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Novedades BOE: la vuelta paulatina a la normalidad
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Novedades BOE: la vuelta paulatina a la normalidad

El uso obligatorio de la mascarilla si no se puede guardar una distancia de 1,5 metros y la extensión de las devoluciones de actividades no realizadas por el coronavirus son algunos de los preceptos que recoge el real decreto ley

Juanjo Martín (EFE)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto ley que regula lo que el Gobierno llama “nueva normalidad”, el periodo de tiempo comprendido entre el fin del estado de alarma –el próximo 21 de junio– y el momento en que Moncloa establezca “la finalización de la situación de crisis sanitaria”.

La norma recoge medidas para contener la expansión del virus, prevenir posibles rebrotes y coordinar la acción de las administraciones en este proceso o ante un posible empeoramiento de la situación. Es de aplicación nacional y la mayoría de sus preceptos serán aplicables en aquellos territorios que hayan superado la fase 3 del plan de desescalada y, por lo tanto, dejen de estar regidos por el estado de alarma; un paso que los presidentes autonómicos que se encuentran en la tercera etapa pueden solicitar al Ejecutivo.

Como también recalcó el ministro de Sanidad, el real decreto ley incide en la importancia de la responsabilidad individual. Así, incluye la obligación de todos los ciudadanos de “adoptar las medidas necesarias” para evitar propagar y exponerse ante el virus, tanto a título individual como en el desempeño de su actividad profesional.

Mascarilla obligatoria

El uso de la mascarilla será obligatorio para los mayores de 6 años que se encuentren en la calle, espacios al aire libre y lugares cerrados de uso público siempre y cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros. Deberán llevarla todas las personas que no padezcan problemas respiratorios o cuyo uso resulte contraindicado por motivos de salud. Las multas por incumplir este precepto pueden llegar hasta los 100 euros.

Además, también se tendrá que utilizar en el transporte aéreo, marítimo y ferroviario y en el autobús. En las embarcaciones y los buques se dispensa de esta obligación a los pasajeros mientras se encuentren en su camarote o en espacios exteriores donde se pueda guardar la distancia interpersonal. En el caso de los vehículos públicos y privados de hasta 9 plazas (incluido el conductor), se tendrá que llevar si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio. 

Este elemento de protección no será necesario durante la práctica de deporte individual al aire libre. Tampoco cuando resulte incompatible con la actividad realizada o por motivos de necesidad y fuerza mayor.

El Gobierno establece que la venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas de forma individual solo podrá realizarse en las farmacias para garantizar “unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto”. 

Centro de trabajo: personas a 1,5 metros y, si no, con mascarilla 

En los centros de trabajo se deberán tomar medidas para adaptar las condiciones de los empleados a la situación y evitar aglomeraciones, tales como ordenar los puestos de trabajo, organizar los turnos y ordenar el uso de las zonas comunes para que se garantice la distancia de 1,5 metros entre personas. Cuando no sea posible, el empresario tendrá que proveer a sus trabajadores de equipos de protección. También deberá poner a su disposición jabón y gel hidroalcohólico y fijar una ventilación, limpieza y desinfección adecuada del lugar.

Con todo, la norma insta a potenciar el teletrabajo en las circunstancias en las que sea posible y a planificar una vuelta progresiva de los empleados. Al centro no acudirán quienes presenten síntomas, se encuentren en aislamiento o cuarentena. 

Transportes: archivo de los datos de los pasajeros ante posible casos

Las compañías de transporte aéreo y terrestre con número de asiento preasignado guardarán la información de los pasajeros durante “un mínimo de cuatro semanas” para poder realizar la “trazabilidad de contactos” en caso de detectarse un contagio. 

Esta norma también es aplicable al transporte marítimo, donde las autoridades portuarias realizarán de acuerdo con el Ministerio de Sanidad las labores de “control” de los buques que realicen viajes internacionales, incluidos los cruceros. En el caso de los aeropuertos, esta función la desempeñará AENA. 

Finalmente, el transporte público ferroviario y por carretera de competencia estatal adaptará su oferta a “la evolución de la recuperación de la demanda”, evitando las aglomeraciones y cumpliendo con los ratios de ocupación establecidos por las autoridades. 

Centros sanitarios:  sin especificación de medidas

El real decreto ley se limita a recoger que la administración sanitaria competente tendrá que tomar las iniciativas necesarias para asegurar “el bienestar” de trabajadores y pacientes, así como la disponibilidad del material de protección y productos de desinfección. 

Centros docentes: medidas para evitar aglomeraciones a la espera de las comunidades

Todos los centros educativos adoptarán una organización para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Cuando esto no sea posible, se “observarán” las medidas de higiene necesarias para prevenir el riesgo de contagios.

A su vez, tendrán que cumplir con las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento que dicten las administraciones educativas. 

