que España sea el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya]

“El caso de España es muy complicado pues a diferencia de otros países europeos donde el ‘enemigo’ suele venir de fuera, aquí se trata de un conflicto bélico civil y sus consecuencias posteriores; el verdugo de un lado es víctima del otro y viceversa”, reflexiona Dulska que aunque entiende que “en esta situación el reconocimiento puede plantear dilemas” cree que “el Estado debe encontrar una fórmula de reconciliación que dé cabida a las víctimas de ambos lados. Se trata de una cuestión del interés nacional por encima de los intereses políticos de un gobierno específico”. 

Las desapariciones forzadas hoy

Sin embargo, y como destacan organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) el tema de los desaparecidos no es un tema del pasado lamentablemente. «Ampliamente utilizado por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en todas las regiones del mundo y en una gran diversidad de contextos. Se practican con asiduidad en los conflictos internos, especialmente a manos de gobiernos que intentan reprimir a opositores políticos o de grupos armados de oposición», denuncian desde AI.

Las desapariciones forzadas son un problema grave en muchos países de todas las regiones del mundo: de México a Siria, de Bangladesh a Laos y de Bosnia y Herzegovina a España. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en algunos de los países que más violaciones de derechos humanos cometen. 

En esta misma línea, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja en julio de 2019 y bajo el lema “No están esperando, están buscando” estrenaba ‘Detrás’ un vídeo de apenas dos minutos en forma de campaña de acción con el objetivo de arrojar luz y desterrar falsas ideas sobre el día a día de las familias de los cientos de miles de  desaparecidos en América Latina.

«Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad. En muchos casos nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Con frecuencia sufren tortura, y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten», lamentan desde Amnistía. «Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán».

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor en 2010. Su objetivo es evitar las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando ocurren y garantizar que los supervivientes y las familias de las víctimas obtienen justicia, verdad y reparación y el órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención es el Comité contra la Desaparición Forzada (CED)

La deuda de España con sus desaparecidos

Tras ochenta años buscando a desaparecidos y exhumando víctimas de la Guerra Civil aún queda mucho por hacer. “No hay números oficiales totales concluyentes de desaparecidos en España”, afirma Anna Dulska. Sólo existe un documento oficial, el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2008 y que recogió que en España el número de víctimas de desapariciones forzadas desde el 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendía a 114.226.

Pero en todo caso, esos 114.226 desaparecidos “son estimaciones que inicial y provisionalmente hizo suyas el Juzgado sobre la base de la información que le constaba y había pedido a todos los personados (víctimas y asociaciones de víctimas)”, como explicó a Newtral.es Javier Chinchón Álvarez. “Finalmente, todas las causas judiciales en marcha fueron archivadas y nunca se volvió a reabrir el cómputo”, añade.

Esta es la cifra que da la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), que depende de la Organización de Naciones Unidas en el perfil de España y son los datos que emplea el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que visitó nuestro país entre el 23 al 30 de septiembre de 2013. En ese momento ya denunció “que la búsqueda de personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.

¿En qué punto está España ahora? 

En febrero de 2019 un equipo de once expertos coordinados por el médico forense Francisco Etxeberria redactaba su informe a solicitud de la Dirección General para la Memoria Histórica (Dependiente del Ministerio de Justicia) sobre el estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. 

En él, emplazaban al Estado a intensificar y asumir el liderazgo de las políticas públicas de memoria histórica que permitirían la exhumación de los restos de unas 20.000 ó 25.000 víctimas. “Urge la asunción de un compromiso activo por parte de las autoridades en la investigación de la suerte y el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como en la recuperación de los cuerpos”, dice el documento. 

El informe completo concluye que “entre 2000 y 2018 se exhumaron 740 fosas comunes en diferentes puntos del territorio nacional y se exhumaron más de 9.000 cadáveres, gracias fundamentalmente al impulso de las asociaciones de memoria histórica”. Se trata, en su mayoría, de víctimas civiles enterradas en cunetas, descampados, montes, cementerios (intramuros y extramuros), abandonadas en el terreno de los frentes de guerra o muertas en custodia.

El informe recomienda, entre otras actuaciones, la realización de un censo de víctimas que unifique los datos de los que actualmente disponen las diferentes comunidades autónomas y la puesta en marcha de un proyecto de investigación que conduzca a un registro detallado sobre la localización de las fosas comunes en todo el territorio nacional con la elaboración un nuevo mapa de fosas actualizado. Además, los expertos pedían también al Estado un archivo unificado de los testimonios orales de la Guerra Civil y la Dictadura como fuente histórica de la memoria de sus víctimas.

El Ministerio de Justicia está dando los primeros pasos para cumplir con estas recomendaciones de los expertos y como publicaba en febrero de 2019 “el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha comenzado los trabajos preliminares para coordinar la base de datos nacional de ADN, y desde la Dirección General para la Memoria Histórica se trabaja, en colaboración con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, en un plan de choque para que las exhumaciones se lideren desde las administraciones públicas y puedan ejecutarse en un plazo temporal de una legislatura y media trabajando de forma sistemática”.

La Memoria Histórica de una sociedad

La exhumación y apertura de la fosa de Priaranza del Bierzo en el año 2000 hizo que otras tantas personas viesen la posibilidad de abrir las fosas donde sabían que estaban sus familiares para poder recuperar sus restos. Entonces, por una parte se creó  la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y por otra en 2004, bajo Real Decreto, se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del Franquismo

Sin embargo “no fue hasta el año 2006 cuando las primeras subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo fueron convocadas y así sucesivamente hasta el año 2011”, según refleja el estudio sobre fosas comunes mencionado anteriormente. Este dinero permitió actuar en fosas comunes. Se aprobó la Ley de la Memoria histórica en el 2007 y se publicó un Mapa de Fosas Comunes. Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica “no significó un cambio sustancial en lo que se refiere a la asunción de responsabilidades al respecto por parte del Estado, que de hecho lo derivó a las comunidades autónomas”,  según los expertos del estudio.

¿Qué pensaban los españoles sobre sus desaparecidos en 2008? Como refleja el estudio de estos expertos, en dicho año se realizó una encuesta por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la que por primera y única vez se plantearon cuestiones a la ciudadanía relacionadas con la guerra civil, el franquismo y las fosas comunes. El 50% de las personas opinaban que había que exhumar las fosas y el 84% con cargo al Estado

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