Newtral


Las mentiras del folleto que alerta de «leyes sexistas»
Siguiente

Las mentiras del folleto que alerta de «leyes sexistas»

Nos habéis preguntado vía WhatsApp por este folleto en el que se “alerta” a un turista varón de “los peligros que corre durante su estancia [en España] debido a nuestras leyes sexistas”. Hemos analizado cada una de las afirmaciones que recoge y contrastado con la ley y expertos en la materia para verificarlas: 

1. Cuándo una denuncia es tratada como violencia de género

Lo primero que se afirma en este folleto es que “cualquier mujer puede denunciarle [al turista varón] y dicha denuncia será tratada como `Delito de Violencia de Género´». Esto es FALSO. 

La violencia de género SOLO es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de «quienes sean o hayan sido SUS CÓNYUGES o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia», tal y como recoge el art. 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

De hecho, casos como el de la profesora Laura Luelmo asesinada por su vecino, Bernardo Montoya o el de Diana Quer, asesinada por José Enrique Abuín, alias El Chicle, un completo desconocido para ella no se consideran víctimas de violencia de género.

Por tanto, si un extranjero viene a España y comete cualquier agresión o abuso sexual contra una mujer, por ejemplo, este delito será juzgado conforme a lo dispuesto en los artículos del Código Penal (del 178 al 184 ).

2. Cómo funcionan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

El siguiente aviso al turista es que “será juzgado en Tribunales especiales en los que solo se juzga a hombres”. Esta información es engañosa.

En primer lugar, porque los Tribunales de Violencia sobre la Mujer solo instruyen, no juzgan, salvo en delitos leves.  «Cuando se produce un delito en esta materia, la investigación de los hechos sí que la lleva un juzgado especial, que es el de violencia sobre la mujer. No obstante,  una vez concluida la instrucción, el caso pasa al juzgado de lo penal que corresponda – que pueden ser específicos para este tipo de violencia o no serlo – y que ya sería el encargado de juzgar y emitir el fallo», explica el abogado de Violencia sobre la Mujer de LABE Abogados, Rafael Carrasco.

De hecho, fuentes de la Fiscalía nos explican que «no en todas las provincias hay juzgados penales específicos en violencia, como es el caso de Sevilla, y que entonces, en esos casos van a juzgados penales conjuntos» y recalcan que «el Pacto de Estado exige que los juzgados penales de enjuicimiento se especialicen».

Por otro lado, sobre la existencia de estos juzgados, el Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas incluye entre sus recomendaciones que las leyes “han de establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra la mujer”.

En España con la promulgación en nuestro país de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se crearon unos tribunales especializados en la Violencia sobre la Mujer cuya competencias vienen recogidas en el art. 44 de la Ley de Violencia de Género.

Estos tribunales especiales «responden y respetan todos los principios de legalidad igual que cualquier otro tribunal» explica el abogado, doctor y profesor de Violencia de Género en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Complutense de Madrid, Rubén Herrero. 

De hecho, el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge que: “los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, de los siguientes supuestos: […]”. Una ley, la de Enjuiciamiento Criminal, que rige para todos los españoles sin excepciones. 

3. Las 72 horas de prisión preventiva

En este panfleto también se alerta de que el denunciado “podría pasar hasta 72 horas detenido”. Este período que se señala no es más que las 72 horas de tiempo de prisión preventiva máximo que la Constitución Española recoge en su art. 17 dentro del Capítulo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y que dice: «La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». El art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge, también, este mismo precepto y con el mismo período.

Por tanto, es un tiempo máximo que se aplica de forma general, sin ninguna particularidad relacionada con un delito de violencia de género.

3. ¿Qué ocurre con la mujer que denuncia en falso? 

Según la publicación que estamos verificando: “salvo en casos excepcionales, la mujer no recibiría ninguna sanción en caso de que se demuestre que su denuncia es mentira”. Esto es FALSO.

Si una mujer denunciase en falso y esto queda demostrado por sentencia firme, se le aplicará como en cualquier otro caso el art.  456 del Código Penal que dice: «Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirán infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados». Las penas para este delito varían dependiendo de la gravedad del delito que se impute de los tres meses hasta los dos años.

«De hecho, si ha mentido, tanto la Fiscalía como la parte acusada pueden ejercer una querella contra ella e iniciar un proceso penal», explica el profesor Herrero.

5.  ¿Reciben dinero, vivienda y empleo las víctimas?

Otra de las afirmaciones que aparece es que la mujer «recibirá dinero mensual» y tendrá «facilidad para conseguir vivienda y empleo». Vayamos por partes. 

  • Prestación económica

Sobre el «dinero mensual» el artículo 27 de esta misma ley recoge que para recibir una ayuda de pago único – que “será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo” – las víctimas de violencia de género deben carecer de rentas superiores al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

Además, ninguna mujer recibe esta prestación por defecto sino que debe presumirse que, «debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional”. 

  • Empleo

Respecto al empleo, lo que recoge el art. 22 de la ley de Violencia de Género es que en el marco del Plan de Empleo «se incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo» cuyo fin es  «favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia«.

Además, de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, es cierto, que las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social. No obstante, estos incentivos a la contratación también se aplican para casos de víctimas de violencia doméstica, de terrorismo, de trata de seres humanos o para personas con discapacidad, tal y como recoge el documento de Beneficios en la Cotización a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

  • Vivienda

En el ámbito del domicilio, lo único que aparece está relacionado con centros de acogida pero no con el acceso a una vivienda particular.

El art. 28 de la Ley de Violencia de Género regula el “acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores” y determina que “las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable”. Por tanto, tendrán prioridad, pero nada más.

Por último, para ser beneficiario de cualquier de estos y otros derechos que recoge la Ley de Violencia de Género, es necesario que la condición de víctima esté acreditada mediante una sentencia condenatoria por un delito de esta naturaleza, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de ella, entre otros, tal y como recoge el art. 23 de la Ley de Violencia de Género. Por tanto, no cualquier mujer puede acceder a este tipo de prestaciones. 

4. El bajo número de denuncias falsas en España

“La cantidad de denuncias sin fundamento en España es alarmante y cada vez más víctimas son turistas”, dice el folleto.

Para saber el número de denuncias falsas, varias fuentes (CGPJ, Ministerio de Igualdad, Policía) nos han explicado – y todas coinciden – en que la referencia que hay que coger para conocer el peso de las denuncias falsas es el informe de la Fiscalía General de Estado.

El último que se conoce es el Informe de la Fiscalía de 2017, publicado en mayo de 2018 y señala que entre 2009 y 2017 se registraron 1,2 millones de denuncias por violencia de género y solo resultaron falsas el 0,01%. En este porcentaje están incluidas tanto las sentencias condenatorias por denuncia falsa como las causas que están en tramitación por este motivo.

Si el periodo analizado es únicamente el 2017, esta proporción tampoco varía: de las 166.260 denuncias presentadas, solo el 0,013% no fueron verdaderas. Para saber más datos al respecto puedes leer aquí nuestro fact-check.

 

Fuentes

Relacionados

Más vistos

Siguiente