«Inacción y timidez». Así han calificado la actitud del Gobierno de España las tres organizaciones que han interpuesto el primer litigio ambiental de nuestro país, por «no haber cumplido los compromisos internacionales adquiridos» contra la emergencia climática.
Las organizaciones han encontrado una prueba del incumplimiento en la falta de formalización del PNIEC y la ELP, parejas a la Ley del Clima.
[Actualización de 1 de octubre de 2020] Admitido a trámite como «recurso contencioso-administativo en el Supremo, Greenpeace, EeA y Oxfam confían en que sirva de elemento de presión para el ejecutivo de Pedro Sánchez, y arrancar un compromiso de recortes más duros en las emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero de las sociedades industriales.
El Gobierno tiene ahora 20 días para presentar toda la documentación relativa al proceso por el que se le demanda. La brecha aprovechada por las ONG es su presunto incumplimiento de lo comprometido a través del PNIEC y la Estrategia a Largo Plazo, según explican desde Greenpeace. Estas herramientas, diseñadas por el Gobierno, son la hoja de ruta que responde a las exigencias de la Comisión Europea para el recorte de emisiones de aquí a diez años.
Es cierto que el Ministerio de Transición Ecológica remitió a Bruselas los borradores definitivos de estos documentos, que fueron, de hecho, bien valorados en Europa. Sin embargo, «el Consejo de Ministros no ha formalizado estos planes», lo cual, a interpretación de la abogada «supone un incumplimiento del derecho en el ámbito de la UE».
39 litigios climáticos en el mundo
Las organizaciones litigantes han contabilizado 39 países donde se ha llevado a los gobiernos ante tribunales con este tipo de litigios, incluidos Estados Unidos, Francia o Nueva Zelanda. El caso más sonado es el de Países Bajos. Recientemente su ejecutivo se vio obligado por el Tribunal Supremo de ese país a modificar su plan contra la emergencia climática.
«Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes», ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace en rueda de prensa este miércoles.
Aunque desde la organización no saben si, como en el caso holandés, habrá una sentencia contra el Estado (la cultura judicial e instituciones son diferentes) hace tiempo que los más altos tribunales internacionales «reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos».
“Al igual que en el resto del planeta –ha añadido Franc Cortada, director de Oxfam Intermón–, también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático».
Últimos pasos de la Ley en las Cortes
El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) otorga un marco institucional «a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca», explicó la ministra Teresa Ribera en su presentación en febrero, para quien el texto busca «consolidar empleo e innovación».
El Proyecto se remitió a las Cortes el 19 de mayo y superó su primera votación en julio, cuando Vox presentó una enmienda a la totalidad que fue tumbada en el Congreso. PP y Ciudadanos, contrarios a la postura del grupo de Abascal, sí anunciaron enmiedas parciales relacionadas con la industria del automóvil. El plazo para presentarlas acaba este 16 de septiembre.
Ley del Clima: zonas de bajas emisiones en 2023 y fin del coche fósil para 2040
En enero se anticiparon 30 puntos y tres ejes legales que no son nuevos. En 2019 quedaron pendientes –y en funciones– los deberes que España se pone para conseguir recortar sus emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) un 20% respecto a 1990 para 2030.
Uno de los objetivos climáticos es que los coches de uso particular reduzcan poco a poco las emisiones, y que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, que se vendan en España, tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040.
Greenpeace ha presentado también hoy una guía para descarbonizar el transporte para esa década. En ella va más allá: aboga por transformar radicalmente la movilidad y pide a la UE que prohíba la venta de coches diésel, gasolina e híbridos para 2028 en todo su territorio.
Para Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, en estos momentos en que la pandemia muestra la crudeza de una crisis global, no se puede ignorar el problema climático y ha observado que con esta demanda «nos jugamos mucho como sociedad».
Ha recordado la «escasísima actuación de Gobiernos anteriores en materia climática, e incluso nulas», pero, a su juicio, esto no es excusa para materializar el gran compromiso con el Acuerdo de París.
