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El contrato en plena pandemia de «2.100 millones de euros en tanques» nace en 2007, aún no está adjudicado y supondría pagos hasta 2030
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El contrato en plena pandemia de «2.100 millones de euros en tanques» nace en 2007, aún no está adjudicado y supondría pagos hasta 2030

Tanto Gabriel Rufián como Joan Baldoví afearon al Ejecutivo que no destine dinero a sanidad o a programas sociales en plena pandemia y lo utilice en la compra de tanques, pero todavía no se ha adjudicado la licitación ni se ha desembolsado el presupuesto, que está previsto que se pague en varias fases a lo largo de 10 años. Además, el proyecto no nace durante la pandemia, sino que surgió en 2007

Durante el Pleno del Congreso del pasado 20 de mayo, el portavoz de ERC Gabriel Rufián señaló que Esquerra Republicana trató de alcanzar un acuerdo para ofrecer una prestación remunerada para la conciliación familiar que fue rechazado. «Que la gente no tenga que elegir entre sus hijos y su trabajo, y más ahora; entre el contagio y el abandono, y más ahora. ¿Sabe la ansiedad que provoca en centenares de miles de personas hoy no saber dónde dejar a sus hijos e hijas? Ayudémoslos. ¿Es eso egoísmo? No, es humanidad. Y nos dijeron que no. Por cierto, la misma semana que el Gobierno se gasta 2100 millones de euros en tanques. No había dinero».

En la misma sesión plenaria, el diputado Joan Baldoví también cuestionó al Gobierno la compra de equipamiento militar y señaló: «Han sido capaces de gastar 2.100 millones en tanques e incapaces de dotar de 2.300 millones a Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana para que sus ciudadanos tuvieran los mismos recursos que la media para luchar contra esta emergencia sanitaria, social y económica».

Sin embargo, aunque Defensa ya ha firmado el compromiso que avala la constitución de la sociedad que desarrollará el proyecto, todavía no se ha desembolsado el presupuesto de 2.100 millones de euros y, en cualquier caso, está previsto que se pague a lo largo de los próximos 10 años, en varias fases hasta 2030. 

Además, el proyecto no nace durante la pandemia, sino que surgió en 2007, tras un ataque sufrido por tropas españolas en Líbano. La compra se aprobó en 2018, con el Gobierno de Mariano Rajoy, y el contrato se anunció después del Consejo de Ministros del 12 de julio de 2019, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez se encontraba en funciones. 

El Gobierno lo ha relanzado

El pasado 13 de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el compromiso que avala la constitución de una sociedad conformada por Indra Sistemas, Santa Bárbara Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para desarrollar el programa de fabricación de vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8×8.

Ahora comienza un nuevo período de licitación «con la intención de que dicho contrato pueda firmarse durante el tercer trimestre de 2020», según indica Defensa. «Santa Bárbara, Indra y SAPA han presentado una propuesta de oferta que mantiene el alcance y el techo de gasto previsto. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Y en este momento está siendo analizada por la Dirección general de Armamento y Material, para comprobar si satisface o no los exigentes requerimientos operativos establecidos por el usuario, en este caso el Ejército de Tierra», señaló Robles durante la Comisión de Defensa en el Congreso del pasado 20 de febrero

La ministra también confirmó que «el Ejército de Tierra no puede prescindir ya de este programa que lleva desde el año 2007». «Es una prioridad y va a salir, sí o sí, que a nadie le quepa la más mínima duda». 

El programa hace énfasis en la producción nacional, por lo que ha anunciado que se establecerá «la máxima nacionalización del producto final con el objetivo de apoyar a la industria española y facilitar las posibilidades de exportación de la industria española de la Defensa».

Licitación desierta con el mismo contratista

El 12 de julio de 2019, el Gobierno autorizó la celebración de un contrato de suministro de fabricación de vehículos a favor de la empresa General Dynamics Santa Bárbara Land Systems. 

En ese momento, se invitó a la empresa Santa Bárbara Sistemas a participar como contratista principal junto a las empresas INDRA y SAPA, por ser «la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato», según indicó el Gobierno.

Pero la licitación quedó desierta el 23 de diciembre, después de que la Dirección de Armamento y Material detectara 74 incumplimientos en la propuesta en relación con los pliegos de la licitación, por lo que no se llegó a formalizar ningún contrato, según informó Robles en la Comisión de Defensa en el Congreso el pasado 20 de febrero.

Entre los argumentos del órgano de contratación para rechazar la oferta se precisa que la propuesta se desviaba «de los plazos de ejecución requeridos, del número de prototipos y vehículos de serie y preserie y del orden de fabricación de las diferentes configuraciones para alcanzar la capacidad operativa inicial y la final requeridas». Además, desde el punto de vista económico «no existe trazabilidad entre los documentos que conforman la oferta», ni tampoco «ninguna partida económica asociada a la materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos».

Tras la decisión de dejar desierta la licitación, Defensa señaló que «se encuentran en fase de estudio las posibles alternativas», entre las que mencionaba «un contrato negociado y abierto a aquellas empresas del sector que cumplan con los requisitos», según señaló en una respuesta a una pregunta parlamentaria.

Un compromiso previo

El 14 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó la compra de 348 blindados VCR 8×8 por 2.100 millones de euros «hasta el año 2030». En ese momento, el Gobierno ya había invertido más de 90 millones de euros, según Moncloa, que señalaba que el consorcio integrado por Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA estaba a cargo de los prototipos. 

Mediante ese acuerdo se modificaron los límites para adquirir compromisos de gasto para poder reprogramar las anualidades y se estableció un valor de 2.083.275.262,81 euros «distribuido en las anualidades que se extienden desde el 2019 al 2030».

Además, el contrato se licitó por el «procedimiento negociado sin publicidad», al afectar a los intereses esenciales de la Seguridad Nacional.

Sin embargo, el proyecto es aún más antiguo. El origen está en un ataque que vivió el Ejército español en el Líbano en 2007 en el que murieron seis soldados, poniendo de manifiesto las deficiencias de seguridad de los Blindados Medios de Ruedas (BMR), que fueron retirados de determinadas operaciones internacionales. La necesidad de reemplazarlos motivó que los ministros José Antonio Alonso y, más tarde, Carme Chacón iniciaran el programa.

La respuesta de los partidos

Los equipos de prensa de ERC y Compromis confirmaron a Newtral.es que los diputados se basaron en el anuncio de reactivación del plan publicado en varios medios. 

Sin embargo, las declaraciones de Rufián y Baldoví son ENGAÑOSAS porque el contrato no surge durante la pandemia actual, sino que ha tenido varios hitos administrativos desde que nació, en 2007. Tampoco se va hacer un gasto inmediato de 2.100 millones de euros en plena emergencia sanitaria, sino que es forma parte de un plan de gastos por fases hasta 2030 que ya estaba aprobado desde 2018.

Fuentes:

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