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Trapero, de la rebelión a la sedición
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Trapero, de la rebelión a la sedición

La defensa del exmayor de los Mossos ha pedido a la Fiscalía que rebaje la califiación del delito por el que es acusado, lo que implica que la Audiencia Nacional no sea el tribunal competente.

Flickr Mossos d'Esquadra

La estrategia de la defensa del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, busca que el juicio se traslade a Barcelona y que se modifique la acusación del delito de rebelión a uno de sedición. Para ello, se acogerá a dos de puntos de partida extraídos de la sentencia del procés del Tribunal Supremo. Por un lado, los magistrados descartaron que los líderes independentistas “persiguieran” la secesión en Cataluña, por lo que el delito de rebelión sale de la ecuación. Y de ahí se deriva que la Audiencia Nacional ya no sea el tribunal competente para juzgar la sedición, pues su intervención solo estaba justificada en caso de que se considerase que la conducta de Trapero perseguía “atentar contra la forma de Gobierno” y “subvertir el orden constitucional”. 

Lo más importante

Según un escrito de la abogada de Trapero, Olga Tubau, al que ha tenido acceso Efe, la defensa le ha pedido a la Fiscalía que aclare antes de la fecha del juicio, previsto para el 20 de enero en la Audiencia Nacional, si decidirá mantener o no la acusación por rebelión o si la cambiará por sedición. “(…) Resulta incuestionable que no es lo mismo defenderse de un delito de rebelión que de un delito de sedición”, argumenta la letrada, quien justifica que no se puede concluir que un mando policial haya incurrido en un delito de rebelión si sus líderes políticos fueron condenados por sedición.

¿Cuál es el contexto?

Lo cierto es que el propio Ministerio Público dejó la puerta abierta a esta recalificación una semana después de que la sentencia viera la luz. La fiscal general del Estado, María José Segarra, afirmó en Barcelona que la Fiscalía tendría en cuenta “las reflexiones y decisiones” sobre el fallo. Sin embargo, apostilló que el momento procesal oportuno no tendría “carácter previo” al inicio del juicio oral, sino que se ajustaría al trámite de conclusiones definitivas. Será entonces “cuando se pueda producir esa modificación formal”, avanzó Segarra, de manera que a priori, y sin haber hecho pública una respuesta a la defensa de Trapero, puede no haber un cambio previo a la vista.

Además de Trapero, está llamada a juicio la cúpula de Interior de la época en que Joaquim Forn (condenado a diez años y medio por sedición) era conseller. Se trata del exdirector de los Mossos, Pere Soler, el ex secretario general de Interior César Puig, y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana. Está previsto que el juicio se extienda entre los días 20 de enero y 19 de marzo. En el juicio del procés, Trapero ejerció como testigo y se desmarcó del plan del expresident Carles Puigdemont para «alcanzar la independencia de Cataluña». Por el contrario, el ex mayor defendió un profundo respeto por la Constitución y negó las acusaciones de pasividad.

¿Qué hay que tener en cuenta?

El debate sobre cuál de estos dos delitos se ajustaba más a los hechos juzgados en el caso del procés se impuso durante meses, hasta que el Supremo falló que lo que perseguían los acusados no era proclamar la República, romper con la Constitución y el Estado, sino “convencer al Gobierno de España para que negociara con el Govern la convocatoria pactada de un referéndum”. Por lo tanto, el alto tribunal se decantó por el delito de sedición.

La rebelión, según el Código Penal, estipula que el alzamiento es “público y violento” y tiene como fin “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. La pena más alta que acarrea el delito de rebelión es de 30 años, mientras que para el de sedición, es de 15 años de prisión.

Lo que pedía la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales -sobre el que la defensa de Trapero pide las modificaciones-, era una pena de once años de cárcel para el mayor, por tratarse de una “pieza clave” en la ejecución de la hoja de ruta del independentismo, al permitir el referéndum del 1-O y no frenar los disturbios en respuesta a los registros en dependencias de la Generalitat el 20 de septiembre.

#Fact 

La magistrada de la Audiencia Nacional encargada del sumario que sentó a Trapero en el banquillo, Carmen Lamela, subrayó en el auto que “la actuación de los Mossos no solo fue pasiva (…) sino que también estuvo orientada en algunos casos a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías (Guardia Civil y Policía Nacional)”. “No existió por parte de la policía autonómica un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum”, concluyó.

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