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Es falso que el Gobierno vaya a decretar el estado de excepción, como asegura un audio viral
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Es falso que el Gobierno vaya a decretar el estado de excepción, como asegura un audio viral

Lo confirman a Newtral.es fuentes del ministerio de Defensa. Lo que ha anunciado Sánchez este domingo 22 es la prolongación del estado de alarma por 15 días

Mariscal (Efe)

Nos habéis preguntado por la diferencia entre el estado de alarma, sitio y excepción. La consulta nos ha llegado a través de nuestro servicio de verificación de Whatsapp (+34 682 58 96 64) y nuestros perfiles de redes sociales a partir de un audio en el que un sujeto especula con la aplicación del estado de excepción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En esta nota de voz, la persona  asegura que la implantación de esto se producirá en los próximos días (“el lunes o martes”), que se anunciará con solo 24 hora de antelación y que tendrá una duración de “40 o 50 días. Esto es FALSO a día 22 de marzo de 2020.

Como confirma a Newtral.es el ministerio de Defensa: “Es un bulo. Lo que está claro es lo que diga el presidente y las autoridades en las comparecencias”. 

Partiendo de ello, ningún dirigente ha hecho mención alguna a nada relativo al estado de excepción. De hecho, lo que ha anunciado Pedro Sánchez este domingo es que pedirá al Congreso de los Diputados la extensión del estado de alarma por un plazo de 15 días. 

Además, las condiciones a las que hace referencia al audio no se corresponden con las premisas legales del estado de excepción. En primer lugar, su aprobación no recae en el Gobierno sino en el Congreso de los Diputados, lo que hace muy complicado que su tramitación se pudiera producir en un plazo de 24 horas. Además, la ley contempla que este tenga una duración inicial de 30 días, que podría ser prorrogable si contara con el beneplácito de la Cámara, pero no de “40 o 50” como se asegura en la nota de voz. 

La diferencia con los estados de alarma y de sitio

A partir de este bulo, nos han llegado numerosas consultas sobre la diferencia entre los estados de alarma, sitio y excepción, todos ellos recogidos en la Constitución (artículos 162-165) y desarrollados en la Ley Orgánica 4/1981. 

Esta norma recoge que se contempla su aplicación en “circunstancias extraordinarias” en las que se haga imposible “el mantenimiento de la normalidad” mediante el ejercicio ordinario de las autoridades competentes. Según en lo que consista esta anomalía la ley contempla que se aplique uno u otro. Explicamos la diferencia entre los tres.

Estado de alarma

El estado de alarma se reserva para cuatro supuestos concretos: catástrofes (terremotos, inundaciones o accidentes de gran magnitud), crisis sanitarias (epidemias o episodios de contaminación grave), paralización de servicios públicos esenciales o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

En primera instancia, su aplicación recae en el Gobierno, que lo instaura mediante un Real Decreto por un plazo máximo de 15 días. Este debe informar de las las medidas que adopte al Congreso de los Diputados, del que sí depende la ampliación del periodo en el que pueden aplicarse: si el Ejecutivo quiere prorrogarlo más allá de las dos semanas, tiene que contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. 

Entre las medidas adoptadas como parte de un estado de alarma, se pueden incluir la limitación de la circulación, las requisas temporales de todo tipo de bienes o la intervención de industrias, talleres o locales de cualquier naturaleza, a excepción de domicilios privados, entre otros. 

[Consulta las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez]

Estado de excepción

La Ley Orgánica 4/1981 prevé la posibilidad de instaurar el estado de excepción en aquellos casos en que, habiéndose producido una alteración grave de los derechos y libertades de los ciudadanos, del normal funcionamiento de las instituciones y  servicios públicos esenciales o de cualquier otro aspecto del orden público, el ejercicio del poder ordinario sea “insuficiente” para restablecerlos o mantenerlos.

En este caso, la aprobación para su aplicación depende de la Cámara Baja. El Ejecutivo debe enviar a esta una solicitud en la que concrete las medidas a adoptar, el ámbito territorial y temporal –30 días como máximo– de las mismas y la cuantía máxima de las multas que la Administración impondrá a quienes no las cumplan. 

Asimismo, el Gobierno también deberá concretar los derechos que serán suspendidos como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas. En cualquier caso, tales medidas únicamente pueden afectar a los derechos recogidos en el apartado 1 del artículo 55 de la Constitución, entre ellos: la libertad, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y movimiento, la libertad de expresión y el derecho a la información o el derecho de reunión y huelga. En función de qué derechos se vean afectados temporalmente, la propia ley contempla la forma en que la suspensión debe llevarse a cabo. 

Presentada al Congreso la propuesta, este podrá introducir modificaciones y, una vez aprobada, el Gobierno dictará un Real Decreto con las medidas concretas. Cualquier cambio o ampliación -de 30 días como máximo- que el Ejecutivo quiera hacer de la norma exige de nuevo un trámite ante  la Cámara Baja.

Estado de sitio

Finalmente, el estado de sitio se reserva para los supuestos en que se produzcan o haya amenazas de una “insurrección o acto de fuerza” contra la soberanía e independencia del país, su integridad territorial o su ordenamiento constitucional y esta “no pueda resolverse por otros medios”. 

El Congreso de los Diputados también es en esta ocasión el que debe autorizar al Gobierno para poder declarar tal situación pero, a diferencia que en el estado de excepción, la Constitución establece que, en el caso del estado de sitio, es necesario el beneplácito por la mayoría absoluta de la Cámara. La Carta Magna no recoge un límite temporal para su aplicación y, además de las medidas propias del estado de alarma y excepción, el estado de sitio permite la suspensión temporal de algunas las garantías jurídicas de los detenidos. 

Sin embargo, la mayor diferencia con las otras dos situaciones, radica en el poder que se otorga al Ejército. La ley recoge que el Gobierno designará una “autoridad militar” y que será “bajo su dirección” a través de la que se ejecutarán las diferentes medidas. 

Cuando se declare cualquiera de estos estados -alarma, excepción o sitio- no se podrá disolver el Congreso y, en caso de que la Cámara no se encontrara en un periodo de sesiones, este se convocaría automáticamente. 

Fuentes: 

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