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Renfe, RTVE o el ‘caso Delcy’: 122 negativas a la transparencia en el primer semestre de 2020
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Renfe, RTVE o el ‘caso Delcy’: 122 negativas a la transparencia en el primer semestre de 2020

El Portal publica las resoluciones denegatorias y las concesiones parciales de información hasta el 30 de junio

El Portal de Transparencia ha publicado la información sobre resoluciones denegatorias y de concesión parcial de las peticiones de información hasta el 30 de junio de 2020. Son los primeros datos de este año que hay disponibles, ya que la última actualización, en marzo de 2019, incluía datos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Entre las 122 resoluciones hay peticiones dirigidas a prácticamente todos los ministerios. También a organizaciones como la Agencia Española de Protección de datos. Y, en general, muchas preguntas sobre diversos asuntos polémicos en relación a los que las distintas instituciones han rechazado dar información.

Por ejemplo, sobre el encuentro en Barajas del ministro José Luis Ábalos, y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechaza dar información sobre los asuntos que trataron para evitar un perjuicio a las relaciones exteriores. «Debe mantenerse la adecuada reserva en cuanto a la divulgación de los temas tratados, por poder este hecho perjudicar gravemente la posición de España en el panorama internacional», consta en la resolución.

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En los seis primeros meses de 2020 ha habido hasta cinco resoluciones denegatorias o de concesión parcial relacionadas con Renfe. Dos de las solicitudes que dieron lugar a esas resoluciones preguntaban por la puntualidad de los trenes de Renfe. En ambos casos se alegaron intereses económicos y comerciales, además de usar argumentos como el «carácter reservado» de la información pedida, aludiendo al hecho de que «ni siquiera es posible obtener datos similares a los requeridos —a una empresa pública— de operadores privados».

Asimismo, entre los muchos asuntos por los que han preguntado los ciudadanos españoles y cuyas respuestas no han facilitado en su totalidad los distintas organismos y unidades de transparencia están los patrocionios de RTVE; las medidas de seguridad del vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero; o el precio y las condiciones de financiación del medicamento Yescarta (producido por la farmacéutica Gilead), una resolución con la que, como contó Civio contó hace unos días, el Gobierno ha decidido ir a juicio.

‘No’: por economía y seguridad

Las negativas a conceder la información a través del Portal se basan en las causas señaladas en el punto 1 del artículo 14 de la de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Así se han distribuido las negativas en relación a las distintas causas argumentables en los primeros seis meses del año:

Desde enero de 2015, el Portal recoge 988 resoluciones denegatorias. En cinco años y medio, los intereses económicas y comerciales ha sido el argumento esgrimido más veces para negar una información, seguido de la seguridad pública. En el otro extremo, la protección del medio ambiente sólo se ha utilizado en un caso: para no entregar, en 2016, una copia del Plan General de Medio Ambiente (2007-2021), por ser «un documento de ‘difusión limitada’ cuya revelación va en contra de los intereses y la misión del Ministerio de Defensa».

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Aunque la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las resoluciones denegatorias, la periodicidad de esa publicación debe concretarse en un reglamento que, por el momento, sigue sin existir. El borrador de reglamento, que no llegó a aprobarse, planteaba una actualización cada seis meses. Así, el Portal de Transparencia no había publicado datos desde marzo de este año, cuando incluyó las resoluciones hasta el 31 de diciembre de 2019.

En la última actualización no constan muchas resoluciones relacionadas con la COVID-19. La suspensión de los plazos administrativos durante el estado de alarma, que se retomaron el 1 de junio, ha supuesto que muchas de las peticiones realizadas en los últimos meses sigan aún en tramitación o se hayan resuelto recientemente, después del 30 de junio. En muchos casos, además, los plazos se han prorrogado un mes más. Un ejemplo que ya contamos en Newtral: el Ministerio de Sanidad no dirá hasta agosto si hace públicos los nombres miembros del comité de expertos que asesoró al Gobierno en la desescalada.

Entre las que ya se han resuelto, una solicitud de los informes realizados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) sobre material de protección durante la epidemia. La respuesta del director del INSST, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, deniega la información argumentando secreto profesional y la garantía de confidencialidad.

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