Cuando España cuenta con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo por el Gobierno para adaptarse a un posible nuevo escenario –con una mayor inflación o con algún conflicto bélico– están sometidas a un control de diferentes organismos.
Contexto. Los Presupuestos de 2023 se han prorrogado automáticamente cada año desde entonces. Esto supone que se están gestionando los recursos públicos actuales con unas cuentas diseñadas para un contexto económico distinto.
No obstante, el Ejecutivo tiene a su disposición el recurso de las modificaciones presupuestarias, recogidas en la ley General Presupuestaria, para cambiar los créditos ya aprobados en los Presupuestos vigentes, y ajustar los gastos a las nuevas necesidades o prioridades del Estado.
Quién puede aprobar una modificación económica
La ley General Presupuestaria establece que, durante el tiempo en el que se encuentren unos PGE prorrogados, pueden realizarse las modificaciones presupuestarias necesarias para atender a necesidades de gasto. Además, el texto asigna competencias para evitar que cada ministerio modifique libremente su presupuesto.
Un resumen antes. Algunas modificaciones presupuestarias pueden ser aprobadas por el propio ministerio, mientras que otras requieren autorización de Hacienda, del Gobierno o de las Cortes Generales. Por su parte, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) interviene principalmente en funciones de control, fiscalización y contabilidad.
Por el Gobierno
El Gobierno puede aprobar determinados cambios económicos mediante reales decretos y acuerdos –una decisión administrativa sin rango de ley– acordados en el seno del Consejo de Ministros.
Ejemplo: Fondo de contingencia. Cuando se produce una catástrofe natural y el Ejecutivo necesita financiar una serie de ayudas urgentes, se hace uso del fondo de contingencia –partida reservada en los Presupuestos para necesidades imprevistas–, que requiere un acuerdo del Consejo de Ministros al movilizar recursos extraordinarios no previstos en las cuentas.
Como explica a Newtral Diego Martínez López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de FEDEA, el fondo de contingencia es “una forma de atender imprevistos en el desarrollo presupuestario de forma que no descuadre las cuentas de otros departamentos”.
Por Hacienda o por el propio ministerio
Algunas modificaciones presupuestarias pueden ser adoptadas por el titular del ministerio afectado, mientras que otras requieren la autorización del Ministerio de Hacienda.
Ejemplo: Transferencia de crédito. El Ministerio de Transportes cuenta con 10 millones de euros para el mantenimiento de las vías ferroviarias y con otros 20 millones de euros para el de las carreteras. Si necesita mover medio millón de una partida a otra y la ley permite esa operación, la modificación puede recibir el visto bueno de dicha cartera.
Otro caso: Generación de crédito por ingresos adicionales. El Ministerio de Cultura recibe unos fondos adicionales procedentes de la UE para financiar un programa cultural. Martínez López comenta que, dado que estos ingresos no estaban previstos en las cuentas iniciales, es necesario incrementar los créditos presupuestados para poder realizar el gasto correspondiente.
- Para ello se tramita una generación de crédito, una modificación económica que incorpora esos nuevos ingresos y habilita el gasto financiado con ellos. Este cambio requiere de la autorización del Ministerio de Hacienda.
Por el Congreso y por el Senado
Las Cortes Generales también poseen competencia al respecto cuando una variación de los Presupuestos Generales del Estado precisa de una norma con rango de ley.
Ejemplo: real decreto ley. Las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7% con carácter general para mantener su poder adquisitivo vinculado al IPC. Esta medida se aprobó mediante el real decreto ley 3/2026, ya que supone una modificación normativa que requiere una aplicación inmediata y tiene un impacto significativo en el gasto público –en concreto, un aumento de unos 570 euros anuales por jubilado–, según señala el catedrático Diego Martínez López.
Matiz. La Constitución española fija que, una vez aprobados los PGE, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”.
Qué control efectúa cada organismo en las modificaciones presupuestarias
Carlos Amoedo Souto, catedrático E.U. de Derecho Administrativo, señala a Newtral que las modificaciones presupuestarias son “actos de trámite ordinario sometidos a una fiscalización previa, que garantiza la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio de las competencias administrativas”.
En esta línea, las modificaciones presupuestarias están sometidas a un sistema de control, en el que el papel principal recae en el Ministerio de Hacienda, pero no es el único responsable.
El Ministerio de Hacienda
La cartera de Hacienda autoriza algunas modificaciones económicas; vigila el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y estabilidad presupuestaria; controla la ejecución presupuestaria a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG); y mantiene el sistema contable del Estado mediante la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
La Intervención General de la Administración del Estado
La IGAE es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y es el órgano de control interno de la Administración General del Estado. Sus funciones incluyen la fiscalización previa de partidas con contenido económico; el control financiero; auditorías públicas; y la elaboración de la contabilidad nacional del sector público estatal.
Este órgano coordina “la actividad realizada por las intervenciones delegadas de cada ministerio en la gestión presupuestaria ordinaria”, según Amoedo Souto. Además, la distribución de competencias entre el Interventor General del Estado y las intervenciones delegadas de cada cartera ministerial “nos permite confirmar que la IGAE fiscaliza directamente las modificaciones presupuestarias que deban ser aprobadas por el Gobierno”, expone el catedrático E.U. de Derecho Administrativo.
- Ojo. Si la IGAE no aprueba la fiscalización de una modificación presupuestaria, la operación en cuestión no podrá seguir su curso normal hasta resolver los problemas que se hayan manifestado.
El Congreso y el Senado
Los diputados y los senadores también ejercen su propio control en las modificaciones presupuestarias mediante preguntas parlamentarias, solicitando la comparecencia de cualquier miembro del Gobierno, aprobando las leyes necesarias para determinadas variaciones económicas, y revisando la Cuenta General del Estado –un documento que recopila la información patrimonial y financiera del sector público estatal–.
- La Oficina de Control Presupuestario de las Cortes Generales tiene entre sus funciones el seguimiento de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Además, a través de este organismo, los parlamentarios pueden solicitar acceso a las bases de información contable y presupuestaria del Ministerio de Hacienda para conocer el grado de ejecución de cualquier partida.
- Fondos reservados. La ley que regula los créditos destinados a gastos reservados establece que los denominados fondos reservados –partidas presupuestarias del Estado cuyo destino permanece oculto para “garantizar” la Seguridad nacional– estarán sujetos al control del Congreso mediante una comisión parlamentaria.
- La Presidencia y los diputados que formen parte de ella tendrán acceso a estas partidas para informar “semestralmente” a la comisión sobre “la aplicación y el uso de los correspondientes fondos presupuestarios”.
El Tribunal de Cuentas
La Constitución española define al Tribunal de Cuentas como el “supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado”. Por delegación de las Cortes Generales, examina y comprueba la Cuenta General del Estado, y emite un informe que es elevado posteriormente al Congreso para su tramitación y aprobación.
- Un control posterior. Este órgano comprueba la legalidad y la eficiencia del gasto; examina si las modificaciones presupuestarias se ajustaron a la ley; y puede exigir responsabilidades contables cuando proceda.
- Qué significa exigir responsabilidades contables. El diccionario panhispánico del español jurídico lo establece como la obligación de resarcir los daños y los perjuicios causados a los caudales o efectos públicos por acción u omisión contraria a la normativa aplicable.
