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¿Qué implica la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el Caso Púnica? Preguntas y respuestas
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¿Qué implica la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el Caso Púnica? Preguntas y respuestas

El juez del caso Púnica imputa a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González en el Caso Púnica. Los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid del PP están investigados por la presunta financiación ilegal del partido.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como investigadas a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular (PP) de Madrid, así como a Ignacio González -que ya estaba imputado pero al que el juez quiere volver a escuchar- y varios exconsejeros madrileños.

Esta imputación se encuentra en el marco del Caso Púnica, que empezó a investigarse en 2014 y se trata principalmente de una trama de corrupción. Los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid han sido imputados por el juez de la trama por la pieza 9, en la que se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos. El Magistrado acepta así la peticións que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción un mes atrás.

¿Qué implica la imputación?

Esta decisión supone que tres de los últimos expresidentes de la Comunidad de Madrid del PP -Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González- estén imputados por corrupción. El magistrado pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011.

Esperanza Aguirre, presidenta de la región entre 2003 y 2012, deberá ir el 18 de octubre para comparecer en la Audiencia nacional en calidad de investigada, según comunica Efe, que ha tenido acceso al auto. El juez considera que Aguirre ejercía la «supervisión» de la supuesta caja B del partido en la Comunidad de Madrid. En marzo, la Guardia Civil remitió un informe al juez en el que implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011. Cuando se habló de su posible imputación en agosto de 2019, Aguirre defendió su inocencia. «Pueden investigar lo que quieran», declaró en la toma de posesión de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad.

Por su parte, el expresidente regional Ignacio González está citado el 17. Cifuentes, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018, está citada el día 1 de octubre. Está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Junto a ellos, el juez ha citado a decenas de personas como testigos e imputados por esta pieza del Caso Púnica entre el 9 de septiembre y el 19 de octubre. Entre ellos se encuentran los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Marcos Lamela (el día 14) y Borja Sarasola (el día 1 junto con Cifuentes).

Foto de Familia de los Candidatos a Alcaldías de la Comunidad de Madrid. | D. Sinova

¿Quién está imputado en el Caso Púnica?

En el centro de la operación se encuentra el exsecretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados. Las primeras detenciones se llevaron a cabo en octubre de 2014 e implicaron a 51 personas. Entre los detenidos, se encontraban los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), y de Parla, José María Fraile (PSOE), y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP).

La gran trama de corrupción en la Comunidad de Madrid acumula más de 200 investigados y 16 piezas separadas, que Anticorrupción pretende reducir. Entre ellas se encuentran la referida a la financiación ilegal del PP; una pieza sobre la trama en León y otra en Murcia, otra referida a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez.

Otras piezas son la referida a las empresas Eico y Madiva de reputación «online» en administraciones públicas, que afecta al considerado conseguidor de la trama Alejando de Pedro y en la que están imputados los exconsejeros del PP Salvador Victoria y Lucía Figar, y otra sobre el Ayuntamiento de Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama.

También están las piezas sobre Waiter Music, empresa dedicada a la organización de eventos vinculada a la red de corrupción, o la referida a la empresa pública Arpegio, en la que se investiga la gestión del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos. El juez ha situado el plazo máximo de la causa en el 30 de marzo de 2022. El gran número de causas y la lentitud de la investigación, han llevado a que haya dificultades para avanzar en el mismo.

¿En qué consiste el Caso Púnica?

El caso es un macrosumario de una trama de corrupción urbanística en la Comunidad de Madrid e «infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías» que se investiga desde febrero de 2014. Las primeras personas que se detuvieron en el operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO)1​ de la Guardia Civil, fueron acusadas de formar parte de una trama para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas por valor de 250 millones de euros en dos años. Entre los 51 detenidos había políticos, ediles, funcionarios y empresarios.

El foco principal recae sobre Granados, al que se le atribuye «formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias». Granados está considerado, junto a su amigo el constructor David Marjaliza, como eje de la red de amaño de contratos a cambio de mordidas. Según el sumario que le implica, Marjaliza revelo que el exsecretario del PP se «llevó» dinero con las adjudicaciones de suelo en las que intervenía la trama y que entendía como un «negocio» a partir del cual alcaldes y empresarios sacaban un «margen» de beneficio.

Fuentes:

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