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De incomparecencias y actos de “desobediencia civil”
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De incomparecencias y actos de “desobediencia civil”

El president de la Generalitat, Quim Torra, baraja no presentarse al juicio por no retirar los lazos amarillos, al tiempo que ha pedido la recusación del ponente del TSJC e invoca la “desobediencia civil” como respuesta al fallo del ‘procés’.El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha convocado para el 25 y 26 de septiembre el juicio contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia a la Junta Electoral (JEC) al no retirar los lazos amarillos y otros símbolos independentistas durante la campaña electoral. Y Torra ha abierto la puerta a la posibilidad de no comparecer, en señal de resistencia. 

No ir sería poner de manifiesto que te has de plantar. Cuando hablamos de confrontación democrática, ¿de qué hablamos? De que nos plantamos ante un Estado autoritario y represivo”, dijo Torra en una entrevista en El Punt Avui este sábado. La fecha de la vista coincide con el Debate de Política General en el Parlament que marca el inicio de curso político catalán tras las vacaciones de verano. La Fiscalía rechazó cambiar las fechas al considerar que no se trataba de una causa de “fuerza mayor”, como había solicitado el president en protesta por las “prisas” y la “celeridad interesada” del TSJC para juzgarle.

¿Por qué es importante?

Torra cuestiona la separación de poderes y la imparcialidad de los magistrados que le juzgarán, porque según advierte en la entrevista, ya se declararon públicamente a favor de la aplicación del artículo 155 o de retirar lazos amarillos. Y considera que la decisión ya está tomada: “Esto sigue un camino que inevitablemente va a terminar con la inhabilitación”. Por eso, Torra solicitó este lunes al TSJC la recusación de su presidente, Jesús María Barrientos. Torra se enfrenta a la petición fiscal de un año y ocho meses de inhabilitación.

¿Cuál es el contexto?

El tribunal que juzgará a Torra está conformado por el presidente Barrientos, la ponente será la magistrada que ordenó impedir el 1-O, Mercedes Armas, y el juez Joaquín Elías, adscrito al área de refuerzo. “Lo que se exige de un juez es que la misma (opinión) no se haga pública sin esperar las consecuencias legales porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar”, argumentaba Torra en el escrito.

El president, representado por el abogado Gonzalo Boye, se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para señalar que la opinión de Barrientos “desbordó la esfera institucional”. Y enumera que el magistrado ha criticado en público la presencia de lazos amarillos en señal de solidaridad con los político presos, contra las banderas esteladas y que llegó a abandonar un acto en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, denunció la existencia de presos políticos. ERC ha trasladado su “apoyo explícito” a Torra en la solicitud de la recusación de Barrientos.

¿Qué hay que tener en cuenta?

No supone ninguna novedad decir que el otoño de 2019 en Cataluña encadenará decisiones judiciales y gestos políticos. A la Diada del 11 de septiembre, que Torra presenta como una movilización a la manera pacífica de Hong Kong, habrá que sumar la respuesta –aún en negociación entre los partidos independentistas- que darán los partidarios de la autodeterminación a la sentencia del procés

Se espera que el Tribunal Supremo dicte el fallo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017 antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años de prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium Cultural y ANC respectivamente. Otra fecha a recordar es la del 14 de octubre, cuando está previsto que resuelva el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien fue elegido como europarlamentario en las elecciones del 26 de mayo.

#Fact 

En la apertura del año judicial, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo han enviado este lunes un mensaje a los líderes independentistas que llaman a no acatar la sentencia. El mantra de Torra ha sido la “desobediencia civil” si la sentencia no es absolutoria, aunque no ha explicado en qué consistirían esas acciones. La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha advertido que la decisión del alto tribunal que “todos” los ciudadanos tiene “la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma”. También el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido respeto y ha elogiado a los magistrados del procés liderados por Manuel Marchena, porque es un caso que representa el “paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días” sobre los pilares de la “responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos”.


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