Plan Corresponsables: un sistema estatal de cuidados pero ¿en qué condiciones?

Una política semilla para crear un sistema estatal de cuidados con una partida presupuestaria de 200 millones de euros, 190 de los cuales se transferirán a las comunidades autónomas. Esta es la apuesta del Ministerio de Igualdad, recién aprobada el martes 9 de marzo en el Consejo de Ministros. 

Del Plan Corresponsables, como se llama esta política pública cuyo objetivo es garantizar la conciliación y el cuidado de los menores de 14 años en las familias con menos recursos, se conocen, de momento, las líneas generales. Según fuentes del Ministerio de Igualdad, serán las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, las que implementen los mecanismos concretos para su desarrollo. 

Con la información inicial y de la mano de expertas en familia, mercado laboral y desigualdad de género, te explicamos en qué consiste esta medida y el impacto que tendría. 

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Cuidado de menores y profesionalización de los cuidados

El Plan Corresponsables sería, inicialmente, una política que cubriría a los menores de 0 a 14 años; cuidados que bien podrían recibirse a domicilio o en dependencias públicas habilitadas tales como escuelas, centros municipales o polideportivos.

El acceso será prioritario, según este documento de trabajo facilitado por el Ministerio de Igualdad, para “familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o a unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados”. Además, se deberá tener en cuenta el nivel de renta. 

También es objetivo de esta política pública la profesionalización de los cuidados que ya venían realizando muchas mujeres de manera informal. Para ello, se crearán bolsas de cuidados que darían empleo a dos perfiles principalmente. Por un lado, jóvenes ligados al ámbito de animación sociodeportiva, educación infantil y jardín de infancia; pero, por otro, estas bolsas también incluirán a “personas con experiencia profesional en el sector de los cuidados formales e informales, especialmente mujeres mayores de 45 años”. Es decir, principalmente empleadas del hogar. 

Para profesionalizar el trabajo que han realizado estas mujeres de manera informal, se prevé un mecanismo de acreditación que reconocería la experiencia laboral de cuidado no profesional de cara a poder habilitarlas como perfiles competentes en estas bolsas de cuidados. 

Introducir los cuidados en el ámbito público

Almudena Moreno, profesora de Sociología en la Universidad de Valladolid e investigadora especializada en familia, políticas públicas y género, señala en conversación con Newtral.es que “trasladar conceptos del movimiento feminista, como el de los cuidados, a la política pública es positivo”. Considera que lo que trasluce del documento inicial es “un discurso feminista, sobre todo en términos académicos”: “Pero creo que puede haber un problema serio a la hora de trasladar todo esto a la practicidad”. 

Sobre la necesidad de crear políticas públicas para garantizar los cuidados coinciden otras expertas como Pilar Goñalons, profesora de Sociología en la Universidad de Pensilvania, especialista en género y cuya línea de investigación trata sobre desigualdad y brecha salarial durante la crisis: “El concepto es bueno y es importante como punto de partida. El presupuesto inicial es potente y parece que el diseño está dirigido a externalizar los cuidados en el hogar, a diferencia de la ley de dependencia que estaba más dirigida a remunerar el cuidado no pagado en los hogares, que provocaba que siempre lo ejercieran las mujeres de la familia”, explica en conversación con Newtral.es.

Para Sara Moreno, socióloga e investigadora en la Universitat Autónoma de Barcelona y especializada en políticas de conciliación y desigualdad en el mercado de trabajo, “es una gran apuesta desde el punto de vista de que hasta ahora no existe algo como tal desde la lógica pública”. Sin embargo, Moreno apunta a Newtral.es que “los buenos diseños a menudo son imperfectos” y que tiene “dudas de la eficacia”. 

Vicent Borràs, sociólogo e investigador en el Institut d’Estudis del Treball (dependiente de la Universitat Autónoma de Barcelona), considera que “poner el tema de los cuidados en la agenda está bien”, ya que “es una necesidad social que existe”: “Pero el foco se sigue poniendo en la infancia al abarcar solo a los menores de 14 años. Precisamente esa parte está relativamente bien solventada en comparación con las personas dependientes. La mayor crisis de cuidados la sufre la gente mayor”, explica a Newtral.es.

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Residencias y COVID-19
Cuando los cuidados fallaron

Convenio 189 de la OIT

Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar y una de las integrantes de la asociación Territorio Doméstico, apunta que “parece otro parche más”: “Ya lo fue el subsidio extraordinario para empleadas del hogar por COVID-19: una burocracia dificilísima que no había quien la entendiese y que dejaba fuera a todas las que no tienen contratos, que son muchas de nosotras”, cuenta a Newtral.es.

Para Pimentel es más inminente la ratificación del Convenio 189 de la OIT o la regularización de personas migrantes, que revertiría en una mejora de la situación administrativa de todas aquellas mujeres migrantes que realizan estos trabajos feminizados: “Con estas dos cuestiones adquiriríamos muchos derechos laborales, como por ejemplo tener paro”.

