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La decisión de que el comisionista Víctor de Aldama no cumpla pena de prisión tras la sentencia del conocido como ‘caso Koldo’ ha generado debate, también en el plano político; su situación se ha llegado a comparar con la del denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas.
¿Qué tienen en común (y qué no) ambos casos?
Claves de la suspensión de pena de Aldama
Reacciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ironizaba sobre la sentencia en X: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso”. “Le ha salido a cuenta. Qué exitazo”, insistía en otro post donde compartía una noticia sobre Aldama.
- También la portavoz socialista Montse Mínguez replicaba: “¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Sinceramente, cuesta entenderlo”.
Contexto. El Tribunal Supremo ha condenado a Aldama a una pena de cuatro años y seis meses de prisión que, sin embargo, ha decidido suspender por su “colaboración con la justicia”, por su “aportación al descubrimiento de los delitos” juzgados y a condición de que no vuelva a delinquir. También le obliga a comparecer cada semana y a hacer trabajos comunitarios.
Esto no quiere decir que Aldama sea inocente ni implica un “perdón judicial”, como explicamos aquí y matiza el propio tribunal (páginas 25 y 26), que “declara probado” que realizó “conductas de corrupción a autoridades y funcionarios públicos”. De hecho, en su condena incluye los delitos de organización criminal y cohecho.
- Por su parte, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han sido condenados a 24 y 19 años de prisión, respectivamente; una diferencia con respecto a Aldama que los socialistas también critican.
Hemeroteca. Aunque ahora cuestiona esta suspensión de pena a Aldama por colaborar con la justicia, el Gobierno llegó a defender su indulto parcial al exconcejal del PP José Luis Peñas, denunciante del caso Gürtel, por haber ayudado a “destapar” la trama, en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
- Él mismo anunció la aprobación de este perdón en octubre de 2024, asegurando que “quien colabora con la justicia para perseguir el delito tiene todo el apoyo del Gobierno”.
- “[Peñas] fue clave y fundamental para poder destapar el mayor caso de corrupción que ha tenido la democracia española (…) con este indulto demostramos que colaborar con la justicia se reconoce y apoya por parte de este Gobierno”, insistía.
Diferencias entre ambos casos
A Peñas se le acabó condenando a cinco años y tres meses de prisión (nueve meses más que a Aldama) por varios delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con atenuante de confesión, además de a varios años de inhabilitación.
- La Audiencia Nacional consideró que Peñas había “colaborado de forma esencial en la investigación, exponiendo el modo de operar del grupo liderado por Francisco Correa” (página 176, último archivo).
- El exconcejal del PP de Majadahonda aportó en su denuncia grabaciones que él había hecho de algunas de las conversaciones que mantuvo con los líderes de la trama. Es lo que dio origen al proceso judicial.
- En las distintas instancias estas pruebas se tomaron en consideración y la justicia entendió que eran válidas y lícitas (1 y 2).
El indulto. El Gobierno de Sánchez le concedió el indulto en 2024, pero solo por la parte de la inhabilitación; la Audiencia Nacional suspendió su entrada en la cárcel, según recogieron medios como Civio o El País.
Lo hizo porque sus penas por separado no superaban los dos años y por su “esfuerzo reparador” al ir aportando las cantidades económicas que la justicia le reclamaba, como apuntaba Europa Press.
- El propio Supremo apoyó la concesión del indulto parcial en relación a la inhabilitación porque entendía que, para él, “significaría la pérdida de su trabajo” y una “aflicción desmedida e innecesaria”.
A Aldama también se le exime ahora de entrar en la cárcel por haber colaborado en la investigación, aunque lo ha hecho una vez iniciada (no la ha propiciado, como sí lo hizo Peñas).
- El Supremo reconoce en su sentencia la aportación por parte del comisionista de “datos e información relevante sobre la constitución, dimensión y desarrollo de las actividades de la organización criminal” juzgada (páginas 22 y 23).
- Una “colaboración especialmente decisiva para avanzar en muchos aspectos de la investigación” que también “ha propiciado y favorecido otras investigaciones”, concluye el tribunal.
