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La Comisión Europea denuncia a España «por no proteger a sus ciudadanos» de la contaminación
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La Comisión Europea denuncia a España «por no proteger a sus ciudadanos» de la contaminación

European Comissionner Karmenu Vella speaks at Lisbon Congress Center during the European Maritime Day event in Lisbon on May 16, 2019.

Bruselas manda un mensaje explícito a España: la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE se produce «por no proteger a sus ciudadanos contra la mala calidad del aire», ya que «en España son atribuibles al NO2 casi 9.000 muertes prematuras anuales».

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

«La decisión de remitir a España ante el Tribunal [de Justicia de la Unión Europea] está motivada por el incumplimiento reiterado de los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9.000 muertes prematuras anuales». Así de contundente es el comunicado emitido hoy por la Comisión Europea después de que este organismo haya decidido denunciar el quebrantamiento continuado por parte de España de la normativa europea sobre la calidad del aire durante casi una década.

Así, Bruselas manda un mensaje explícito: la denuncia a España se produce «por no proteger a sus ciudadanos contra la mala calidad del aire», apunta el texto publicado hoy jueves por la Comisión Europea.

Según explican desde la Comisión, «los datos más recientes sobre la calidad del aire facilitados por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE respecto a los valores de dióxido de nitrógeno (NO2), jurídicamente vinculantes desde 2010».

La denuncia llega tan solo unas semanas después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera revertir el plan de Madrid Central, y tan solo unos días después de que dos juzgados de lo contencioso administrativo hayan decidido suspender la moratoria de dicho plan.

Bruselas también ha decidido denunciar a otro país: Bulgaria. En su caso, «los últimos datos de dióxido de azufre (SO2) presentados muestran un reiterado incumplimiento de los valores límite en la zona sudoriental, donde se encuentran las cuatro centrales térmicas de mayor tamaño de este país», apunta el comunicado de la Comisión Europea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la contaminación atmosférica como el mayor riesgo medioambiental para la salud en Europa. Y según este estudio del Tribunal de Cuentas Europeo publicado en 2018, «la contaminación atmosférica en la Unión Europea causa más de 1.000 muertes prematuras de media al día, más de diez veces el número de víctimas fatales por accidente de tráfico».

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¿Qué denuncia la Comisión Europea? El expediente de infracción contra España se remonta a 2015, cuando transcurridos cinco años desde que la normativa europea sobre la calidad del aire entró en vigor, España la incumplía año tras año.

El pasado 9 de julio, Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, envió una carta a Teresa Ribera, ministra en funciones de Transición Ecológica, en la que instaba a que las administraciones públicas adoptasen medidas urgentes para combatir la polución y los altos niveles de NO2. [Consulta aquí la carta que envió Karmenu Vella a Teresa Ribera].

Ahora —tras esta última advertencia que llegó justo unos días después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiese suspender la moratoria de Madrid Central—, la Comisión Europea ha denunciado a España porque Madrid, Barcelona y el Vallès-Baix Llobregat rebasan los niveles de contaminación establecidos de manera continuada.

¿Por qué denuncia a España y no a las ciudades que sobrepasan los límites? La Comisión no puede denunciar a ciudades concretas, sino a Estados miembro.

¿Es el primer país que la Comisión lleva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No. La Comisión tiene abiertos expedientes de infracción a nueve países: República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, el Reino Unido y España. De ellos, la Comisión Europa denunció el año pasado a seis: Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Rumanía y Hungría.

La Comisión dio una oportunidad a los tres países restantes, entre ellos España, para que tomasen las medidas necesarias para corregir la situación. Y es que España lleva desde 2010 —año en que la normativa europea sobre calidad del aire entró en vigor— sobrepasando los niveles de NO2. Según este comunicado de la Comisión, con fecha de febrero de 2017, «la contaminación por NO2 supone un riesgo sanitario grave» y «la mayor parte de las emisiones proceden del tráfico rodado».

Boina de contaminación en Madrid.

¿Qué normativa incumple España? Se trata de la «Directiva 2008/50/CE del 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa» [consulta aquí la normativa], que el 1 de enero de 2010 pasó de ser una recomendación a ser de obligado cumplimiento (jurídicamente vinculante).

¿La denuncia implica una sanción económica? Todavía no. Tras la denuncia, que ya se ha producido, se abre un procedimiento según el cual, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá emitir una sentencia sobre si España cumple o incumple la normativa en materia de calidad del aire, y le dará un plazo para cumplirla», explican desde el Ministerio de Transición Ecológica a Newtral. «Si España no cumple esa normativa tras la sentencia, la Comisión puede volver a llevar a España al Tribunal para que haya una segunda sentencia que sí podría ser sancionatoria», añaden desde el Ministerio. También desde la Comisión Europea confirman a Newtral que, a pesar de la denuncia, «todavía no hay una multa directa».

Y si llegase a existir una multa, ¿a cuánto ascendería? En la página web de la Comisión Europea vienen detallados los factores con los que se calculan las sanciones económicas, que son principalmente tres:

  • La importancia de las normas infringidas y las repercusiones de la infracción para los intereses generales y particulares
  • El periodo durante el cual no se ha aplicado la norma en cuestión
  • La capacidad del Estado miembro para abonar las sanciones, con el fin de garantizar que estas tengan un efecto disuasorio

Según el «método de cálculo 2019» de la Comisión Europea, España tiene una cifra mínima fijada para infracciones de 5.290.000 euros, que aumentará en función de los factores antes mencionados. Eso sí, el Tribunal de Justicia puede modificar en su sentencia el importe propuesto por la Comisión. Según fuentes de la Comisión Europea, «tratar de calcular una cifra sería puramente especulativo: España está aún lejos de esa situación y si se llega a ello, dependerá de muchas cosas cómo se calcule el importe».

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