Reino Unido sale de la UE: ¿Qué cambiará con el Brexit?

Tras varios años de tira y afloja con el Brexit, el 31 de enero de 2020 el Reino Unido dejó de ser un Estado miembro de la Unión Europea. Después de muchas reuniones, la Comisión Europea ha lamentado la decisión pero ha asegurado que la «respeta» y ha anunciado cómo funcionará la separación. Pese a que esta separación es ya un hecho, se ha establecido un periodo transitorio para hacer la salida menos abrupta y llevar a cabo las negociaciones entre el país anglosajón y la Unión, ya que aún no se conoce qué relación o tratado habrá entre ambos.

La idea de este periodo de transición es mantener la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos y comerciantes mientra dura la incertidumbre. Eso sí, el Reino Unido ya no estará representado en las instituciones europeas y hay por delante decisiones como la forma de calcular las obligaciones financieras del país o cuándo terminará el periodo de transición.

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¿Cuál es el calendario del Brexit?

El 31 de enero de 2020 a medianoche el Reino Unido salió de la Unión Europea, y en ese momento comenzó el periodo transitorio hasta el 31 de diciembre. El 1 de julio de este año el país anglosajón y la UE decidieron que esta fecha se mantuviese. Sin embargo, a mediados de diciembre, el acuerdo para cerrar completamente el proceso sigue estando abierto y la última sesión plenaria del año en Bruselas se acerca sin un texto final que ratificar.

«Extender el periodo de transición requiere una aportación financiera apropiada por parte del Reino Unido al presupuesto de la UE que estará decidido por el comité conjuntamente», se ha adelantado en el Acuerdo de Retirada por si se produjera la ampliación del plazo.

¿Qué es el periodo de transición y qué ocurre en él?

El periodo de transición es una etapa limitada que comienza el 1 de febrero, una vez que el Reino Unido ya esté fuera de la UE. Durante este tiempo y hasta al menos el 31 de diciembre de 2020 —fecha que se puede ampliar—, la situación se mantendrá prácticamente igual que antes mientras se van llevando a cabo las negociaciones.

Durante este periodo la situación permanecerá «sin cambios para los ciudadanos, los consumidores, las empresas, los inversores, los estudiantes y los investigadores» tanto en la Unión Europea como en Reino Unido, según publica en un documento la Comisión Europea.

Donde sí que habrá un cambio será en las instituciones europeas, en las que el país anglosajón ya no estará representado. «El Reino Unido dejará de estar representado en las instituciones, agencias, órganos y oficinas de la UE, pero el Derecho de la UE seguirá aplicándose en el Reino Unido hasta el final del período transitorio», explican en el texto.

El periodo transitorio, que está pensado para «dar tiempo a las administraciones, los negocios y los ciudadanos a adaptarse», durará al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, si no se amplía el plazo, algo que puede hacerse solo una vez y puede ser durante un año o incluso dos años. «Permitirá a la UE y a Reino Unido tener tiempo para negociar una relación futura», comentan en el Acuerdo de Retirada.

¿En qué consiste el Acuerdo de Retirada?

El Acuerdo de Retirada establece las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y ofrece seguridad jurídica una vez que los tratados y el derecho de la Unión Europea dejen de aplicarse a Reino Unido, que activó en 2017 el artículo 50 del Tratado de Lisboa para poder salir de la UE.

Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE)

1) Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

2) El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE)

Así, el Acuerdo de Retirada permite continuar con el proceso del brexit de manera ordenada y garantizando los derechos de los ciudadanos de ambos territorios. Este consta de 185 artículos divididos en seis partes en los que también se recoge un acuerdo financiero que garantiza que Reino Unido y la Unión Europea cumplirán todas sus obligaciones pendientes bajo el derecho de la Unión y establece la contribución de Reino Unido a los presupuestos de los años 2019 y 2020.

En el caso de que se extendiera el periodo transitorio más allá del año 2020 Reino Unido «deberá realizar una contribución adicional al presupuesto de la Unión Europea». Además, el acuerdo cuenta con tres protocolos adicionales en los que se tratan particularmente las situaciones de Gibraltar, Irlanda y las zonas de soberanía de Reino Unido en Chipre.

¿Se puede viajar a Reino Unido como hasta ahora o se necesita un visado?

Durante el periodo de transición se puede viajar a Reino Unido como hasta ahora: sin necesidad de visado. Es decir, no se necesitará ningún tipo de permiso especial ni documentación adicional, al menos durante todo 2020, y es posible que hasta dos años más allá de esta fecha si el periodo transitorio se amplía.

Así, el DNI se va a poder seguir usando para viajar entre España y el Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que haya cambios, a partir de 2021 o más tarde, estos «se notificarán con tiempo suficiente», según explica el Gobierno de Reino Unido. Por otra parte, los españoles que estén registrados como residentes en el Reino Unido podrán seguir usando su DNI al menos hasta 2025.

¿Se puede vivir y trabajar libremente en Reino Unido?

Según explican las instituciones europeas, el Acuerdo de Retirada «protege a los ciudadanos de la UE que residan en el Reino Unido y a los nacionales británicos que residan en uno de los veintisiete Estados miembros de la UE». Esta protección se extiende incluso tras el final del período transitorio.

