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¿Puede aplicarse el 155 con el Gobierno en funciones y el Senado disuelto? Esto dicen los expertos
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¿Puede aplicarse el 155 con el Gobierno en funciones y el Senado disuelto? Esto dicen los expertos

El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto y tampoco existe una normativa de aplicación del 155. Expertos en derecho interpretan las leyes y no dan una respuesta inequívoca. El problema estaría en el Senado

En el segundo aniversario de 1-O, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont aludieron el uno al otro a través de las ondas. El primero dijo en la cadena SER que aplicaría el 155 en Cataluña si fuera necesario, ya que el Senado ―donde se aprueba― está representado por la Diputación Permanente mientras el Gobierno está en funciones. El segundo puso en duda en Catalunya Ràdio que la Constitución permita aplicar esta medida con la Cámara Alta disuelta. ¿Qué opinan los expertos en Derecho Constitucional al respecto? Si bien coinciden en que el Gobierno en funciones tiene la facultad de activar el mecanismo, no está claro que el Senado, disueltas las Cámaras, pueda aprobarlo. Lo explicamos.

El hecho de que no exista una normativa que regule el artículo 155 de la Constitución dificulta dar respuesta a este tipo de cuestiones. Tampoco el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre ello, y si lo hace, será a posteriori. De ahí el debate que también existe entre los expertos en la materia.  «Nadie discute que el Gobierno en funciones puede adoptar esta medida por el hecho de estar en funciones«, dice el catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset, y lo cierto es que ninguno de los expertos consultados por Newtral tiene dudas al respecto.

La clave está en si la Diputación Permanente del Senado podría aprobarlo sustituyendo las funciones de la Cámara Alta, como cuestionaba Puigdemont. Éste órgano, llamado ‘de continuidad’, permanece en activo cuando se disuelven las Cámaras, con una representación proporcionada del Senado. Así interpretan las leyes los juristas.

Los del sí: «La Cámara es plural y proporcional»

Para Francisco José Bastida Freijedo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, los poderes de la Cámara Alta «no pueden quedar disminuidos» por el hecho de que esté disuelto el Senado. Según él, esa es precisamente la función de la Diputación Permanente.

Bastida menciona la aplicación de las competencias de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, para las que sí hay una regulación en determinados casos, como en el caso de Decreto-ley o del estado de crisis (estado de alarma, de excepción y de sitio). Para él, «el paralelismo» entre las funciones de este órgano en el Congreso «se puede aplicar al Senado sin forzar las cosas de ningún tipo».

La misma postura tiene el jurista Ramón Punset, que explica que el Estado «no puede permitirse vacíos» y que la Cámara Alta está representada con «pluralidad y proporcionalidad» con la Diputación Permanente. «Es un reflejo perfecto del Pleno de la Cámara. No sé por qué la Diputación Permanente no pueda adoptar las funciones del Pleno si se dan las circunstancias previstas en el artículo 155», insiste.

«No tiene sentido esperar a que se constituyan las Cortes, de ningún modo. El hecho de que la Constitución o el Reglamento del Senado no diga expresamente que la Diputación Permanente asume las funciones, no quiere decir que lo prohíban«, añade Punset. Que esta situación no esté contemplada en las leyes españolas es precisamente lo que hace que otros juristas se inclinen por la postura contraria, es decir, que los miembros de la Diputación Permanente no pueden actuar ni tomar decisiones sobre el 155, ya que en Reglamento no se prevé esta posibilidad.

Los del no: «Se tiene que aprobar en Pleno»

La opinión del catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde es justamente esa.  «La Constitución dice con claridad que el Senado tiene que aprobar el 155 por mayoría absoluta. Yo creo que eso es una referencia clara, clarísima, a las condiciones en las que tiene que adoptarse ese acuerdo: en sesión plenaria», explica. Para él, esto supone atribuir a la Diputación Permanente unas funciones que no están previstas.

Lo mismo cree Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional. «La Constitución dice que la Diputación Permanente sirve para defender las competencias de la Cámara en los periodos entre sesión y sesión, pero no pueden actuar para los casos en los que el Reglamento diga que se tiene que hacer en Pleno, sino sólo para los casos en los que se menciona al Senado», valora Urías.

Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, transmite la misma idea en su blog, en el que ha analizado esta situación a raíz de la afirmación de Pedro Sánchez. «La única vía, a mi juicio, para que esa competencia pueda entenderse atribuida a la Diputación Permanente sería interpretar que así se está velando, como prevé el artículo 78.3 CE, ‘por los poderes de las Cámaras’, pero no veo claro que este concepto incluya la aprobación de las medidas propias del artículo 155», comenta en su entrada.

El procedimiento del 155

Antes de llegar al Senado, la aplicación del artículo 155 prevé un paso previo. El presidente del Gobierno debe enviar un primer aviso al Gobierno autonómico que se considera que está «vulnerando la Constitución» y «atentando gravemente al interés general de España». Una vez recibido por el parlamento en cuestión, este puede responderle aceptando su actitud y comprometerse a rectificar. En ese caso, todo acabaría ahí.

Si esto no ocurre, es decir, si el presidente autonómico responde a este requerimiento indicando que no va a cambiar su postura, el Senado deberá aprobar por mayoría absoluta las medidas a aplicar en dicha comunidad autónoma. Será el Gobierno quien las redacte y se las envíe.

Para aprobar la aplicación del 155, la cámara alta tiene que reunir primero a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y ésta hace un dictamen sobre la propuesta del ejecutivo. Después, se reúne el Pleno y se discuten las medidas establecidas por el gobierno. Los miembros del Senado también podrán incluir sus propuestas. Una vez estén de acuerdo, se podrá implementar el 155.

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