La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado todavía a su legislación las recientes normas comunitarias sobre la protección de los trabajadores frente a la exposición al plomo y a los diisocianatos –sustancias peligrosas que pueden causar enfermedades respiratorias–.
Fuera de plazo. Desde Europa indican que España “no ha notificado plenamente las medidas de transposición” de la Directiva (UE) 2024/869, pues el plazo máximo para incluirla a nuestro ordenamiento jurídico venció el pasado 9 de abril.
Qué establece la directiva europea
La directiva actualiza la normativa europea sobre la protección de los trabajadores frente a sustancias carcinógenas y tóxicas para la reproducción. Para ello, reduce los límites de exposición profesional al plomo –de 0,15 miligramos por metro cúbico a 0,03 mg/m3–.
Además, se determinan por primera vez límites de exposición obligatorios para los diisocianatos, utilizados en poliuretanos, pinturas y adhesivos. Como “no es científicamente posible determinar niveles por debajo de los cuales la exposición a los diisocianatos no provoque efectos adversos para la salud”, se fija un valor límite de corta y de larga duración para estos agentes químicos.
España, con más casos de infracción abiertos en la UE
España es el país de la Unión Europea con más casos de infracción activos por no transponer directivas, por transponerlas pero no hacerlo de manera completa o de forma adecuada, o por no comunicar las medidas de transposición, con 103 casos, según los datos del portal de infracciones de la Comisión Europea.
[Consulta las normas europeas pendientes de transponer]
Con sanciones financieras. España cuenta con dos casos de infracción con sanciones financieras abiertos: uno por transponer de forma incorrecta la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y otro sobre la transposición incompleta de la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y de los cuidadores.
Los países, obligados a cumplir con el derecho comunitario
España, como Estado miembro de la Unión Europea, debe incorporar a su legislación aquellas directivas europeas aprobadas por las instituciones comunitarias. En el caso de no transponer una norma de este tipo, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de infracción y elevar un recurso contra nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El proceso comienza con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades de España en la que se detallan las deficiencias detectadas: el incumplimiento de la directiva sobre la protección frente a la exposición al plomo, en este caso.
Y ¿ahora qué? El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece un plazo de dos meses para que el Gobierno complete la transposición de las nuevas reglas al derecho nacional y, después, lo comunique a Bruselas.
Cuáles son las sanciones que se contemplan si no se cumple con la directiva
Si persiste el incumplimiento, la Comisión Europea podrá interponer un expediente mediante el envío de un dictamen motivado, que exige corregir una infracción y sirve como un ‘ultimátum’ previo a una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sanciones económicas. Si el TJUE también observa la infracción y España no acata la sentencia de la Comisión Europea –transponer la directiva sobre la exposición al plomo–, el juzgado puede imponer “el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva” –sanción impuesta por un acto administrativo previo que ha incumplido reiteradamente–.
- El TJUE penó a España en febrero de 2021 con 15 millones de euros por no haber adoptado a tiempo las medidas necesarias para transponer la directiva europea sobre protección de datos personales.
