Aplazar el pago de hipotecas o la campaña de la renta ¿Qué medidas se pueden tomar por el coronavirus?

Además del coste de salud o sanitario que conlleva el coronavirus, la enfermedad también tiene un coste económico muy importante. El Ejecutivo se reúne este martes 17 en Consejo de Ministros y se prevé que anuncien medidas en este sentido para paliar el efecto económico y proteger a empresas y empleados.

El Gobierno ya presentó la semana pasada cambios en las bajas por enfermedad, que fue la primera medida del plan de choque económico, así como un plan de 18.225 millones de euros para proteger la actividad de los profesionales sanitarios, el empleo, las familias vulnerables y sectores como el turismo y el transporte.

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Sin embargo, se esperan nuevas iniciativas y los colectivos sociales piden que se plantee aplazarse el pago de las hipotecas (como ha hecho, por ejemplo, Italia), o que se suspendan las cotizaciones de PYMES (Pequeñas y medianas empresas) y autónomos, entre otros.

Pero ¿qué cosas puede hacer el Ejecutivo? ¿Tendría sentido, por ejemplo, demorar la campaña de la declaración de la renta que empieza el 1 de abril?

Aplazamiento del pago de las hipotecas

«En principio creo que legalmente todo es posible. Es decir, en estos momentos de extraordinaria necesidad el Ejecutivo tiene el instrumento del real decreto ley, que es precisamente para esos casos», explica a Newtral,es Benja Anglès, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en Derecho financiero y tributario.

El profesor Anglès aclara que el Gobierno, mediante el decreto ley «puede legislar todas las medidas que considere oportunas para luchar, no solo contra los efectos sanitarios, sino respecto a una segunda parte que es igual de grave, que serán los efectos económicos de la pandemia». «Entonces ahí, yo creo que todo es posible», comenta Anglès.

En el momento en el que se han suspendido los procedimientos judiciales, se han paralizado los desahucios

Así, grupos sociales como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), piden que se contemple el retraso de los pagos de las hipotecas mientras dure esta situación. «Miles de personas se van a ver afectadas por el parón de trabajo y la falta de ingresos y es importante asegurar la vivienda», comenta a Newtral.es Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de usuarios financieros (Asufin).

Suárez explica que es verdad que en el momento que han paralizado los tribunales por el coronavirus, «se han paralizado obviamente los desahucios», pero en Asufin piensan en lo que ocurrirá cuando se reanude la actividad. «¿Qué pasa cuando se reanuden los procedimientos judiciales? ¿Qué pasa con la gente que no haya podido pagar? La gente que haya podido recuperar el trabajo podrá ponerse al día en sus cuotas, pero teniendo que pagar los intereses de mora, y eso es a lo que nosotros estamos diciendo que no. A esa persona no se le puede castigar en una situación tan excepcional como esta», critica.

Aunque Anglès, el profesor de la UOC, advierte: «se debe hablar de ayudas habitacionales». Es decir, introduciendo también los alquileres, pero aclara que tendrán que establecerse de forma muy rigurosa quién puede acceder acceder a esas ayudas. «Obviamente se tendrán que cumplir unos requisitos como que sean personas que pierdan el empleo o se reduzca su remuneración. No tienen que ser ayudas generalizadas», explica.

ERTE y complemento salarial

Durante estos días no dejamos de escuchar que varias empresas se plantean cerrar el negocio, por lo menos temporalmente, y que están pensando en realizar un ERTE, es decir, un Expediente de Regulación de Empleo Temporal. Estas medidas, junto con la reducción de jornada, suponen una disminución de los ingresos de los trabajadores, por lo que se piden soluciones para paliarlo.

Patricia Suárez defiende que por un lado «tanto a las empresas como a los autónomos se les tiene que facilitar el ERTE». La presidenta de Asufin explica que es por «la razón económica de no perder el trabajo y no tener que cerrar la empresa» y también por seguridad de los empleados: «si la gente tiene que ir a trabajar, de nada sirve que estés el fin de semana en casa. Y para que la gente que no pueda hacer teletrabajo pueda ir a casa, el Gobierno tiene que facilitar los ERTES». Eso sí, aclara, siempre y cuando «un ERTE no se convierta en un ERE definitivo».

Así, pide que del dinero que se presupuesta de Europa para ayudar por el coronavirus, que una de las medidas que se financien sea esta «para que la gente se pueda quedar en casa». En estos supuestos, pese a no trabajar, se pide que los afectados por el ERTE tengan remuneración pagada principalmente por la Administración y una pequeña parte a cuenta del empleador.

Lo mismo con las reducciones de jornada. «Creo que a nivel ciudadano puede haber un paquete de ayudas con la aprobación de prestaciones que pudieran cubrir las reducciones de jornada, ya sea por la caída de la producción o porque son ciudadanos que tienen que ir a cuidar hijos o personas dependientes», comenta el profesor Benja Anglès de la UOC y añade, «ahí también se puede hablar de aplazamiento del pago de impuestos».

