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Drogas, armas «prohibidas» y «faltas de respeto»: cuatro años de ‘Ley Mordaza’
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Drogas, armas «prohibidas» y «faltas de respeto»: cuatro años de ‘Ley Mordaza’

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El pasado 1 de julio se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’. Durante este tiempo, algunas organizaciones como Amnistía Internacional España o Jueces y Juezas para la Democracia han mostrado su rechazo a una normativa que «penaliza y limita tu libertad de expresión», según defiende Amnistía Internacional en su web.

En función de la gravedad del hecho, las multas abarcan desde los 100 euros hasta los 600.000 como cuantía máxima. Según datos del Ministerio de Interior, desde 2015 hasta 2017 (aún no disponen de los resultados de 2018) se han emitido un total de 515.751 sanciones en todo el país, por las que la Administración General del Estado ha recaudado más de 267 millones de euros.

Solo 12 sanciones «muy graves»

La ‘Ley Mordaza’ recoge un total de 44 infracciones que se dividen en muy graves (4), graves (23) y leves (17). Se tratan «conductas que atentan gravemente contra la seguridad ciudadana», pero no tipifican ningún delito, por lo que las sanciones son solo económicas y no pueden llevar a la cárcel.

De las más de medio millón de sanciones que se han impuesto durante los primeros 30 meses de la aplicación de la ley, las tipificadas como «graves» (artículo 36) han sido las más habituales: un total de 459.272 multas. Las siguen las «leves» (artículo 37) con 56.466 sanciones y las «muy graves» (artículo 35) de las que solo se han realizado 12 infracciones.

El volumen de infracciones «muy graves» representa un ínfimo 0,002% del total. Estas sanciones castigan la manifestaciones «no convocadas», «la utilización de armas no reglamentarias», la celebración de espectáculos con previa «prohibición o suspensión por la autoridad pertinente» y apuntar con «un haz de luz» a pilotos y conductores.

Entre todos los artículos, hay tres infracciones que no han sido apercibidas ni en cinco ocasiones. La que recoge el apartado 35.02, en referencia a utilización de armas con licencia, solo se ha aplicado en dos ocasiones (una en 2017 y otra en 2016). Solo en cuatro ocasiones han impuesto una multa en aplicación del artículo 36.07 que sanciona la «negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones», el mismo número que las registradas por el artículo 36.22, que hace referencia al «incumplimiento de las restricciones» durante la navegación con «embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras».

El reparto de multas por CCAA


Sobre el total de las multas, Andalucía es la región que acumula un mayor número de sanciones (162.584) entre julio de 2015 y 2017. También es la que más ha aportado a la recaudación: Andalucía es el origen del 33% de todo el dinero percibido, seguida de Comunidad Valenciana (11%) y Canarias (8,47%).

Aunque la comunidad autónoma que acumula un mayor número de multas por cada 1.000 habitantes es La Rioja. Con un total de 7.532 sanciones, la proporción asciende hasta las 24,04 multas por cada 1.000 residentes. Le siguen de cerca Canarias (23) y Cantabria (22,08). La lista la cierran Navarra (5,37), Murcia (3,35) y en último lugar el País Vasco, que durante el periodo datado tiene una proporción de 0,48 multas por cada 1.000 habitantes.

Las drogas, en cabeza

De entre las 44 tipificaciones, hay tres infracciones que destacan sobre el resto: el artículo 36.16 (respecto al consumo de drogas), el artículo 36.10 (respecto a la tenencia de armas «prohibidas») y el artículo 37.04 (que castiga las faltas de respeto a los agentes de los cuerpos policiales). Entre las tres suman 452.958 multas en 30 meses. Es decir, representan el 87,78% de todas las sanciones impuestas.

La infracción más habitual entre los españoles es la tipificada en el artículo 36.16. Se establece como incumplimiento «grave» el consumo o tenencia ilícita de «drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas». Además, también se incluye «el abandono de instrumentos y otros efectos empleados» para el proceso.

En el periodo 2015-17 se impusieron 352.928 multas en España en aplicación de este artículo, lo que representa el 68,4% del total de sanciones. El número de infracciones por el consumo de droga en la vía pública ha aumentado anualmente desde la implantación de la ley. En 2017 se sancionaron 156.981 infracciones de este tipo. Ese mismo año, la Administración del Estado recaudó un total de 102 millones de euros solo por este artículo, un cifra muy superior a la recaudación en 2016 por este mismo motivo, que apenas superó los 60 millones.

La única comunidad autónoma de la que el Ministerio de Interior no aporta datos es de Cataluña, que dispone de una ley homóloga (Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana) que se compone exactamente de los mismos artículos y sanciones.

Armas «prohibidas»

La segunda infracción más frecuente de la lista es la recogida en el artículo 36.10, en el que se sanciona el hecho de «portar, exhibir o usar armas prohibidas» o  de «modo negligente». También aclara que se procederá a través de una sanción administrativa siempre y cuando «dichas conductas no constituyan una infracción penal».

En total, se han impuesto 50.881 multas durante el periodo 2015-2017. Aunque 2016 es el año que acumula mayor número de sanciones, fue en 2017 cundo se recaudó más dinero en la aplicación de este artículo: 12 millones de euros.

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«Faltas de respeto» a la autoridad

El podio lo cierra la infracción en aplicación del artículo 37.04 que recoge como incumplimiento «las faltas de respeto»  a «un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones» con 49.149 infracciones cometidas.

Como en el primer caso, entre 2016 y 2017 hubo un aumento del número de multas impuestas. En el último año registrado, fueron 21.122 las sanciones con una recaudación de poco más de 3 millones de euros.

Andalucía, líder en dos de tres

Según los datos del Ministerio de Interior cruzados con el censo del INE, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de sanciones por cada 1.000 habitantes en dos de las tres infracciones que hemos recogido. Ambos casos con cifras muy parecidas: por «faltas de respeto» se imponen 0,82 multas por cada 1.000 personas, mientras que por posesión de armas «prohibidas» el ratio es de 0,84.

Los números de Andalucía tienen un gran margen respeto a las autonomías que ocupan los puestos segundo y tercero. Son Castilla y León (0,57) y Comunidad Valenciana (0,28) en la aplicación del artículo 36.10; y Castilla y León (0,62) y Madrid y Comunidad Valenciana (ambos 0,40) respecto al artículo 37.04.

El liderazgo cambia en cuestión al consumo o la tenencia de estupefacientes, ya que la comunidad autónoma con mayor proporción de sanciones es Aragón. En 2017, aplicaron el artículo 36.16 en 8,57 casos por cada mil  habitantes. A Aragón le siguen, sin acercarse, Andalucía con un ratio de 6,36, y Valencia con 4,29.

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