Newtral
Te explicamos en qué consiste la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público
Siguiente

Te explicamos en qué consiste la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público

El Congreso ha convalidado una reforma que permite a los contratistas suscribir contratos menores sin límite, siempre que justifiquen que no están fraccionando un contrato mayor.

Nadia Calviño y Teresa Ribera | Congreso

El pasado 5 de febrero se publicó en el BOE un decreto-ley que incorporaba a la normativa española diversas medidas para cumplir con directivas de la Unión Europea. Entre las modificaciones, se hicieron algunos cambios en la Ley de Contratos del Sector Público que han llamado la atención de algunos juristas. El decreto-ley se convalidó ayer en el Congreso.

El polémico cambio corresponde a la eliminación de un párrafo del artículo 118, relativo a los contratos menores. En declaraciones a Vozpópuli, José María Gimeno Feliu, director del Observatorio de la Contratación Pública lo ha llegado a calificar como “un paso atrás en la lucha contra la corrupción”. Te explicamos en qué ha consistido esta reforma.

¿Qué dice el artículo 118?

La ley define los contratos menores como aquellos con un valor inferior a 40.000 euros si son contratos de obras, o de 15.000 cuando son de suministro o servicios. La norma exige la emisión de un informe que justifique la necesidad del contrato y que especifique que no se está alterando su finalidad para evitar superar esos umbrales económicos.

Es decir, el informe debe aclarar que el contratista no está fraccionando un contrato grande en varios menores (algo prohibido en la misma ley), ya que la tramitación de estos es más simple. Si el ente público no puede celebrar un contrato menor, tampoco puede otorgar su concesión de forma directa. Estaría obligado por ley a licitarlo, algo que, además de dilatar los plazos, permite la competencia de otras empresas.

Además de la emisión de este informe, existía un mecanismo para evitar el fraccionamiento de contratos que es, de hecho, el que se ha eliminado de este artículo: una vez superados los umbrales de 15.000 o 40.000 euros no se podía firmar contratos con la misma empresa. 

Una situación que, sin embargo, se ha incumplido en numerosas ocasiones por parte de las administraciones públicas. Civio cifra en 6.500 las adjudicaciones que no respetaron esta norma en los siete primeros meses de 2019.

¿Por qué se ha modificado?

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño explicó ayer en el Congreso que el cambio en este artículo responde a las advertencias de la Junta Consultiva de Contratos del Estado, que calificaban de “desproporcionada” la forma en que se recogía este asunto en la ley.

Calviño comentó que la modificación también se pedía desde entidades locales de ayuntamientos pequeños, donde el número de posibles contratistas es más reducido. «Algo que se hizo pensando en evitar prácticas ilegales de fraccionamiento está en la práctica causando problemas técnicos», advirtió la vicepresidenta.

Ley de Contratos del Sector Público
Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero | Fuente: Congreso

Ximena Lazo, profesora titular de Derecho administrativo de la Universidad de Alcalá, ha argumentado a Newtral.es que «cuando se redactó esta ley, se hizo de una manera muy mejorable». Lazo explica a qué se referían las advertencias de la Junta Consultiva de Contratos del Estado que mencionaba Calviño: el apartado generaba confusión hasta entre los propios juristas. Las diferentes juntas autonómicas elaboraron unos informes para interpretar a qué se refería el artículo que ahora se ha modificado, pero cada una lo entendía de una manera distinta.

El precedente en ciencia e innovación

En realidad, la reforma recién aprobada ha extendido con carácter general una excepción que se hizo en febrero de 2019 para los contratos celebrados por entidades dedicadas a ciencia e innovación.

Según ha explicado a Newtral.es Joaquín Sarrión, investigador Ramón y Cajal en la UNED y experto en Derecho público, «en el entorno universitario los umbrales previstos se superaban fácilmente porque no siempre quedaba claro quién era la entidad contratante. Es decir, si había que considerar como agente contratante al propio centro o, por el contrario a los departamentos, las facultades o los propios proyectos de investigación».