No obstante, existen aún dudas sobre cómo funciona un ERTE y a qué derechos se puede acoger el trabajador en esta situación. «Un ERTE se puede hacer por causas organizativas, de producción, económicas o técnicas, según el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Pero no es inmediato, precisaría una tramitación extensa, que incluye la presentación de documentación amplia que acredite las causas, un período de negociación con representantes de los trabajadores, etc», explica a Newtral.es Carlos Javier Galán, profesor de Derecho Laboral en la UOC y Magistrado de lo Social.

Hoy por hoy no es posible que, por imposición empresarial, los trabajadores cojan vacaciones en esta situación, solo por acuerdo entre las partes

Sin embargo, en este caso, Galán cree que «casi con seguridad» se considerará fuerza mayor «la de aquellas actividades que han resultado prohibidas o afectadas por el Real Decreto de estado de alarma y, posiblemente, también situaciones de contagio o aislamiento de una parte importante de la plantilla». En caso de que se aprobara la suspensión de contratos por fuerza mayor, los trabajadores pueden percibir prestación de desempleo durante ese tiempo de suspensión, según explica el magistrado de lo Social.

Este ERTE «por fuerza mayor» es otra de las peticiones de de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. «En este tipo de ERTE, el contrato también se suspende temporalmente (artículos 47.3 en relación con el 51.7 del ET) pero requiere una solicitud por parte de la empresa a la autoridad laboral, que tiene cinco días para pronunciarse sobre si aprecia causa de fuerza mayor», explica Galán.

Otra duda, es, por ejemplo, si una empresa puede obligar a un empleado a que utilice su periodo de vacaciones en vez de aplicar este mecanismo. Hoy por hoy «no es posible por imposición empresarial, sólo por acuerdo entre las partes«. «Las vacaciones son tiempo de descanso retribuido del trabajador para su vida personal y familiar, su ocio, etc. y tiene que poder programarlas razonablemente para su aprovechamiento», explica a Newtral.es Carlos Javier Galán, profesor de Derecho Laboral en la UOC y Magistrado de lo Social.

Precisamente por eso la ley prevé que las fechas de disfrute se fijan «de común acuerdo entre el empresario y el trabajador» (artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores) y que el trabajador tiene derecho a conocerlas «dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute».

¿Qué ocurre con la declaración de la renta?

La campaña de la declaración de la renta comienza el 1 de abril y es ahí cuando se presentan los ingresos del año anterior a la Agencia Tributaria, en este caso los de 2019, y puede salir a devolver (el estado paga una cantidad a quien ha hecho la declaración) o a pagar (se le deben impuestos a Hacienda).

Anglés explica que retrasar la campaña de la renta es algo que «nunca se ha hecho». «Por suerte o desgracia nunca ha pasado antes, por lo tanto estamos en un escenario absolutamente nuevo, porque nunca se ha tenido que aplazar o nunca se han tenido que tomar medidas como las que parece que se van a tomar ahora. Porque nunca ha habido una afectación tan grave y tan generalizada en todo el territorio nacional», comenta.

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En su opinión, hay que tener en cuenta la «doble lectura» que se puede hacer de la declaración de la renta, es decir, que salga a devolver o a pagar, es por ello por lo que cree que no es buena idea retrasarla. «Aplazar la campaña de la renta nos parecería a todos bien, pero tenemos que pensar que hay una buena parte de los ciudadanos a los que la cuota les sale a devolver«, explica. En esos casos, el profesor Anglès cree que sería «contraproducente» atrasarla: «Ahí sería al revés, es mejor la mayor celeridad para practicar la devolución de esos casos de ciudadanos que han estado pagando más el año pasado».

Por el contrario, a los ciudadanos que les saliera a pagar, «habría que estudiar qué se puede hacer», según el Anglès. «De todas maneras la campaña de la renta empieza en abril y acaba en julio, por lo que ahí quizás no es necesario tomar ninguna medida y que los ciudadanos que les salga a devolver la hagan cuanto antes para recibir el dinero y los que tengan que pagar, que se esperen a final de la campaña para presentarla», aconseja.

Ayudas para autónomos y PYMES

Los expertos, así como el Gobierno, han asegurado que entienden que entre las medidas más urgentes están aquellas relacionadas con los autónomos y las PYMES. «Lo que se podría aprobar mañana o que sería deseable, después de que el Gobierno se ha reunido con sindicatos, patronales… entiendo que las peticiones de estos colectivos de algún modo tendrán que ser atendidas», explica Anglès.

Anglès incide en que la importancia de estas medidas reside en que «el problema económico no es de una semana, sino que va a afectar a lo largo de este año». «Estamos hablando de crecimiento cero, de déficit, etc. De una posible crisis si no se toman las medidas oportunas«, afirma.

