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Sentencia ERE: 6 años de cárcel para Griñán; Chaves, inhabilitado durante 9 años
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Sentencia ERE: 6 años de cárcel para Griñán; Chaves, inhabilitado durante 9 años

La Audiencia de Sevilla condena a José Antonio Griñán por malversación y prevaricación y a Manuel Chaves por prevaricación

Fotos: EFE y Junta de Andalucía. Montaje: Newtral

Un año después de que terminara el juicio, se ha conocido la sentencia del caso ERE, una causa de corrupción de la Junta de Andalucía en su etapa socialista. La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y dos días e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación. Por su parte, Manuel Chaves, también expresidente, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.

El Tribunal los considera responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza mantuvo durante 10 años para beneficiar a empresas en crisis. Los jueces creen que Chaves conoció y permitió el sistema de subvenciones irregular. «Era plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó», recoge la sentencia.

En el caso de Griñán, determina que mientras fue consejero andaluz de Economía, era conocedor de que los fondos se utilizaban «con fines ajenos al fin público al que estaban destinados» y de los informes de la Junta que alertaban de que estas ayudas se daban de forma arbitraria. En total, se ha juzgado a 21 personas: junto a Chaves y Griñán están procesados seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus Gobiernos.

Entre estos también está la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez que ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada. La sentencia, que se ha hecho pública este martes, supone la causa política del Caso ERE. Así, aún quedan por juzgarse otras 187 diligencias en las que se investiga a cada empresa subvencionada. La sentencia no es firme, por lo que admitirá recurso ante el Tribunal Supremo.

[Aquí pueden verse todas las condenas]

19 condenados

De los 21 acusados, 19 han sido condenados y 2 absueltos. La Audiencia de Sevilla ha decidido absolver a Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, al que se acusaba de prevaricación y de malversación por el que la Fiscalía pedía 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años. También a Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, al que se acusaba de prevaricación y se pedían 10 años.

Condenados por un delito continuado de malversación y prevaricación:

  • Antonio Fernández, exconsejero de Empleo. Condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día
  • Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día
  • Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación. Condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día
  • Juan Márquez, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día
  • José Antonio Viera, exconsejero de Empleo: 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día
  • Agustín Barberá. El exviceconsejero de Empleo está condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día
  • Miguel Ángel Serrano, exdirector general de IFA/IDEA. Condenado a 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y un día
  • Carmen Martínez Aguado, exconsejera y exviceconsejera de Economía y Hacienda, condenada a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días
  • Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación. Condenado a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días

Condenados por un delito continuado de prevaricación:

  • Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia. Condenado a 9 años de inhabilitación especial
  • Magdalena Álvarez, Eeconsejera de Economía y Hacienda: 9 años de inhabilitación especial
  • José Salguero, exviceconsejero de Economía y Hacienda, condenado a 9 años de inhabilitación especial
  • Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos, condenado a 9 años de inhabilitación especial
  • Javier Aguado, exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo. Condenado a 9 años de inhabilitación especial
  • Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo. Condenado a 9 años de inhabilitación especial
  • Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo, condenada a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial
  • Jacinto Cañete, Exdirector general de IDEA. Condenado a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial

¿Qué es el caso ERE?

El caso ERE investiga las ayudas concedidas por parte de la Junta de Andalucía en su etapa socialista a empresas en crisis entre los años 2001 y 2011. Estas subvenciones tenían como finalidad otorgar ayudas sociolaborales a trabajadores que se veían afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Con el fondo que se creó para las ayudas se buscaba actuar rápido para dar soporte los trabajadores despedidos. Por ello se recurrió a las transferencias de financiación, que consistían en traspasos de fondos desde la Consejería de Empleo mediante un procedimiento administrativo ágil. Se crea en los presupuestos de Andalucía una partida, la 31L, conocida luego como «fondo de reptiles», un dinero destinado, a subvencionar empresas con dificultades o con EREs y potenciar prejubilaciones.

La Fiscalía Anticorrupción cuantificó en 680 millones el «montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía»

En julio de 2001, la Junta decide que esos millones de la partida 31L los gestione una empresa externa: el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), llamado luego agencia IDEA. En la práctica, lo que suponía es que el interventor general de la Junta no tenía control alguno sobre ese dinero. Es por ello por lo que estos procedimientos se han calificado en el juicio de opacos y discrecionales.

Así, las ayudas las recibieron miles de trabajadores de forma legal, pero también se detectó la existencia de «intrusos»: personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas o no tenían derecho a los beneficios. La Junta calcula que estos llegan a los 196. Las subvenciones del caso ERE se tramitaron a través de los sindicatos CC.OO. y UGT, además de por medio de empresas, aseguradoras y consejerías.

La Fiscalía Anticorrupción cuantificó en 680 millones el «montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía» sobre los que asegura que «ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos, porque ningún control ha habido». Hasta julio de 2018, el último balance realizado, la Administración autonómica estimó que solo se habían recuperado 6,7 millones del total.

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