Sarrión también está de acuerdo en que la redacción del artículo 118 planteaba mucha inseguridad jurídica. «En el caso de las universidades, por ejemplo, uno de los servicios que se contratan es la publicación de un libro. Si dentro de unos meses se quiere publicar otro, es un servicio distinto. No es una situación en la que haya intencionalidad de fraccionar».

¿Qué consecuencias tiene?

La convalidación de la reforma se produjo con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos, y las abstenciones del resto de grupos a excepción del voto en contra del PP y de Vox. Los populares esgrimieron que el cambio en la norma suponía un «fraude de ley» que abrirá las puertas a la corrupción.

En realidad, lo que permite la modificación de este decreto-ley es la posibilidad de que un mismo contratista suscriba contratos menores con un ente público superando los umbrales mencionados anteriormente, pero sigue exigiéndose la emisión de un informe que justifique la necesidad del contrato. El informe no tiene que realizarse para pagos de gastos corrientes, siempre que no excedan de 5.000 euros.

¿La modificación de esta norma puede favorecer la corrupción?

Una de las razones por las que se creó la Ley de Contratos del Sector Público en 2017 es, precisamente, la lucha contra la corrupción. «Establecía criterios de transparencia, pero se pasó de un extremo a otro» critica José Ignacio Juárez, socio responsable del departamento de Derecho público de Santiago Mediano Abogados.

Una de esas “exageraciones” era esta medida que ahora se ha eliminado. «No respondía a ninguna circunstancia objetiva, ¿por qué no se pueden adjudicar varios contratos a una misma empresa si a lo mejor es la única que hay o la que mejor puede hacerlo?» argumenta Juárez quién, además no está de acuerdo con que la existencia de esas limitaciones no garanticen que no se produzca corrupción.

«Contratación menor y corrupción no son sinónimos» insiste Juárez. En la misma posición se encuentra Joaquín Sarrión: «El hecho de que hagas varios contratos con una misma empresa, no implica que el objeto sea el mismo. La norma planteaba problemas no solo para el contratista, sino también para la entidad contratante».

La profesora Ximena Lazo añade un matiz: «si alguien se pregunta si antes era más fácil perseguir la corrupción que ahora, la respuesta es sí. Antes había un mecanismo de control adicional que ahora se ha eliminado». Aunque Lazo se alinea con sus compañeros en que la forma en que se introdujo ese mecanismo no era nada claro, «era muy problemático».

Fuentes

3 Comentarios

  • El problema es que empresas comerciales y suministradoras de productos varios, se veían limitadas a una venta única de hasta 15000 € para un único cliente al año, por lo que su negocio se vería muy limitado. La trampa era abrir otras empresas con otro CIF para seguir vendiendo hasta los 15000 € o facturar a través de otras empresas conchavadas con la primera para no perder el negocio.

  • Puede que la otra norma pudiera ser demasiado estricta, se podría haber dado la posibilidad de autorizar excepcionalmente ampliar ese contrato, pero la nueva abre los contratos a la corrupción.

    • Si se justifica la modificación bajo el pretexto de que existen problemas técnicos de las entidades contratantes para adjudicar diferentes contratos a varios licitadores ,efectivamente no se está propiciando la libre concurrencia. Aunque el hecho de adjudicar varios contratos menores a un mismo licitador no siempre significa un fraccionamiento de forma innecesaria del objeto del contrato, también cabe señalar que con los límites que establecía la antigua redacción del apartado 2 del artículo 118 se impedía por lo menos en ese ejercicio económico, que las entidades contratantes – y sobretodo las entidades locales , más propensas a la corrupción por antonomasia- puedan utilizar este mecanismo para eludir la libre concurrencia. Incluso puede dar lugar a favoritismos de las empresas locales con más facilidad puesto que los requisitos son menos gravosos y el control es también más laxo en esta clase de adjudicaciones. Además, según la propia LCSP puede justificarse de manera discrecional que el contrato se fraccione de una manera mucho más sencilla debido a que la regla general de la ley segun el articulo 99.3 es que los contratos se dividan en lotes y en cuantos más mejor. Por ello, supone un retroceso en los objetivos comunitarios de favorecer la libre concurrencia, la transparencia,la igualdad y lucha contra el fraude.

¿Quieres comentar?

Relacionados

Más vistos

Siguiente