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Desescalada en Transparencia: ¿qué ha pasado con el acceso a la información durante el estado de alarma?
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Desescalada en Transparencia: ¿qué ha pasado con el acceso a la información durante el estado de alarma?

Desde que se aprobó el estado de alarma y hasta el 30 de abril, el Portal de Transparencia ha recibido al menos 829 preguntas que, por el momento, siguen sin respuesta.

El 14 de marzo, con la declaración del estado de alarma, el Gobierno suspendió los plazos administrativos, lo que afectaba de lleno a las solicitudes de información pública. El Portal de Transparencia quedó suspendido de facto.

¿Por qué es importante? Porque, como han criticado muchos expertos en transparencia en los últimos meses, esto supone la paralización de un derecho: el derecho a saber.

[El Gobierno suspende los plazos de respuesta del Portal de Transparencia]

El Portal es el canal que tiene el ciudadano para pedir información al Gobierno y que el Gobierno tenga que dársela o argumentar por qué no se la da. Incluso si la respuesta es un silencio administrativo —es decir, una ausencia de respuesta que la ley entiende como un ‘no’—, es posible reclamar. Al estar parado, el Gobierno no ha tenido por lo general la obligación de dar explicaciones, en un contexto donde la transparencia y el acceso público a la información es fundamental.

La Transparencia varía por regiones

Poco después de decretar la suspensión de los plazos administrativos, el Gobierno abrió la puerta a que las administraciones pudieran continuar con algunos de los procedimientos suspendidos, incluidas las peticiones de información.

«El Gobierno decidió no cruzar esta puerta y, en términos generales, no resolver solicitudes de información», apunta Miguel Ángel Gavilanes, periodista experto en transparencia de Civio.

Muchas comunidades, en cambio, han decidido usar esa opción. «A diferencia del Estado, algunas comunidades autónomas, como Castilla y León o Navarra, sí que han ido resolviendo solicitudes de información pública desde el inicio de la crisis porque entendían que la suspensión de plazos estaba pensada para garantizar, para proteger los derechos de la ciudadanía», cuenta Gavilanes.

La mayoría de comunidades autónomas han ido levantando esta suspensión de plazos de transparencia, ya sea de forma parcial o total. Salvo cuatro: «Andalucía, Canarias, Cantabria y la Región de Murcia, han permanecido en la misma postura del Gobierno central. De hecho en Andalucía apuntaban a Moncloa; decían que había sido el gobierno del Estado quien había decretado la suspensión de plazos y debía ser él quien lo levantase”, incide el periodista.

Según el análisis de Civio, un mes y medio después del estado alarma siete comunidades mantenían su portal activo y seguían respondiendo, en la medida de lo posible, a las preguntas de los ciudadanos. Tres comunidades lo mantenían activo parcialmente: Cataluña, Extremadura y Galicia. Y en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana, se resolvían algunas peticiones.

La deuda de transparencia, por peticiones

Hemos preguntado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que depende el Portal de Transparencia, por el número de peticiones realizadas en este tiempo.

Desde que se aprobó el estado de alarma y hasta el 30 de abril, se recibieron al menos 829 preguntas que, por el momento, siguen sin respuesta. A esto habría que sumar las que habían quedado sin responder antes del 14 de marzo y las del mes de mayo, que también termina sin que se hayan tramitado las peticiones de información.

Desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos han confirmado que el número de reclamaciones que han recibido en los últimos meses se ha reducido enormemente respecto a la tendencia: si no se resuelven solicitudes tampoco hay reclamaciones.

El Consejo ha lamentado la decisión de del Gobierno respecto al Portal de Transparencia. En ese sentido, cuenta que se sumaron a una declaración de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información que pedía no sacrificar el derecho de acceso a la información en la crisis del coronavirus.

«Respecto a la resolución de las reclamaciones la actividad ha sido la siguiente: durante el mes de marzo publicamos las resoluciones a las reclamaciones que teníamos de fecha anterior pero en la actualidad, y debido al criterio de la Abogacía del Estado, tramitamos y solo podemos resolver aquellas que tienen que ver con situaciones relacionadas y vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, que son las que el Ministerio ha decidido su tramitación y las que quedan englobadas en las excepciones permitidas a la suspensión en el Real Decreto de alarma (o bien aquellas en las que el organismo o Ministerio sí ha decidido su tramitación)», explican a Newtral.es.

Fuentes la institución especifican que «en concreto, solo nos han llegado dos casos que estamos tramitando y que han llegado porque, pese al cierre del Portal de Transparencia, se ha hecho una excepción por la COVID-19. Eso es una prueba de que la Administración está siendo muy rigurosa con la interpretación de las excepciones«. «Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada porque solo entramos a conocer cuando ha habido una respuesta previa y una reclamación», concluye el Consejo.

¿Cuándo comenzarán a facilitarse las respuestas?

Desde el Gobierno han insistido en que en este tiempo se han estado gestionando las solicitudes que han ido llegando, aunque no se notificara. En una nota informativa del 17 de abril se explicaba que “las unidades de transparencia están trabajando de forma activa en la tramitación interna de las solicitudes para evitar que se produzca acumulación”.

Pero, oficialmente, la tramitación de todas las peticiones enviadas durante el estado de alarma empieza este lunes 1 de junio, independientemente de que la solicitud se haya hecho el 15 de marzo o el 30 de mayo.

Además, conviene recordar que los plazos de la Ley de Transparencia son largos: una vez notificada la recepción, la Administración tiene hasta 30 días para contestar, con la posibilidad de una prórroga de otros 30 días para casos más complejos.

Habitualmente, las instituciones suelen apurar los plazos, por lo que algunas respuestas, que pueden concluir en la denegación de la información, podrían retrasarse hasta finales de agosto.

Transparencia y estado de alarma

El confinamiento conllevó, además, que las ruedas de prensa del Gobierno fueran virtuales. No todos los medios han podido preguntar en ellas. Y los que preguntan no pueden ‘repreguntar’ o insistir si el político en cuestión evita contestar.

Por cuestiones como esta, muchos expertos han señalado que durante esta crisis el Gobierno ha demostrado que la Transparencia no es una prioridad. Es el caso de Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, que apunta a una cuestión clave: el tiempo. “No es lo mismo acceder a la información en estos momentos, que es cuando la sociedad y la ciudadanía más lo demanda y más lo exige, que hacerlo hace meses o años, cuando la opinión pública no está tan preocupada ni tan sensibilizada”.

“No tiene ningún sentido”, abunda Blanes, “en pleno estado de alarma y mientras se está gestionando la pandemia, impedir o dificultar el acceso a la información pública”. Para el experto los ciudadanos y el conjunto de la sociedad tiene “derecho a saber lo que está pasando”, lo que vincula a la confianza en las instituciones y al deber que tienen de “rendir cuentas”.

“El Gobierno tiene poderes excepcionales durante el estado de alarma y la transparencia también debería de ser en la misma medida excepcional”, concluye Blanes.

1 Comentario

  • ¿Si no cumple la izquierda, quien va a cumplir, la derecha cerril, como podremos quejarnos? Perdemos una oportunidad histórica de dar ejemplo.
    Que vergüenza.

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