El Parlament de Cataluña debatirá el próximo 15 de enero si pospone la celebración de las elecciones catalanas, previstas inicialmente para el 14 de febrero, por el empeoramiento de los indicadores COVID-19. El 11 de enero, la comunidad autónoma diagnosticó 1.147 nuevos contagios en 24 horas y sumó 70 fallecidos, según la conselleria autónoma de Salud. Los hospitales catalanes acumulan 2.383 ingresados por coronavirus, de los que 470 están en la UCI. La incidencia de casos acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días asciende a 468.
Entre las últimas restricciones adoptadas por la Generalitat para intentar frenar la escalada de esta tercera ola destacan el cierre de bares a las 15.00 horas, el cierre perimetral municipal y autonómico, el toque de queda a las 22.00 y el cierre de gimnasios y centros comerciales. Estas medidas estarán vigentes, al menos, hasta el 17 de enero.
Lo más importante
La directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, señaló el 2 de enero en una entrevista en TV3 que, con los datos actuales, «no se podrían celebrar las elecciones del 14-F«. No obstante, la consellería de Exteriores, con competencia en la organización de los comicios, defiende que la fecha prevista debe seguir en pie.
Bernat Solé (ERC), líder de dicho departamento, manifestó el 5 de enero en una entrevista en El Nacional que únicamente se contempla suspender las elecciones bajo dos escenarios: el de un confinamiento total -que sólo puede ser decretado por el Gobierno- o si existe una “limitación extraordinaria a nivel social”. Dentro de este segundo supuesto, Solé no incluye las restricciones actuales, bajo las que, en sus palabras, sí se podría votar.
PP, PSOE, Comuns y Ciudadanos también apuestan abiertamente por mantener el 14F. A este bando se ha unido incluso la candidata de JxCat, Laura Borràs, que a principios de enero reconoció en una rueda de prensa que Cataluña “necesita un cambio en el Govern”. Esta afirmación deja atrás las declaraciones de otros miembros de su partido, como la portavoz del Govern, Meritxell Budó, o el conseller de Interior, Miquel Sàmper, que habían mostrado su deseo de aplazar las autonómicas. Esto se había interpretado como un intento de ganar tiempo para mejorar sus resultados en las encuestas, que colocan a Esquerra como la fuerza más votada.
? @LauraBorras: «Nosaltres treballarem amb la idea que se celebrin les eleccions el proper 14 de febrer. El país necessita eleccions. Complirem totes les indicacions i restriccions que s’estipulin en cada moment. El @govern està treballant perquè es puguin celebrar els comicis» pic.twitter.com/JigNIm84ef
— Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) January 5, 2021Publicidad
¿Cuál es el contexto?
El 22 de diciembre, vencido el plazo para investir a un sustituto del expresidente Quim Torra, inhabilitado en septiembre, el vicepresidente Pere Aragonés firmó el decreto de convocatoria automática de elecciones y el Parlament quedó disuelto. Tras ese trámite, quedaba por delante una campaña que, como la de 2017, previsiblemente iba estar marcada por una pugna entre los dos principales partidos independentistas y los unionistas.
No obstante, 2020 acabó con un golpe de efecto patrocinado por el PSC, que tras negarlo en reiteradas ocasiones, anunció que Miquel Iceta dejaría su posición como cabeza de lista para que la ocupara el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dicha maniobra pretende sacrificar al principal gestor de la pandemia, que despierta simpatía entre los votantes según las encuestas, para virar la conversación desde la independencia hasta otras cuestiones como la gestión de la pandemia. Esto daría opciones al PSC de ganar las elecciones o, por lo menos, de poner punto y final al acaparamiento de las instituciones catalanas que ha conseguido el ‘procés’.
¿Qué hay que tener en cuenta?
En caso de que la pandemia obligara a aplazar las elecciones del 14 de febrero, los pasos a seguir serían los mismos que para convocarlas: con un decreto. A falta de presidente, este debería ser firmado por Aragonès, quien ostenta dicha función. Esta situación ya se dio durante el primer estado de alarma, cuando Galicia y el País Vasco se vieron obligadas a posponer sus comicios autonómicos, previstos para el 5 de abril de 2020.
- Sería necesario ofrecer una nueva fecha para la celebración de las elecciones. Podría ser, como en Galicia y el País Vasco, un horizonte sin día concreto: cuando se levante el estado de alarma, como acordaron Iñigo Urkullu y Alberto Núñez-Feijóo.
- El decreto debe detallar las razones por las que se suspenden los comicios. Uno de los factores principales a tener en cuenta son las restricciones de movilidad, pues es necesario garantizar tanto el sufragio activo, el de los votantes, como el pasivo, el de los candidatos a ser escogidos y presentar su programa electoral.
- Desde el Govern se ha hecho hincapié en que, si se posponen las autonómicas, se hará con el consenso de todos los partidos.
- En diciembre, la Generalitat presentó un documento en el que explicaba los procedimientos excepcionales a llevar a cabo durante la jornada electoral si los comicios acaban celebrándose el 14F. Entre ellos destacan el establecimiento de franjas horarias para que las personas vulnerables al virus o los positivos voten sin riesgos y la adopción del voto telamático.
#Fact
Desde febrero, al menos 75 países y regiones en todo el mundo han decidido posponer las elecciones nacionales y subnacionales debido a la COVID-19, según los datos de la organización IDEA Internacional, dedicada a la defensa de la democracia.
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