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Sentencias del TJUE y del TC coinciden: la “zona de tránsito” de un aeropuerto está bajo la jurisdicción del país
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Sentencias del TJUE y del TC coinciden: la “zona de tránsito” de un aeropuerto está bajo la jurisdicción del país

El encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez, a la que la UE impide entrar y transitar por la eurozona, ha provocado una polémica sobre si la zona internacional de tránsito aeroportuaria existe o es una “ficción jurídica”

Sáshenka Gutiérrez (Efe)

El encuentro en Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre quien pesa una restricción para entrar o transitar por Europa, ha suscitado distintas versiones y sembrado la duda sobre la zona internacional del aeropuerto, sobre si se rige o no por la jurisdicción española, qué parte lo es y qué parte no, y de si la zona utilizada por los viajeros para hacer escala en las conexiones internacionales es “territorio español”.

Incluso, Ábalos respondió en El Objetivo que «una escala no es territorio español» y precisó que Rodríguez «estuvo en el espacio que la policía considera que es frontera».

Aunque no existe un marco legal que asiente que la zona internacional de los aeropuertos antes del control de seguridad fronterizo está dentro de la jurisdicción de un país, la jurisprudencia ha respaldado en varias ocasiones que sí lo es y que, por tanto, debe responder ante las leyes de ese país. Te explicamos cuál es la diferencia de esos espacios y cómo se ha aplicado la ley otras veces.

Una ‘ficción jurídica’

Los expertos se refieren a la zona internacional de tránsito como una “ficción jurídica”, como explica Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz, en su artículo Las zonas internacionales o zonas de tránsito de los aeropuertos, ficción liminar fronteriza.

El origen del debate es que muchos, como Ábalos, consideran que el espacio de tránsito “no se trata de territorio estatal para las personas, por no haber cruzado éstas el control de entrada o salida de frontera”, como señala Del Valle, que advierte que, por ese motivo, algunos estados consideran que no es parte del país, “a pesar de la evidencia del hecho de que estas zonas se encuentran en el territorio soberano del Estado y bajo su jurisdicción territorial y personal”.

A diferencia de otros espacios en el aeropuerto, el área que abarca desde la bajada del avión hasta el control de seguridad fronterizo tiene sus propias normas. De ahí la confusión.

José María Viñals, experto en Comercio Internacional y Sanciones del despacho Squire Patton Boggs, explica a Newtral.es que “a efectos migratorios [la zona de tránsito] no es España porque no hace falta una visa para entrar, pero a todos los efectos es territorio español. Por ejemplo, si hay un robo en ese tránsito es responsabilidad del Estado atenderlo, o si hay un tipo de infracción, también, pero, por ejemplo, a nivel de impuestos no se aplica el IVA”.

Raúl C. Cancio, letrado del Tribunal Supremo, también opina que es un error pensar que estos espacios no son parte del territorio, como recogió en su columna Ya es definitivo: las zonas internacionales de tránsito no son un limbo jurídico. “El mayor problema que genera esta construcción jurídica es la configuración de espacios terrestres interiores de borroso estatuto extraterritorial, cuando sin embargo no debería haber duda alguna de que las zonas de tránsito se encuentran dentro del territorio del Estado y, por consiguiente, bajo su plena jurisdicción soberana”.

Jurisprudencia contundente

En cualquier caso, la jurisprudencia se ha mostrado a favor de considerar esa zona del aeropuerto como parte de la jurisdicción del país en el que se ubica.

En una sentencia de 2017 sobre el caso C-17/16, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que “los aeropuertos de los Estados miembros forman parte del territorio de la Unión, que el Reglamento no excluye la aplicabilidad de la obligación de declaración en las zonas internacionales de tránsito de dichos aeropuertos y que ninguna disposición de los Tratados excluye estas zonas del ámbito de aplicación territorial del Derecho de la Unión ni prevé ninguna excepción relativa a ellas”.

Otros dictámenes también han reafirmado estas decisiones. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la Sentencia de 25 de junio de 1996, en la que consideró que “aunque los demandantes no se encontraban [técnicamente, de conformidad con la legislación interna] en Francia, durante su retención en la zona internacional del aeropuerto de Orly en París se encontraban sujetos a la legislación francesa”

Lo mismo señaló el Tribunal Constitucional de España en el Auto 55/1996, de 6 de marzo, al señalar que “no cabe, sin embargo, deducir que la llamada ‘zona internacional’ del aeropuerto, donde se encontraban los demandantes, no sea territorio español. Tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española, tal y como declaran los arts. 1, 3, 42 y 47 de la Ley sobre Navegación Aérea, de 1960, y los arts. 1, 2, 10 y 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944, y ratificado por España en 1969”.

Sanción de entrada y tránsito

Delcy Rodríguez fue incluida en la lista de personas sujetas a sanción el 25 de junio de 2018. Junto a ella, figuran otras 24 personas responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos en Venezuela, como se recoge en la Decisión 2018/901 del Consejo de la Unión Europea.

En el artículo 6 del decreto original (Decisión 2017/2074) se establece que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”. Es más, la restricción también incluye el tránsito por el espacio aéreo, como se recoge en el artículo 20.

Cumplir con el acuerdo de la UE

Aunque la portavoz comunitaria de Exteriores, Virginie Battu, señaló que la UE no evaluará si España infringió el acuerdo, “la interpretación uniforme y consistente y la ejecución efectiva de las medidas restrictivas es un elemento fundamental para garantizar su eficacia para alcanzar los objetivos políticos previstos”, como recoge el Consejo de la UE.

La UE también establece que los países tienen la obligación de informar sobre “problemas de incumplimiento y aplicación” de las sanciones, en caso de que las haya, como se explica en las Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas.

No hay orden de detención

En unas declaraciones a la prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que sobre ella pesa una orden de detención, pero esto no es así. La sanción impuesta por la Unión Europea se limita a prohibir su entrada o tránsito por la eurozona, como señala el decreto en su artículo 6.

Fuentes:

  • Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
  • DECISIÓN (PESC) 2017/2074 DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2017 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
  • DECISIÓN (PESC) 2018/901 DEL CONSEJO de 25 de junio de 2018 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
  • Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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