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CGPJ, Defensor del Pueblo, RTVE… asignaturas pendientes del desbloqueo político
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CGPJ, Defensor del Pueblo, RTVE… asignaturas pendientes del desbloqueo político

La parálisis institucional de los últimos años y el fin del bipartidismo han complicado la renovación de los puestos que dependen del Congreso y el Senado, llevando a una situación de bloqueo inédita 

 

Por muy diferentes que sean sus funciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración de RTVE y la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen algo en común: están a la espera de que llegue el consenso parlamentario.

Desde hace más o menos tiempo, las Cortes deberían haber renovado estos órganos -formados por dirigentes con un mandato limitado– pero el embotamiento político desde el 2015 lo ha impedido. De hecho, de las siete grandes modificaciones que tenían que haberse hecho a partir de las elecciones del 20 de diciembre de ese año, solo se ha realizado una. El resto, o han terminado en fracaso o ni se han planteado públicamente.

En cualquier caso, la interinidad en la que se encuentran quienes permanecen en el puesto a la espera de ser renovados no se puede entender de la misma manera que la del Gobierno tras la celebración de elecciones.

Consejo General del Poder Judicial

Tiempo de retraso: un año y dos meses

El CGPJ está formado por 20 vocales y un presidente, que ostenta a su vez la presidencia del Tribunal Supremo y es elegido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El Congreso y el Senado son los encargados de elegir a los vocales, asumiendo cada Cámara la designación de diez miembros: seis entre magistrados y jueces en activo y cuatro “entre juristas de reconocida competencia”. Para que la votación salga adelante es necesaria una mayoría de tres quintos, es decir, el sí de 210 diputados y de 159 senadores.

La última vez que esto ocurrió fue en noviembre de 2013 y, dado que el mandato de los vocales dura cinco años, estos deberían haber sido renovados en 2018, pero no ocurrió. PP y PSOE llegaron a un acuerdo que se fue al traste con la renuncia de Manuel Marchena a presidir el CGPJ: “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política”, aseguraba en un comunicado recogido por Europa Press

Esto no es, sin embargo, algo nuevo en este órgano: de las seis veces que se ha renovado el CGPJ desde 1980, en tres se hizo con retraso (1996, 2008 y ahora, que sigue sin renovarse).

Tribunal Constitucional 

Tiempo de retraso: dos meses en los elegidos por el Congreso

El TC también depende en parte de las Cortes, pues ocho de sus doce miembros son elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado. Los cuatro restantes los designan por parejas el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.

Con independencia de quién les elija, la Constitución establece que los magistrados deben ser elegidos entre “juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional” y que su mandato dura nueve años. Sin embargo, la renovación de los doce miembros no se produce de una vez, sino que estos se sustituyen “por terceras partes cada tres [años]”. Así, los cambios van por tandas: los del Gobierno y el CGPJ, los del Senado y los del Congreso. 

De todos ellos, los únicos que ejercen ahora su mandato “en prórroga” son los de la Cámara baja: el presidente (Juan José González Rivas), la vicepresidenta (Encarna Roca) y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, elegidos en 2012. Fuentes del TC consultadas por Newtral.es explican que, aunque todavía no ha expirado su “mandato constitucional”, sí lo ha hecho el “mandato legal”

Esta duplicidad se debe a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del 2010, por la que se incorporó un supuesto: “Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”. Así, aunque estos cuatro integrantes fueron designados casi un año y medio después de que terminara el mandato de los anteriores, su tiempo comenzó ‘a correr’ en noviembre de 2010 y, terminó nueve años después, en 2019.

Los cuatro integrantes dependientes del Senado fueron elegidos en 2017 y los del Gobierno y el CGPJ en 2013.

Defensor del Pueblo

Tiempo de retraso: dos años y medio

El Defensor del Pueblo es el cargo al que la Constitución señala como protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. En este sentido, le otorga el cargo de “Alto Comisionado de las Cortes Generales” y, como tal, es el Congreso el encargo de elegirlo por una mayoría de tres quintos. 

