El 23 de marzo, el Gobierno puso en marcha nuevas medidas para el suministro de datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias, que las comunidades autónomas estaban obligadas a seguir. En un informe interno del que se han hecho eco varios medios y que ha podido consultar Newtral.es, el propio Ministerio de Sanidad reconoce los fallos de su sistema.
En primer lugar, la información está incompleta. En el documento, el Ministerio reconoce que una de las comunidades no llegó a dar información. Algunas lo hicieron fuera de plazo o con menor periodicidad de la exigida. Según el informe, dos comunidades informaron una única vez en los casi cuatro meses que estuvieron en vigor las medidas.
Además, la calidad de los datos se vio afectada por diversos problemas: fechas que no cuadraban, ausencia de causas de fallecimientos, errores y discrepancias… Tanto como para que la difusión de la información resultante fuera problemática.
En el documento se hace referencia a una cifra de 27.350 muertos en residencias hasta el 20 de junio, de los cuales 9.830 tenían síntomas de COVID-19, pero cuyo contagio no se llegó a confirmar. Pese a todo, el Ministerio de Sanidad destaca el «gran esfuerzo» por parte de las regiones y reconoce que la plataforma que habilitó para el registro es «poco amigable».
Sin datos detallados y de calidad
La mala calidad de los datos, concluye Sanidad en su informe, ha dificultado su difusión. Y por eso de cara al futuro sería deseable «contar con un Sistema de Información fiable, accesible, sustentable, transparente, comparable e interoperable que responda a recomendaciones europeas (ECDC)».
Mientras tanto, y con nuevos brotes de coronavirus en España, el Gobierno sigue sin tener datos de calidad. Newtral intentó conseguirlos preguntando a todas las Comunidades Autónomas por los centros en los que habían fallecido los ancianos víctimas del coronavirus. Solo seis comunidades facilitaron el desglose de las residencias con fallecidos, aunque estas cifras solo incluyen al 4,9% de las víctimas.
En la rueda de prensa del lunes, los periodistas preguntaron directamente a Fernando Simón por el número de fallecidos en residencias de mayores. «No soy la persona más adecuada para responder a esa pregunta”, contestó el director del CAES, que subrayó que su labora es la de “interpretar los datos facilitados por las CCAA”.
Cifras «inconsistentes»
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reaccionado al informe del Ministerio. En una comunicación pública han lamentado que «los centros residenciales de los servicios sociales no sólo sufrieran el abandono del sistema sanitario público, sino además del propio Ministerio de Sanidad».
«Es incomprensible que, a estas alturas, pasadas las emergencias del principio, todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada que permita la realización de estudios de los centros para poder poner en pie un relato objetivo y certero de lo que ha pasado y poder proponer medidas a tomar», apuntan los gerentes sociales.
La asociación propone a una serie de medidas urgentes de cara a un posible rebrote en otoño. Por ejemplo, la monitorización de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y un seguimiento unificado para todo el Estado. O establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes.
Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, manifestó a principios de junio en El Objetivo su preocupación por el efecto del desconfinamiento en las residencias de mayores: «Nosotros no tenemos oxígeno ni respiradores ni EPIs y, sin todas estas herramientas no podemos tirar para adelante en esta desescalada ni afrontar un segundo rebrote».
Ahora, sobre los datos del coronavirus en las residencias, Pascual explica a Newtral que «el problema es el mismo de siempre: se cogió teóricamente un mando único, pero el Gobierno de España no puso ningún sistema para recopilar datos». Reconoce que en el momento de crisis hubo «un poco de abandono» y apunta a cuestiones que se podían haber hecho mejor, sobre todo en el ámbito de la prevención.
En cuanto a la diferencia entre las residencias públicas y las privadas, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas asegura que «el COVID-19 no entiende de titularidad».
Es facil recabar la informacion de dichos centros por via judicial relacion de los internos al dia 10 de marzo de 2020 y otra relacion al 30 de junio de 2020, comprobando las mismas con los familiares de los mismos, que no la envian la informcion obstruccion a la justicia y se abre juicio oral y que apechugen por no saber donde estan.