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La inviolabilidad Real, ante la Fiscalía del Supremo
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La inviolabilidad Real, ante la Fiscalía del Supremo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación al rey emérito por el cobro en 2008 de comisiones por la adjudicación del AVE entre las ciudades de La Meca y Medina

Juan Carlos de Borbón | Foto: Casa Real

La Familia Real ha estado en los últimos cuatro meses en el punto de mira de la Justicia por varias investigaciones alrededor de las finanzas del rey emérito. 

  • El 15 de marzo, tras darse a conocer que el primogénito del monarca figura como beneficiario de dos fundaciones investigadas en Suiza, el propio Felipe de Borbón anunció que renunciará a su herencia. Ese mismo día, la Casa Real se desmarcó de las presuntas actuaciones del emérito e hizo pública la decisión de Juan Carlos de Borbón de designar un abogado para su defensa. 
  • El pasado 8 de junio, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación que podría involucrar a Juan Carlos I en el cobro de supuestas comisiones ilegales de la construcción de la línea de ferrocarril que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, el llamado «AVE a La Meca». Los fiscales investigan si Juan Carlos de Borbón cometió blanqueo de capitales y delito fiscal.

Lo más importante

  • Las pesquisas pretenden delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
  • El Ministerio Público tiene que decidir si se le pueden imputar al monarca varios delitos fiscales y blanqueo de capitales por mover el dinero que habría recibido tras la adjudicación por el Gobierno de Arabia Saudí de un macrocontrato de más de 6.000 millones a un consorcio de empresas españolas liderado por la constructora OHL.
  • La Fiscalía ya ha descartado investigar si Juan Carlos I cometió un presunto delito de cohecho al cobrar 100 millones de dólares en 2008 de la monarquía saudí, hechos que se habrían producido cuando todavía estaba protegido por la inviolabilidad que le confiere la Constitución. 

¿Cuál es el contexto?

Una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que le habían sido intervenidos son el origen de esta investigación. Entre ellos se encontraba una conversación entre el excomisario con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En esa charla, ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca.

  • La Fiscalía Anticorrupción estuvo investigando la verosimilitud de estas afirmaciones. Tras la práctica de varias diligencias y, sobre todo la colaboración del Ministerio Público suizo en el análisis de una serie de cuentas en las que podría estar detrás el rey emérito, la fiscalía del alto tribunal optó por asumir la investigación. 
  • Hasta ahora esta investigación había corrido a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que seguía a la espera de una segunda comisión rogatoria cursada a Suiza en relación con las cuentas opacas vinculadas al rey, cuya existencia quedó confirmada a través de la Casa Real, cuando su hijo, Felipe VI, renunció a su herencia y le suspendió la asignación anual. La investigación española deberá determinar si las mantenía después de perder la inviolabilidad y si ello es constitutivo de delito fiscal o de blanqueo de capitales.

¿Qué hay que tener en cuenta?

El PSOE ha rechazado la comisión de investigación en el Congreso a Juan Carlos I apoyándose en un informe de los letrados de la Cámara Alta en el que alegan que la inviolabilidad del rey emérito se mantiene incluso después de abdicar. La Fiscalía del Supremo tiene ahora dos opciones.

  • Considera que Juan Carlos I es inviolable también desde su abdicación y archivan las diligencias abiertas hace ya dos años.
  • Deciden que no le cubre esta especial protección y presentan denuncia ante la Sala Segunda, la única que puede decidir, a la larga, si se le puede investigar o no por estos hechos.

#Fact 

El pasado día 5 de junio la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos, que fue compañero de la exministra en la Unión Progresista de Fiscales y que cuenta con una “innegable complejidad técnica”, según el comunicado del Ministerio Público que lo designó para esta causa.

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