Comercios, hoteles y restaurantes: decidirán las comunidades 

En todos estos casos la norma señala la responsabilidad de las  “administraciones competentes” para fijar las medidas de “aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento” que considere oportuno, así como para garantizar que se cumpla la distancia de 1,5 metros entre personas. 

Si esta no se pudiera asegurar, la autoridad competente fijará “las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.

Deportes: el Consejo Superior de Deportes decidirá sobre los estadios de La Liga y la ACB

Sucede lo mismo que con los comercios en los equipamientos culturales, los espectáculos públicos y las instalaciones deportivas

No obstante, en el caso de los estadios de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB, se establece que el Consejo Superior de Deportes será el que decida cuándo se reabren los estadios, previa consulta a las comunidades, el Ministerio y los organizadores de la competición. Salvador Illa apuntaba al respecto que la decisión tiene que ser homogénea para el conjunto de los equipos: “Se tienen que jugar en las mismas condiciones en todos los estadios”.

Servicios sociales: coordinación con el sistema sanitario

Las administraciones competentes tendrán que asegurar que los servicios sociales (tanto residencias como centros de día) cumplan con la normativa de desinfección, prevención y acondicionamiento que establezcan, así como su “coordinación” con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma. 

En paralelo, los responsables de los centros tendrán que disponer de planes de contingencia para identificar posibles casos, establecer una organización entre usuarios, trabajadores y visitantes para evitar contagios y proveer del material de protección adecuado. 

Medicamentos: Sanidad podrá “priorizar” la fabricación de ciertos productos

Los fabricantes tendrán que comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) los datos de stock, fabricación de la última semana y producción prevista de los medicamentos “esenciales” para la gestión del coronavirus, así como hacer llegar los protocolos para garantizar el abastecimiento de los mismos. En este sentido, el Ministerio de Sanidad podrá “ordenar la priorización” de ciertos productos. 

También se habilita a la AEMPS a dar licencias para garantizar la producción de mascarillas y batas quirúrgicas. 

Coronavirus: una “enfermedad de declaración obligatoria”

Esta concepción del COVID-19 supone la obligación de todas las administraciones y los centros que dependan de ellas -tanto públicos como privados-  de facilitar a la autoridad competente los datos necesarios para poder hacer un seguimiento y vigilancia de la situación epidemiológica.

En paralelo, una vez detectado un caso sospechoso, las comunidades autónomas tendrán que garantizar que en todos los niveles de asistencia se haga una PCR u otra prueba de diagnóstico molecular al paciente “tan pronto como sea posible” desde que se conozcan los síntomas.

Durante esta etapa, las comunidades  continuarán comunicando al Ministerio la información de nuevos casos y brotes de acuerdo con los protocolos aprobados en el Consejo Interterritorial de Salud. En este sentido, han de diseñar un plan de contingencia que garantice la disponibilidad de personal y camas hospitalarias si se dieran este tipo de circunstancias. 

El Gobierno ‘prepara’ la respuesta ante un posible rebrote

Además, la norma incluye cambios en la legislación vigente que entrarán el 11 de junio en vigor. El Ministerio de Sanidad modifica la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud e incluye la “activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias” como uno de los mecanismos por los que puede llevar a cabo actuaciones de coordinación a través del Consejo Interterritorial. 

En situaciones de “urgente necesidad” el departamento dirigido por Salvador Illa podrá tomar “las medidas que sean estrictamente necesarias” por su cuenta e informar después de ello.

Además, de cara al futuro, se ha incluido una nueva disposición que recoge la obligación de las comunidades de aportar de forma inmediata al Gobierno “la información epidemiológica y la relativa a la capacidad asistencial que se requiera”. También, la potestad de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de fijar el importe máximo de medicamentos y productos sanitarios sin receta cuando el país se encuentre en una “situación excepcional sanitaria”. 

Se amplían las devoluciones provocadas por el coronavirus 

La norma introduce modificaciones en lo relativo al comercio. Mientras el real decreto ley esté vigente, los consumidores tendrán el derecho de reclamar la devolución de las actividades que no se pudieron realizar como consecuencia de la crisis del coronavirus. Las compañías podrán ofrecer ‘bonos’ sustitutivos al cliente o el reembolso del importe. 

2 Comentarios

  • ¿No parece increíble que RD 21/2020, 9 junio, no se obligue al uso de mascarillas a empleados y tenderos en tiendas y supers? Manejan alimentos y tocan muchas superficies peligrosas, tienen relación continua con clientes… Pueden escudarse en guardan 1,5 m 😖

    • Eso lo recogen las normas internas de cada empresa donde deben proteger a su empleado, que también nombra el BOE… Pero vamos eso es de lógica… Y si eres autónomo pues lógicamente debes de ponertela ya que es por tu bien, y por el bien de los que van a comprar… Porque no podéis guardar la distancia de 1,5m…

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