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El Congreso ha derogado este martes el decreto ley de medidas sobre vivienda para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. La norma ha sido rechazada por 166 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG, CCa y Compromís), 177 en contra (PP, Vox, Junts y UPN) y las cinco abstenciones de los diputados del PNV.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha anunciado que el Gobierno va a llevar este decreto ley a la Cámara Baja “las veces que hagan falta”, según recoge la Agencia EFE. Además, desde la perspectiva de Bustinduy, la derecha no ha esgrimido “un solo argumento real para votar en contra” y que lo ha hecho por “tacticismo” y “cerrazón ideológica”.
Presión en la calle. Frente a la sede nacional del PP en Madrid, cientos de personas secundaron este domingo una convocatoria para reivindicar el derecho a una vivienda digna antes de que, probablemente, decaiga el decreto en la Cámara Baja.
Sin acuerdo con Junts. El ministro de Derechos Sociales, señaló este lunes en La Hora de La 1 de TVE que el acuerdo con los de Puigdemont era “perfectamente viable”. Según Bustinduy, los catalanes habían pedido el IVA franquiciado para los autónomos –la exención del IVA para este tipo de trabajadores “que facturan por debajo de un determinado umbral”–.
Puntos clave del decreto ley de medidas en materia de vivienda
Moratoria en el alquiler. El decreto ley establece una prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler de vivienda habitual que concluyan entre el pasado 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
- Previa solicitud. El propietario de la vivienda está “obligado” a aceptar esta prórroga, siempre y cuando el inquilino lo haya solicitado. Se mantienen los mismos términos y condiciones del contrato inicial.
- Excepciones. Este aplazamiento no es aplicable si las partes llegan a un nuevo acuerdo, si firman un contrato nuevo o si el propietario ha comunicado formalmente que necesita recuperar la vivienda para uso propio.
- Titubeo del PSOE. El ministro Bustinduy ha sido el principal impulsor de la prórroga, una medida que Sumar negoció sin éxito con el PSOE a finales del año pasado. Los socialistas mostraron reticencias a aceptarla por “motivos jurídicos y políticos”, según recoge la Agencia EFE. No obstante, las dudas se suavizaron ante la guerra en Irán.
Tope a la subida anual. Los inquilinos podrán negociar con el propietario de la vivienda limitar de forma temporal la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, si la tienen pendiente entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
- Gran tenedor. Si el arrendador es considerado un ‘gran tenedor’ –titular de más de diez viviendas o cinco en áreas tensionadas–, se fija un límite del 2% en la actualización anual de la renta.
- Pequeño propietario. En este caso, el incremento será el que pacten libremente ambas partes. El aumento no podrá ser superior al 2% si no se llega a un acuerdo.
Se traslada el problema a los propietarios: las posturas en contra de PP y Junts
El Gobierno como “protección”. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, indicó en el programa Parlamento de RNE que las medidas del decreto ley en materia de vivienda “no funcionan”. Para Muñoz, la responsabilidad de pagar la protección de los inquilinos y de las personas vulnerables recae en el Estado, no en los propietarios.
Menos impuestos. Junts rechaza la norma y propone una alternativa basada en bajadas de impuestos como “plan de choque” para la vivienda, como una deducción fiscal del 15% en el IRPF por alquiler o por hipoteca de vivienda habitual. Desde la perspectiva de la formación catalana, el decreto ley traslada el problema a los propietarios y no soluciona el problema estructural.
(*) Este artículo ha sido actualizado para añadir el resultado de la última votación en el Congreso.