Así, se habla del apoyo a autónomos y PYMES, que forman la mayor parte del tejido empresarial de España. En concreto, para los trabajadores por cuenta propia se pide la suspensión de las cuotas de los autónomos y de las cotizaciones a la Seguridad Social. «Si los autónomos durante 15 días o un mes no pueden trabajar, solo piden que tampoco pagar la cuota durante ese tiempo. En caso contrario amenazan con darse de baja», explica Anglès.

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De hecho, las organizaciones de autónomos como ATA, UATAE y UPTA creen que es insuficiente el primer paquete económico del Gobierno y se han unido para pedir tres medidas urgentes para los 3,2 millones de autónomos que hay en España. Estas son:

• Prestación por cese de actividad. El colectivo pide al Gobierno que “todos los autónomos tengan garantizada la prestación por cese de actividad. En relación a los autónomos que se vean obligados al cierre de sus negocios y abandono de su actividad ya sea por las decisiones adoptadas por los diferentes ejecutivos o por la falta de actividad, así como para aquellos que deban permanecer en sus domicilios para el cuidado de hijos y/o dependientes, se propone el reconocimiento y concesión automáticos de la prestación por cese de actividad entendiendo la epidemia como causa mayor”.
• En el caso de los “autónomos que se vean obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos (como consecuencia del cierre de los centros escolares) o el cuidado de dependientes, se propone la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social”.
• Y para aquellos autónomos infectados o en cuarentena, y por tanto en situación de baja asimilada a Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, las organizaciones piden “la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social desde el primer día de la baja”. Actualmente estos autónomos percibirán el 75% de su base de cotización pero se verían obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extendiese más allá de los 60 días, reduciendo de forma importante los ingresos de dicho autónomo en esta circunstancia.

Créditos ICO

Otro problema que contempla en esta situación el profesor Benja Anglès y cree que debería abordarse en las medidas del Ejecutivo, es «el de liquidez de las pequeñas empresas», si hay un parón de facturación y producción.

«Resulta que estamos cerrando el grifo de los ingresos, pero seguramente no el de los pagos y ahí puede haber un problema de tesorería que la manera de solventarlo es mediante líneas de crédito oficial o mediante avales a un interés 0%», explica Ánglés.

Es decir, aconseja que se ofrezcan desde el Gobierno créditos ICO (del Instituto de Crédito Oficial, que es un banco público adscrito al Ministerio de Economía) conseguir esos préstamos y cubrir los problemas de tesorería «y cuando pase el temporal, ya se devolverá ese dinero». Eso sí, incide, «con un interés 0%». Estas líneas de crédito no es la primera vez que se ponen a disposición de la ciudadanía. De hecho, se han utilizado en otros momentos como cuando hay problemas por desastres naturales.

Lo mismo opinan desde Asufin, donde piden que los bancos faciliten moratorias y retrasos en los pagos «sin generar intereses». «Estamos viendo cómo los bancos lo que están diciendo es que van a ofrecer préstamos y de hecho sabemos que están presionando al Ejecutivo para que la financiación se haga a través del banco y no a través de las líneas ICO y nosotros estamos totalmente en contra porque no se puede hacer negocio de la crisis«, critica Patricia Suárez.

La presidenta de Asufin alega que en estos casos cuando el banco ofrece ayuda pero con préstamos con intereses, aunque sean bajos, «no estaría ayudando sino en realidad estás endeudando más a las familias«. «Dicen que lo están ofreciendo a muy bajo interés pero hay interés. Entonces estás endeudando más a una familia cuando Europa está poniendo financiación y el Gobierno tiene que dar financiación con muchísimas facilidades», sentencia.

Ayudas con cargo al Estado

El problema de que el dinero salga del Estado, eso sí, es que este tiene que adelantar mucho dinero, mientras que por otro lado se le pide que demore el ingreso de impuestos, según recuerda Anglès. «No hay que olvidar que el Estado también está sujeto a unas reglas de déficit que vienen de Europa. Ahí se entra en la coordinación de estas medidas a nivel europeo», comenta.

De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el coronavirus anule el crecimiento del PIB español en 2020 o que lo contraiga varias décimas en caso de que se alargue en el tiempo.

Así, Anglès explica que desde Europa se tendrán que «tomar medidas de liquidez, inyectando dinero a los distintos estados«, como han anunciado que lo van a hacer, o, por otro lado, «cambiando el límite de déficit de los distintos Estados».»Ya sea aplazando esas obligaciones o dejando al margen estas ayudas, es decir, que las ayudas que adopten los Estados para el coronavirus, no se contabilicen en el déficit», propone el profesor de la UOC.

Fuentes:

• Benja Anglès, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en Derecho financiero y tributario
• Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de usuarios financieros (Asufin)
• Carlos Javier Galán, profesor de Derecho Laboral en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Magistrado de lo Social
• Estatuto de los Trabajadores
• Medidas anunciadas por el Ejecutivo frente al coronavirus