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Lo que hay que saber del caso ERE antes de la sentencia
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Lo que hay que saber del caso ERE antes de la sentencia

La sentencia contra la gran causa contra la corrupción por los 680 millones de euros desviados en ayudas a empresas que afecta a la Junta de Andalucía durante los años 2001-2011 se conocerá un año después de terminado el juicio

Flickr José Antonio Griñan

El caso ERE de la Junta de Andalucía, la gran causa contra la corrupción que afecta al gobierno andaluz en la etapa socialista, es una de las mayores instruidas en España por el número de investigados -unos 300- y por el volumen de dinero público que presuntamente se desvió. Se estima que se trata de unos 680 millones de euros.

El martes 19 de noviembre la Audiencia Provincial de Sevilla dictará sentencia, un año después de que terminara un juicio que contó con 152 sesiones y se desarrolló desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 17 de diciembre de 2018. La sentencia, que estará firmada por el juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles, tendrá 1.700 páginas y se hará conocer a las partes a mediodía.

¿En qué consiste el caso ERE?

El caso ERE investiga las ayudas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre los años 2001 y 2011. Estas subvenciones tenían como finalidad otorgar ayudas sociolaborales a trabajadores que se veían afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Con el fondo que se creó para las ayudas se buscaba actuar rápido para dar soporte los trabajadores despedidos. Por ello se recurrió a las transferencias de financiación, que consistían en traspasos de fondos desde la Consejería de Empleo mediante un procedimiento administrativo ágil. Se crea en los presupuestos de Andalucía una partida, la 31L, conocida luego como «fondo de reptiles», un dinero destinado, a subvencionar empresas con dificultades o con EREs y potenciar prejubilaciones.

En julio de 2001, la Junta decide que esos millones de la partida 31L los gestione una empresa externa: el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), llamado luego agencia IDEA. En la práctica, lo que suponía es que el interventor general de la Junta no tenía control alguno sobre ese dinero. Es por ello por lo que estos procedimientos se han calificado en el juicio de opacos y discrecionales.

Así, las ayudas las recibieron miles de trabajadores de forma legal, pero también se detectó la existencia de «intrusos»: personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas o no tenían derecho a los beneficios. La Junta calcula que estos llegan a los 196. Las subvenciones del caso ERE se tramitaron a través de los sindicatos CC.OO. y UGT, además de por medio de empresas, aseguradoras y consejerías.

En un principio se descartó el enriquecimiento ilícito de los dirigentes andaluces socialistas o del propio partido. Sin embargo, sí se investiga si las empresas beneficiadas se seleccionaban con intereses electorales y por razones de amistad o de afinidad política.

¿A quién se juzga y qué hechos se imputan?

El Tribunal estudia delitos de malversación y prevaricación. La Sala se centra en investigar si el sistema con el que otorgaba las ayudas la Junta se corrompió debido al abuso de algunos altos cargos o si el propio sistema era corrupto en sí. En total se juzga a 21 personas, entre las que están los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con ellos están procesados seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus Gobiernos.

El abanico de peticiones de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción va desde los 10 años de inhabilitación hasta los ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito continuado de malversación. La Fiscalía pide condenas por prevaricación para los 21 ex altos cargos enjuiciados y malversación para 14 de ellos.

Manuel Chaves | Flickr PSOE Extremadura

Así, 10 personas se enfrentan a la petición de pena más alta: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo; José Antonio Viera, exconsejero de Empleo; Antonio Fernández, exviceconsejero y exconsejero de Empleo; Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo; Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación; Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA-IDEA; Javier Aguado Hinojal, ex secretario general de Trabajo y Empleo y Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Empleo.

Por su parte, el expresidente José Antonio Griñán se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación, mientras que para el también expresdente Manuel Chaves se piden 10 años de inhabilitación.

¿Cuánto se calcula que ha costado?

Durante los diez años que se analizan y se calcula que duró la trama, la Junta de Andalucía distribuyó dinero público con un sistema ilícito de ayudas. La Fiscalía Anticorrupción cuantificó en 680 millones el «montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía» sobre los que asegura que «ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos, porque ningún control ha habido». Hasta julio de 2018, el último balance realizado, la Administración autonómica estimó que solo se habían recuperado 6,7 millones del total.

¿Qué ocurre tras la sentencia?

Dictamine lo que dictamine la sentencia, esta no es firme, por lo que admitirá recurso ante el Tribunal Supremo. Además, quedarán por juzgarse otras 187 diligencias en las que se investiga a cada empresa subvencionada.

El Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que en caso de que la sentencia sea condenatoria para Chaves o Griñán dimita, al igual que éste hizo con Mariano Rajoy al exigir su marcha por el caso Gürtel.

1 Comentario

  • Quieren ayudar en este pais a los trabajadores,dejen el dinero en la empresas y ellas se encargaran de mover el dinero en beneficio de la economia y productividad y el aumento del salario.
    Cuanto mas dinero tenga el estado peor,mas despilfarro,mas deficit,mas corrupcion,no saben y no les interesan economizar como lo hacemos el resto de los ciudadanos y familias,perderian muchos privilegios por hacer poco o nada muchos jetas.

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