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¿Qué problema hay con las entregas a cuenta que reclaman las autonomías al Gobierno? Preguntas y respuestas
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¿Qué problema hay con las entregas a cuenta que reclaman las autonomías al Gobierno? Preguntas y respuestas

Varias autonomías han reclamado al Ejecutivo en funciones una salida para el bloqueo de las llamadas entregas a cuenta. Cataluña acudirá a los Tribunales. Resolvemos tus dudas sobre esta cuestión.

¿Qué son las entregas a cuenta?

Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite que las Comunidades Autónomas de régimen común (todas, excepto Navarra y País Vasco) reciban anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica. En concreto, el artículo 11 de la Ley 22/2009 establece que “a partir de la entrada en vigor del sistema y, en relación con los recursos constituidos por la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global, las Comunidades Autónomas recibirán, cada año, la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los citados recursos que les sean de aplicación” y que el importe que tienen que recibir se calculará utilizando “las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio que corresponda”.

¿Qué significa esto? Que el Estado hace un cálculo de lo que va a tener que transferir a las comunidades autónomas y va librando estos fondos a lo largo del año a través de las llamadas entregas a cuenta. Cuando se liquida el ejercicio, al cabo de dos años, se hacen cuentas entre las partes y si la diferencia entre el importe liquidado y el entregado a cuenta es a favor de las comunidades, el Estado les hace una nueva aportación. Si es al revés, las comunidades devuelven el importe extra percibido a través de estas entregas a cuenta.

El Ministerio de Hacienda comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que en 2019 estas entregas a cuenta a las 15 comunidades de régimen común ascendieran a 102.920 millones en 2019, un 7,23% más que el año pasado.

¿A qué servicios afectan?

El importe que el Estado entrega a las CCAA a través del sistema de financiación autonómica no tiene un uso específico concreto, sino que las comunidades lo utilizan para cubrir sus necesidades de financiación. Es decir, este importe se destina a pagar competencias autonómicas, como educación o sanidad, a pagar a los empleados públicos de las CCAA y a cumplir el resto de funciones que tienen encomendadas.

¿A cuánto asciende la ‘deuda’?

Las CCAA reclaman a Hacienda 4.500 millones aproximadamente, que es la diferencia entre las entregas a cuenta derivadas de la prórroga de los presupuestos del año 2018 y las entregas que les corresponderían con las estimaciones de ingresos actualizadas.

¿Cómo se resuelve este problema habitualmente?

Hasta ahora no se había dado este problema. Cuando se celebraron las elecciones de 2015, los presupuestos se acababan de aprobar, por lo que en 2016 las entregas a cuenta se hicieron sin ningún problema y, cuando hubo investidura en 2016, se actualizaron las cantidades para 2017. Es decir, que lo que sucede ahora no tiene precedentes.


¿Por qué el gobierno no paga?

Dado que no se aprobó el proyecto de presupuestos de 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez, actualmente siguen en vigor las entregas a cuenta establecidas para 2018. Además, como desde el 28 de abril, el Ejecutivo está en funciones, debe limitar sus actuaciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, por lo que hay dudas sobre si la actualización de las cuantías entra entre las cuestiones que puede tratar un ejecutivo en funciones.

Pero, ¿podría pagar el Gobierno?

El Ejecutivo ha solicitado un informe sobre el tema a la Abogacía del Estado y en él la respuesta es que no. Señala que el Gobierno en funciones debe continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices que pudieran comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno. En sus conclusiones, señala taxativamente que la actualización de las entregas a cuenta excede de lo que significa despacho ordinario del gobierno en funciones.

¿Y si vuelve a haber elecciones?

Puesto que el Gobierno actual continuaría en funciones hasta que hubiera una investidura exitosa, lo que probablemente no sería antes de diciembre de este año o principios de 2020, el importe continuaría siendo el mismo que en 2018. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado en los últimos días que el Gobierno está buscando una solución para poder proceder a la actualización de las cuantías, pero tendría que ser mediante una vía alternativa a la habitual, ya que la Abogacía del Estado niega su pertinencia.


Fuentes:

-Boletín Oficial del Estado
-Ministerio de Hacienda

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