España no cuenta con una Ley Trans a nivel nacional. Actualmente, una persona que desee cambiar de sexo en el Registro Civil debe hacerlo siguiendo la ley de cambio de sexo registral de 2007. Esta estipula como requisitos indispensables que el solicitante lleve dos años hormonándose para acomodar sus características físicas a las del sexo reclamado y cuente con un informe psicológico que confirme la existencia de disforia de género.
Las organizaciones LGTBIQ+ llevan criticando desde hace años que esta normativa trata la condición trans como una enfermedad, un clamor que el año pasado recibió la respuesta del Ministerio de Igualdad. El departamento dirigido por Irene Montero anunció en 2020 su intención de acabar con la patologización de las personas trans. Para ello, está trabajando en un paquete legislativo para proteger los derechos del colectivo, que se dividirá en una nueva Ley LGTBIQ+ y, por primera vez, en una ‘Ley Trans’, ambas complementarias.
Lo más importante
El documento en el que está trabajando Igualdad tiene previsto implementar procedimientos para facilitar la autodeterminación de género, es decir, permitirá que se reconozca legalmente el género con el que se identifican las personas trans -diferente a aquel que les fue asignado al nacer en base a sus genitales- sin necesidad de los requisitos establecidos por la ley actual. Además, contemplará la situación de los menores trans, algo que no incluía la ley anterior, que fue declarada parcialmente inconstitucional precisamente por restringir el cambio de sexo a los mayores de edad.
El pasado octubre, la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI anunció la apertura de la consulta pública previa a la redacción del anteproyecto de ley. Este trámite, que se cerró el 18 de noviembre, sirve para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones. El objetivo es que el trámite legislativo se inicie en la primera quincena de febrero.
¿Cuál es el contexto?
El gran hito para la despatologización de la condición trans llegó en 2018, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la excluyó de su lista de trastornos mentales. España también lleva varios años dando pasos en esta dirección.
- En 2017, el PSOE presentó una propuesta de modificación de la ley de 2007 orientada, principalmente, a incluir a los menores trans en el texto. También hablaba ya de “autodeterminación”, si bien no de “autodeterminación de género”.
- La primera propuesta de una Ley Trans como tal llegó en 2018 de la mano de Unidas Podemos, aunque al agotarse la legislatura no pudo prosperar.
- Actualmente, en España, ya hay 11 leyes autonómicas que, en el ámbito de sus competencias, especifican que las personas trans deben poder acogerse a los derechos y protección que les son propios sin necesidad de someterse a tratamiento ni a un examen médico o psicológico.
- Además, hay 14 leyes regionales (tanto LGTBI como Trans) aprobadas entre 2012 y 2020 que emplean el término “autodeterminación de género”. El problema es que estas normas tienen limitaciones, pues solo pueden aplicarse en las competencias que cada región tiene transferidas.
¿Qué hay que tener en cuenta?
El acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos no contiene específicamente el punto de la autodeterminación de género, aunque sí contempla la creación de una ley LGTBI y una ley Trans. Concretamente, establece que “se trabajará de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”.
- En un primer momento, los socialistas no se mostraron cómodos con la inclusión en la ley de la autodeterminación de la identidad de género. De hecho, a principios de junio el PSOE publicó un comunicado en el que se manifestaba su oposición a este concepto, que a su parecer “carece de racionalidad jurídica”.
- No obstante, a finales de enero la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió con Montero para trabajar en el texto de dicha norma. Según explicaron fuentes de Igualdad, ambas ministras se mostraron de acuerdo en que “es necesario cumplir con el acuerdo de Gobierno” y “garantizar lo antes posible” los derechos de ambos colectivos.
#Fact
El 18 de diciembre de 2020, el Parlament de Cataluña aprobó la modificación de la ley autonómica de violencia machista de 2008 (Ley 5/2008). Entre otras cuestiones, la modificación de la ley aprobada —que puedes consultar íntegra aquí— reconoce como víctimas de violencia machista a las niñas, adolescentes y mujeres trans sin que sea necesario que estas hayan realizado un cambio de sexo registral y sin necesidad de un informe médico que acredite su condición trans.
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