El acuerdo «salvaguarda el derecho a residir y continuar sus actividades actuales a más de tres millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido, y más de un millón de ciudadanos del Reino Unido en los países de la UE», explica la Comisión Europea. Es decir, los ciudadanos de la Unión y los nacionales británicos «podrán seguir viviendo, trabajando o estudiando en el país de acogida como lo hacen actualmente» y «bajo las mismas condiciones esenciales».

Además, se subraya la prohibición de cualquier discriminación por razón de nacionalidad y del derecho a la igualdad de trato respecto a los nacionales del Estado de acogida. «Las condiciones esenciales de la residencia son y seguirán siendo las mismas que en virtud de la legislación actual de la UE sobre la libre circulación de personas», destacan.

¿Qué se ha acordado con Gibraltar?

El protocolo sobre Gibraltar es uno de los tres protocolos adicionales que se han acordado para territorios con una situación especial. Este, en concreto «prevé una estrecha cooperación entre España y el Reino Unido en lo que atañe al Peñón sobre la aplicación de las disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos en virtud del Acuerdo de Retirada y que se refiere a la cooperación administrativa entre las autoridades competentes en una serie de ámbitos», según recoge la Comisión Europea.

En las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017 se establece que «ningún acuerdo entre la Unión y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido». Es decir, los acuerdos separados entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar «requerirán la previa aprobación de España».

Según el protocolo sobre Gibraltar, se garantizará los derechos de los trabajadores frenterizos de este territorio

Además del Protocolo sobre Gibraltar, España ha concluido un paquete de acuerdos bilaterales con Reino Unido sobre Gibraltar, formado por varios «memorandos de entendimiento» sobre derechos de los ciudadanos, tabaco, medio ambiente y cooperación policial, aduanera y un acuerdo internacional sobre fiscalidad. Este último sienta las bases para la cooperación administrativa entre las autoridades competentes para lograr la plena transparencia en materia fiscal, la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de dinero.

Por otra parte, en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, se sientan las bases de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes para la aplicación del Acuerdo de Retirada en relación con las personas que viven en la zona de Gibraltar. Entre otras medidas, se garantizará los derechos de los trabajadores del Campo de Gibraltar, incluyendo sus beneficios sociales, que disfrutarán en igualdad de condiciones que los locales conforme al principio de no discriminación.

Por su parte, en la página de La Moncloa, el Gobierno recuerda que «Gibraltar no es parte integrante de Reino Unido; es una colonia británica en territorio español». Así, España «reclama que este territorio le sea reintegrado», según publica en la web, y «sostiene plenamente» lo dispuesto por las Naciones Unidas en la cuestión. Para la ONU, recogen, Gibraltar es un «territorio no autónomo pendiente de descolonización». Además, señala que esta descolonización «debe ser llevada a cabo mediante negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido«, como viene recomendando «desde 1965».

¿Qué ha ocurrido con Irlanda?

El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte incluye «todas las disposiciones relativas al funcionamiento del llamado mecanismo de protección para impedir que se cree una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte», explica la Comisión.

En el acuerdo que intentó impulsar la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pero que fue rechazado, uno de los principales escollos fue el tema de la frontera irlandesa. La polémica fue entre Irlanda —república independiente que forma parte de la UE —, e Irlanda del Norte, que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforma Reino Unido.

[¿Cómo piensa Reino Unido evitar una frontera dura con Irlanda?]

May quiso evitar que se situara una frontera dura entre las dos Irlandas con una política que se definió como «salvaguarda irlandesa» o backstop. Esta implicaría mantener temporalmente a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único en caso de que en diciembre de 2020 no hubiera un acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido.

En el texto que finalmente acordó el actual primer ministro Boris Johnson con la UE [que se puede consultar aquí, en inglés], este tema queda resuelto después de que hayan cedido las partes implicadas: la UE aceptó suprimir el backstop y reemplazarlo «por un nuevo enfoque» que prevé que Irlanda del Norte siga alineada con ciertas normas del mercado único europeo (aquí cede Londres) pero forme parte del territorio aduanero del Reino Unido (cesión de Bruselas).

El acuerdo de octubre de Europa y Reino Unido solucionaba la polémica de la frontera con Irlanda del Norte, como se puede leer en este artículo

Así, los controles a los bienes se efectuarán en los puertos de entrada a Gran Bretaña y no en la frontera entre las dos Irlandas. Para los productos de consumo inmediato que crucen Reino Unido y estén destinados a quedarse en Irlanda no se aplicarán las tarifas comunitarias.

«Irlanda del Norte seguirá formando parte del territorio aduanero del Reino Unido. Ninguna disposición del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte impide que el Reino Unido incluya a Irlanda del Norte en el ámbito territorial de cualesquiera acuerdos de libre comercio que pueda celebrar en el futuro, siempre que dichos acuerdos no perjudiquen la aplicación del Protocolo», incide la Comisión Europea.

Esto significa que Irlanda del Norte podría seguir acogiéndose a futuros acuerdos de libre comercio del Reino Unido, sobre, por ejemplo, servicios e inversiones, pero también para que sus mercancías puedan acceder a mercados de terceros países. Irlanda del Norte podrá beneficiarse de la importación de mercancías si no existe el riesgo de que estas entren en el mercado único de la UE, ya sea como mercancías por sí mismas o después de haber sido objeto de tratamiento comercial.

«Para evitar una frontera física en la isla de Irlanda y proteger, al mismo tiempo, la integridad del mercado único, las normas de la UE sobre el IVA aplicables a las mercancías seguirán vigentes en Irlanda del Norte», explica el documento de la Comisión.