Su mandato dura cinco años, pero no se ha producido ninguna designación desde 2012. O lo que es lo mismo, hace dos años y medio que debería haber sido renovado. Soledad Becerril fue la última persona que logró el consenso, pero dejó el puesto cuando terminó el tiempo para el que fue elegida. Tras su renuncia, ocupa el puesto de forma interina Francisco Fernández Marugán, hasta entonces adjunto de Becerril. 

Es llamativo que, de los seis nombramientos del Defensor del Pueblo hasta ahora, cuatro se han hecho ‘fuera de plazo’. Eso sí, ninguno tanto como el actual.

Consejo de Administración de RTVE

Tiempo de retraso: un años y siete meses 

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 terminaba el mandato del Consejo de Administración de RTVE elegido por el PP. Los populares en 2012 cambiaron la norma de 2006 para que este no tuviera que ser respaldado por una mayoría cualificada de las Cortes sino por una absoluta (con la que contaba en esos momentos).

Así, una de las primeras decisiones que tomó el presidente socialista fue retomar el método de elección de los consejeros y el presidente de RTVE impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero: una mayoría de dos tercios. Además, lo establecía como paso previo a una nueva designación mediante un concurso público. 

Ante la incapacidad de las Cortes de lograr un consenso, el Gobierno nombró en julio de 2018 a Rosa María Mateo como “administradora provisional única” con el respaldo de una mayoría absoluta. Cesado el anterior Consejo de Administración, estaba previsto que Mateo estuviera al frente de RTVE solo hasta que se eligiera a los nuevos consejeros. 

Sin embargo, un año y siete meses después el concurso público permanece paralizado por las impugnaciones de algunos de los participantes que quedaron excluidos del proceso, y que todavía no han sido resueltas. 

La parálisis parlamentaria de 2019, en el que las Cortes han permanecido varios meses disueltas, tampoco ha ayudado en esta renovación. Aun con la nueva legislatura en marcha, esta se plantea muy difícil de desatascar jurídica y parlamentariamente. Esta semana, Rosa María Mateo ha puesto su cargo a disposición del Ejecutivo

Tribunal de Cuentas

Tiempo de retraso: dos años en el caso de un consejero elegido por el Senado

La Constitución establece que el “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado (…) dependerá directamente de las Cortes Generales”. Congreso y Senado eligen cada uno a seis consejeros por una mayoría de tres quintos y durante un periodo de nueve años

Dado que fueron designados en 2012, su mandato continúa hasta 2021. La única excepción se da con Lluís Armet i Coma, consejero elegido por el Senado que renunció al cargo en 2018 y que, como confirman fuentes del Tribunal de Cuentas, todavía no ha sido repuesto

Presidencia del Consejo de Transparencia

Tiempo de retraso: dos años y dos meses 

El Congreso también tiene la última palabra respecto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En primer lugar, la comisión de Hacienda debe refrendar por mayoría absoluta al candidato a la presidencia que proponga el Gobierno. Su mandato dura cinco años y fue en 2014 cuando se eligió a Ester Arizmendi. Aunque su periodo hubiera terminado en 2019, el puesto se quedó vacante tras su fallecimiento en 2017. Desde entonces no se ha logrado elegir un sustituto y, hasta que esto ocurra, ocupa el cargo de forma interina el subdirector, Javier Amorós.

En paralelo, Congreso y Senado eligen entre sus miembros a un vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, respectivamente. En su caso, si pierden la condición de diputado o senador, cesan en el cargo, algo que ocurrió dos veces el año pasado con la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones del 28-A y el 10-N. En estos momentos, estas dos plazas siguen sin ocupar tras los comicios de noviembre, como confirma el Consejo de Transparencia a Newtral.es. 

Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos

El cargo del presidente de la AEPD y su adjunto también deben contar con el visto bueno del Congreso a través de la Comisión Constitucional. Como en el caso de quien está al frente del Consejo de Transparencia, la propuesta del Gobierno debe ser avalada, en última instancia, por la mayoría absoluta de la comisión y su mandato dura cinco años. 

La actual directora de la AEPD, María del Mar España, fue nombrada en julio de 2015, cuando el PP todavía contaba con mayoría absoluta en la Cámara. A mediados de este 2020, el Congreso deberá afrontar su renovación. Una más de todas las que tiene pendientes.

Fuentes: 

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