El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha esta semana dos anteproyectos de ley, uno de ellos con carácter orgánico, para transponer una normativa europea relativa a la protección de periodistas y agentes sociales ante acciones judiciales abusivas.
- Esta es una medida que forma parte del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno, una iniciativa con 31 medidas aprobada por el Ejecutivo en septiembre de 2024.
El anteproyecto. Uno de los textos prevé modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir en ella nuevas garantías y defensas procesales y la ley de cooperación jurídica internacional en materia civil para que se pueda rechazar el reconocimiento de sentencias extranjeras que provengan de este tipo de acoso judicial.
- Intervención de terceros. Se permite que las asociaciones o sindicatos defiendan al demandado o aporten información a los jueces.
- Exigencia de caución. El juez podrá obligar a quien pone la demanda a depositar una fianza para cubrir los posibles gastos del juicio e incluso los daños causados a la víctima.
- Desestimación temprana. Se da a los jueces la capacidad de archivar o rechazar la demanda en las primeras fases del proceso, si se entiende que esta es infundada.
- Medidas correctivas. Si un juez considera que la demanda se ha realizado con la intención de silenciar a la víctima, se podrán imponer sanciones al demandante como pagar las costas o indemnizar a la víctima por los daños causados.
- Bloqueo de sentencias extranjeras. Se propone que no se puedan aplicar ni reconocer en España sentencias de terceros países que sean fruto de este tipo de demandas abusivas.
El anteproyecto de ley orgánica. El segundo de los anteproyectos planteados por Justicia prevé modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear un foro de competencia judicial internacional, entre otros:
- Foro especial. Se modifica la norma del poder judicial para dar competencias a los tribunales españoles ante demandas estratégicas que se hayan originado en terceros países.
- Derecho a reclamar daños y costas. Se prevé permitir a cualquier persona (física o jurídica) en España que reclame ante la justicia cualquier indemnización por daños o el pago de las costas judiciales si están sufriendo demandas abusivas de parte de un país de fuera de la UE. La víctima no tendrá que esperar a que el proceso en el extranjero termine para poder exigir esta compensación en España.
Desde Europa. Los textos impulsados por Justicia prevén transponer la directiva europea anti slapp, un texto de 2024 que plantea proteger a periodistas, activistas y organizaciones ciudadanas frente a demandas judiciales abusivas que busquen la intimidación de quienes informan sobre asuntos de interés público.
- Esta directiva tiene como fecha límite para transponerse a la legislación nacional hasta el próximo 7 de mayo.
Otra normativa relacionada. En octubre de 2025 el PSOE registró una proposición de ley en el Congreso en el que se proponen medidas distintas pero que también hacen referencia a esta directiva y a la protección frente a las acciones judiciales abusivas.
- El texto, actualmente a la espera de ser tomado en consideración, plantea derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos eliminando el artículo 525 del Código Penal y crear una nueva causa para apartar a jueces por falta de imparcialidad modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial.