Según el acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ambos partidos se comprometían a culminar “con carácter prioritario la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura”: “Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”. Un año después, esto no se ha llevado a cabo. 

“Me gusta que se hable de dignificar los cuidados, pero eso requiere un estatuto laboral claro y digno”, comenta la socióloga Almudena Moreno. Desde su punto de vista, y coincidiendo con el de Pimentel, tendría sentido otras políticas en paralelo que podrían resultar incluso más prioritarias: “Por ejemplo, reformar la ley de extranjería para que no mantenga en un limbo a las personas migrantes porque muchas de estas empleadas domésticas no pueden regularizar su situación y no pueden ser contratadas, así que trabajan en negro. Pero también un Ingreso Mínimo Vital que funcione correctamente, la ratificación del Convenio 189 de la OIT o la reformulación del papel de los servicios sociales”.

Moreno señala que “muchas de estas mujeres tienen grandes problemas para manejarse con la administración pública”: “¿Quién se va a beneficiar de una política de este tipo, ya sea para pedir cuidados o para aplicar al trabajo? Quien sepa manejarse con la burocracia”, añade. 

Libertad González, profesora de Economía en la Universitat Pompeu Fabra e investigadora especializada el ámbito laboral, considera que es “interesante que haya una transferencia de renta del Estado a hogares vulnerables [como son los de las trabajadoras domésticas] y que puedan acreditar esa experiencia”. 

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Trabajadoras domésticas
Una escobilla para desatascar la ratificación del Convenio 189 de la OIT

Domicilio versus espacio público

La socióloga Pilar Goñalons pone el acento en la necesidad de  revertir la tendencia de los trabajos feminizados: “Me preocupa que no se vaya a cambiar tanto el quién cuida, que debería ser el objetivo, que los hombres asuman los cuidados, sino dónde se cuida, es decir, en el espacio público”. 

Además, una de sus críticas es la escasa precisión en la propuesta: “No se dice qué tipo de cuidados van a ser, sobre todo los que son a domicilio, ni qué salarios percibirán por este empleo. ¿Se trata de recoger a los niños del colegio y hacerles la cena? ¿Se trata de cuidar de los que aún no van a la guardería? Pero en ese caso lo conveniente sería reforzar los jardines de infancia y las escuelas infantiles de 0 a 3 años”, apunta Goñalons. 

En este sentido, la socióloga e investigadora considera que se corre el riesgo de “potenciar un mercado barato y desvalorizado de los cuidados en contra de potenciar los cuidados institucionales como los de colegios y escuelas infantiles”. Por tanto, apunta, “si no se ancla en las instituciones, puede ser una política condenada a desaparecer”. También contempla el riesgo de variabilidad entre territorios al ser “las comunidades autónomas las que tienen desarrollar la idea en profundidad”. 

El sociólogo Vicent Borràs incide en que “es otra medida pensada solo para las mujeres”: “Es cierto que son ellas las que se hacen mayoritariamente cargo, pero si se habla de ‘corresponsabilidad’, la política tiene que incentivar la implicación de los hombres en los cuidados, como se propone con los permisos igualitarios de maternidad y paternidad”.

Para Borràs, el cambio vendrá cuando se consigan revertir las tendencias actuales, con más presencia masculina en los trabajos reproductivos y más presencia femenina en el mercado laboral formal: “La idea es que hay que sacar más a la gente del mercado laboral para que hagan más cuidados, y quienes están más en el mercado laboral son los hombres precisamente”, añade. 

Desde el punto de vista de la socióloga Sara Moreno, es positivo que se articulen mecanismos para cuidar de la infancia en centros habilitados, ya que “el riesgo es que esos cuidados se trasladen al domicilio”: “Las casas son fábricas de reproducir desigualdades sociales. Además, sacarlo de ese ámbito implica igualar también a los críos”.

Moreno, por tanto, aboga por “más servicios extraescolares públicos, comedor gratuito en escuelas e institutos y más escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años”: “Son un conjunto de servicios que, además, permiten a los niños socializar en igualdad. Y con eso también das empleo público y profesionalizas el cuidado”. 

Sin embargo, Moreno reconoce que no todo debe obedecer a una lógica productivista y que “si alguien echa mano de una bolsa de cuidados por horas es porque necesita esas horas para trabajar más”: “Claramente, esto requiere de un abordaje integral, de un replanteamiento de la organización social de los cuidados. No puedes mover una sola pieza. Si no mueves todo, mantienes el orden establecido, el statu quo”.

En este sentido, la socióloga aboga también por una reducción de jornada diaria sin reducción de salario. De lo contrario, la pregunta es quién cuida de los hijos de las que cuidan. O como dice Rafaela Pimentel: “Las empleadas domésticas saldremos a cuidar niños ajenos mientras no podemos atender a los nuestros”.