A las 13:00 del pasado 24 de octubre, el cuerpo de Francisco Franco abandonaba el Valle de los Caídos casi 44 años después de su primer entierro, el 23 de noviembre de 1975. El dictador se iba a hombros de sus familiares y sin bandera nacional, salvo la que decoraba la corona de flores sobre el féretro original, y algún “!Viva Franco!” lanzado al aire por su familiares.
Un mes antes, el Tribunal Supremo publicaba la sentencia con la que avaló la exhumación del dictador. A lo largo de 54 páginas, los seis jueces de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo explicaron por qué desestimaron en su totalidad el recurso de la familia del dictador, que defendía que el real decreto-ley del Gobierno debe ser invalidado porque «se ha dictado exclusivamente para efectuar la exhumación de los restos de su abuelo».
El siguiente paso que el Ejecutivo ha anunciado para continuar borrando los halagos a una dictadura en un sistema democrático pasan por ilegalizar la fundación que lleva el nombre del dictador.
Lo más importante
- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció a finales de junio que pretende elevar al Consejo de Ministros un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica, que reforme la norma impulsada por el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Lo avanzaba en declaraciones a los medios de comunicación en una visita al Palacio Real de Madrid con motivo de las medidas de prevención puestas en marcha por Patrimonio Nacional para reabrir con seguridad las visitas a los Reales Sitios.
- Calvo ha avanzado que su ministerio ultima asimismo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «un plan de exhumación en todo el territorio muy importante, con derivación de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos podamos exhumar y devolver a los familiares con identificación a sus familiares».
¿Cuál es el contexto?
- El Gobierno prepara un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica que modifique y profundice en los aspectos que recoge ya la norma impulsada en 2007 por el anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
- En el Congreso de los Diputados hay ya registrada una proposición de ley del Grupo Socialista para reformar la Ley de Memoria Histórica, que puede quedar desfasada ante el nuevo proyecto legislativo del Ejecutivo, que se ha comprometido a retirar ‘post mortem’ las condecoraciones al expolicía franquista Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, fallecido en mayo pasado por COVID-19.
- Los principales objetivos que persigue el Gobierno con la reforma de la ley de memoria histórica es la de favorecer el conocimiento de la historia, el fomento de la Memoria Democrática, la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
¿Qué hay que tener en cuenta?
- En la anterior legislatura, la ministra de Justicia y ahora fiscal General del Estado, Dolores Delgado, avanzó que el Ejecutivo estudiaría la manera de ilegalizar las asociaciones que hicieran apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco.
- A mediados de junio, el Ministerio de la Presidencia abrió un plazo de consulta pública para que la sociedad civil pueda hacer llegar sus sugerencias al respecto.
- Según anunció Calvo, los planes del Ejecutivo pasan por llevar este mes de julio al Consejo de Ministros esta cuestión.
#Fact
El Parlamento Europeo aprobó en 2018 una resolución en la que reclama la ilegalización de todas aquellas fundaciones o asociaciones que exalten el nazismo y el fascismo como la Fundación Francisco Franco – a la que mencionaba como una entidad que glorifica una dictadura y sus crímenes-, y la retirada de todos los símbolos o monumentos que exalten el alzamiento militar, la Guerra civil y la dictadura de Franco.
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