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Rafael Correa y el laberinto judicial
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Rafael Correa y el laberinto judicial

El expresidente ecuatoriano, que vive en Bélgica, afronta su segunda orden de prisión preventiva por el caso Sobornos 2012-2016 sobre la presunta financiación ilegal de su partido

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una imagen de archivo | Cancillería de Ecuador

La Justicia de Ecuador dictó la semana pasada prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. Correa, que gobernó en el país andino entre 2007 y 2017, tiene una docena de causas abiertas en su país. Esta última medida cautelar dictada por la Corte Nacional se enmarcan en el caso Sobornos 2012-2016, un caso de presunta financiación ilegal por parte de grandes empresas privadas del partido que el exmandatario lideró hasta 2017, Alianza PAÍS

En este proceso se indaga el papel de un total de 22 personas, entre ellas otros cuatro altos exfuncionarios del Gobierno de Correa: el exvicepresidente Jorge Glas, el ex secretario de la Administración Vinicio Alvarado, el ex secretario del agua Walter Solís y un exasesor de la exministra María de los Ángeles Duarte, Yamil Massuh. A todos se les atribuyen los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

¿Por qué es importante?

Se trata de la segunda orden de prisión preventiva que la Justicia ecuatoriana dicta contra el expresidente Correa. La primera llegó hace un año a raíz de un proceso judicial por el secuestro del opositor Fernando Balda en Colombia en 2012. La misma jueza que dictó prisión preventiva por el caso Sobornos, consideró entonces que Correa se encontraba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó el secuestro. En diciembre de 2018, la Interpol rechazó la petición ecuatoriana de emitir una circular roja al considerar que sería incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El ‘Diario Expreso’ explicaba este viernes que los antiguos convenios y pactos de extradición firmados entre Bélgica y Ecuador, que datan de 1887 y 1933, contemplan 30 delitos. Con respecto al caso Balda no hubo correspondencia entre los delitos que se imputaban y los reconocidos. Pero en esta ocasión, uno de los delitos que justificarían la entrega de un detenido en Bélgica a Ecuador está tipificado como la “asociación de malhechores”, que según ‘Diario Expreso’ puede ser equivalente al de asociación ilícita, uno de los que se le atribuyen a Correa.

¿Cuál es el contexto?

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ordenó el miércoles pasado que se oficie a la Interpol una orden de busca y captura (circular roja) sobre Correa, Alvarado y Solís, puesto que se encuentran prófugos de la justicia. Correa, en concreto, vive en Bélgica desde 2017 con su familia (su esposa, Anne Malherbe, es belga y sus hijos tienen doble nacionalidad). Desde hace meses, existe una polémica en Ecuador porque hace unos meses cambió de casa. Su abogado, Fausto Jarrín, ha afirmado en ‘El Comercio’ que se debe a razones de seguridad y ha desmentido que quiera evitar ser localizado para no recibir notificaciones judiciales.

¿Qué hay que tener en cuenta?

Correa acumula más de once expedientes judiciales abiertos en grado de investigación y ha sido acusado dos veces en Ecuador, pero todavía no ha sido condenado por ningún tribunal. Su defensa y él mismo aseguran que se trata de una campaña de persecución política y judicial a manos del actual presidente, Lenín Moreno, quien durante sus años de gobierno ejerció como su vicepresidente y a quien le unió un vínculo de amistad. Nada más asumir la Presidencia Moreno, la brecha con quien fue su antecesor comenzó a crecer.

A raíz de esta orden de prisión preventiva, Correa ha defendido en medios rusos – RT y Sputnik– que “la guerra judicial o judicialización de la política es la táctica de la derecha” y que todo el caso es una “farsa”. Además, ha anunciado que va a apelar. Lo cierto es que la colaboración con la Justicia de su asesora y la asistente de esta, como informaba ‘ABC’, ha ampliado las ramificaciones del caso, que según informaba este lunes ‘El Universo’, podría involucrar a jueces y fiscales.

#Fact

El periodismo de investigación llevó el caso Sobornos 2012-2016 a los tribunales. Pero en su origen, fue bautizado como caso Arroz Verde. “Receta de Arroz Verde 502” era el nombre del documento sobre el que giraba la investigación de dos portales independientes ecuatorianos, Mil Hojas y La Fuente, entre abril y mayo de este año, que finalmente derivó en los tribunales. En ese informe elaborado por una asesora de Correa se registraban las aportaciones que varias empresas internacionales, entre ellas Odebrecht, habían destinado para financiar el partido Alianza PAÍS en las campañas electorales de de 2013 y 2014. El periodista Christian Zurita y el activista Fernando Villavicencio pusieron sus indagaciones en manos de la Fiscalía.


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