El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 trabaja en un proyecto de orden ministerial que prevé regular los límites de cobalto permitidos en juguetes infantiles y que transpone una directiva europea relacionada con esta sustancia.
La propuesta. Puesto que el cobalto es una sustancia peligrosa, clasificada como cancerígena (posible o probablemente cancerígena, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), mutágena (que puede inducir mutaciones hereditarias) o tóxica para la reproducción, la nueva norma prohíbe su uso general en la fabricación de juguetes. Se permite en tres casos concretos en los que estudios científicos han comprobado que no supone un riesgo para los menores:
- Juguetes de acero inoxidable. Se permite que haya cobalto como impureza del níquel que se utiliza para fabricar piezas de acero inoxidable en juguetes.
- Componentes eléctricos. También puede estar presente en piezas internas de juguetes que sirven específicamente para conducir la corriente eléctrica.
- Determinados imanes. Se permite usar cobalto para fabricar determinados imanes de neodimio para juguetes, con la condición obligatoria de que el diseño del juguete garantice que el niño no pueda tragarse ni inhalar el imán.
Entrada en vigor. Estas nuevas reglas entrarán en vigor, siendo obligatorias para todos los juguetes que se comercialicen en la Unión Europea, a partir del 29 de agosto de 2026.
Desde Europa. El texto hace referencia a transponer una directiva europea de este año sobre la seguridad de los juguetes para añadir como excepciones los tres casos concretos en los que el cobalto estará permitido en juguetes.
- En plazo. La fecha límite para que los Estados miembros transpongan esta directiva cumple el próximo 29 de julio y un mes después entra en vigor y se hace obligatorio su cumplimiento.
Una orden. Puesto que se trata de una orden ministerial, el texto no tendrá que someterse al visto bueno del Congreso.
- La iniciativa, actualmente en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 7 de mayo, pasará posteriormente a anunciarse en un Consejo de Ministros y a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pasos con los que habrá terminado su tramitación.
