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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para aumentar la financiación de la dependencia. Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia.
Al ser un real decreto ley, la norma tendrá que ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha indicado que se destinarán más de 6.200 millones de euros nuevos a financiar la dependencia durante este año y el que viene. También ha subrayado que se tratará de una “financiación estructural”, pues el presupuesto seguirá aumentando en los próximos años.
- Con esta financiación, el ministro de Derechos Sociales ha señalado como objetivo reducir las listas de espera, en las que este mayo se encontraban 265.503 personas, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Además quieren garantizar “más y mejores cuidados” y mejorar las condiciones de quienes cuidan.
Cómo es el decreto ley que aumenta la financiación en dependencia
Según ha explicado Bustinduy, las comunidades autónomas pasarán a percibir a partir del próximo 1 de julio más dinero por cada uno de los 1,6 millones de beneficiarios de la ley.
Grado I. Serán 90 euros mensuales por cada persona valorada como grado I frente a los actuales 76 euros, incrementándose un 18,4%.
Grado II. Las personas que tengan reconocido un grado II de dependencia pasarán a percibir al mes el doble que ahora, es decir, 260 euros.
Grado III. Por cada individuo con un grado III, el “más complejo”, se les dará 660 euros mensuales, un 128% más que los 290 euros actuales.
El ministro ha considerado que está inversión económica asentará “las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de la mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía”.
En esta línea, Bustinduy ha afirmado que “no solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas”.
- El aumento económico llega durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de un proyecto de ley que reforma la norma de derechos de las personas con discapacidad y de personas en situación de dependencia.
