Preguntas y Respuestas: ¿Qué es y qué hace el Pacto de Toledo?

En España, las pensiones forman parte del sistema público de protección y del Estado de Bienestar. Como tal, es una de las prestaciones más importantes del país. Y en ello es importante el Pacto de Toledo: te explicamos qué es y qué hace.

En varias ocasiones se ha puesto en duda la sostenibilidad del actual sistema entre otros motivos, por estar basado en la solidaridad intergeneracional (las cotizaciones de los jóvenes sostienen las pensiones de los jubilados) en un país cuya pirámide de población está cada vez más envejecida. El Pacto de Toledo existe para garantizar la sostenibilidad. De hecho, esta última semana —y tras más de cuatro años de negociaciones— la comisión ha aprobado 21 recomendaciones “en defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones”.

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Pero, ¿qué es exactamente el Pacto de Toledo? ¿desde cuándo existe? ¿quién lo forma? Te explicamos aquí su funcionamiento.

¿Qué es el Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo se creó en 1995 y su principal función es velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Surgió a raíz de una proposición no de ley de 1994 de la antigua formación política Convergència i Unió (CiU) y contó con el apoyo de todos los partidos políticos. 

Para evitar que se tacharan de partidistas las medidas que propusiera en protección del sistema público de pensiones se creó en el Congreso de los Diputados la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta comisión parlamentaria es la que se conoce ahora como Pacto de Toledo.

“Un análisis que partía de la necesidad de excluir de la lucha partidista al sistema de protección social para encauzarlo dentro de un debate político sosegado y de amplio calado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo, lo que constituye una importante garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas”, recoge el informe de Evaluación y reforma del Pacto de Toledo. 

Las primeras recomendaciones de este grupo de trabajo dieron lugar a la aprobación en 1997 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.

Esta norma fijó que la Seguridad Social contaría con sus propias fuentes de financiación. Además, se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social —la conocida coloquialmente como hucha de las pensiones— “con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema” y se estableció el principio de proporcionalidad, por el cual las prestaciones recibidas dependen de lo cotizado previamente, entre otras medidas.

¿De dónde viene el nombre?

El Pacto de Toledo debe su nombre a que se fraguó en un encuentro en el Parador de la capital castellano-manchega. A este asistieron representantes del Partido Socialista, Partido Popular, CiU e Izquierda Unida.

¿Quién compone el Pacto de Toledo?

Esta comisión cambia sus integrantes cada legislatura y la última modificación se llevó a cabo el 13 de febrero de 2020. Está formado por representantes de todos los partidos políticos.

Tras la nueva composición la presidenta es Magdalena Valerio, ex ministra de Trabajo. Además, como vicepresidentes están Martina Velarde (diputada de Unidas Podemos) y Miguel Ángel Jerez (diputado del Partido Popular). 

El grupo se distribuye entre portavoces, vocales, adscritos, letrados y secretarios. En total, en la actualidad lo forman 54 miembros, según recoge la página del Congreso.

¿Cómo trabaja y qué hace el Pacto de Toledo?

La comisión propone y debate medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones a largo plazo, aportando soluciones para abordar las debilidades y los posibles problemas que tenga el sistema.

No obstante, no se trata de una comisión legislativa como las que ordinariamente existen en el parlamento, por lo que solo emite informes conseguidos a través del consenso tras debatir y negociar entre los representantes de los distintos partidos políticos, que son quienes forman este Comité.

En concreto, el Pacto de Toledo, tras llegar a un consenso con sus miembros, hace una recomendación -que no es vinculante-. El Gobierno normalmente negocia esta recomendación con los agentes sociales, patronal y sindicatos y, finalmente, se lleva al Parlamento para que se convierta en Ley o se reforme la ley existente. 

El hecho de que antes sea aprobado por el Pacto de Toledo, en el que están todos los partidos políticos representados, facilita que luego estas leyes se aprueben si siguen la senda de las recomendaciones. No obstante, no siempre se ha legislado en función de las recomendaciones.

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Entonces, ¿qué son los informes de recomendaciones? 

El informe de recomendaciones recoge consejos que funcionan como guía en la que basar las futuras reformas del sistema de pensiones. El que se ha aprobado en octubre supone el primero desde hace 10 años, pese a que supuestamente sus recomendaciones deberían revisarse cada 5 años. En esta ocasión se ha aprobado con el único voto en contra de Vox y las abstenciones de Bildu y ERC.

Entre las recomendaciones que recoge el informe aprobado esta semana están, según informa Europa Press que ha tenido acceso al documento, acabar con el déficit de la Seguridad Social; defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y, con ello, revalorización con arreglo al IPC real y aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal, entre otras.

Hasta este momento, la última vez que el Pacto de Toledo emitió un informe de recomendaciones fue en 2010 (ratificado por el Pleno del Congreso en enero de 2011) y que según recoge la Web del Ministerio de Seguridad Social “fue el germen de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”. 

Esta norma retrasó la edad legal de jubilación de manera paulatina hasta los 67 años, amplió a 25 años el cómputo para el cálculo de la futura pensión de jubilación y eliminó incentivos a la jubilación anticipada, entre otras medidas.

¿Por qué se pone en duda la sostenibilidad del actual sistema de pensiones en España?

Solo en octubre de 2020 el gasto total de pensiones en España fue de 9.930,11 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,26% con respecto al mismo mes del año pasado. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto: 7.121,52 millones. En total, hay activas 6.098.053 pensiones de jubilación.

Estas se financian con las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que el paro y la destrucción de empleo afectan al sistema que actualmente se utiliza para su sostenimiento financiero, así como el envejecimiento de la población.

Además, la Seguridad Social, encargada de estas prestaciones, ha ido aumentando su déficit con el paso de los años. Mientras que antes de la crisis de 2008 había superávit -se ingresaba más de lo que se gastaba- con el paso del tiempo y las recesiones económicas, se ha instaurado en una situación deficitaria.

Para evitar esto, se creó un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido coloquialmente como la “hucha de las pensiones”. Esta atesoraba 66.815 millones de euros en sus mejores años, allá por el 2011, cuando había superávit en las cuentas de la Seguridad Social. 

Este fondo es un monto de dinero destinado a pagar las prestaciones contributivas en caso de que los ingresos de la Seguridad Social no sean suficientes. Así, ahorra capital en etapas de bonanza económica para utilizarlo en momentos en los que la economía provoca un déficit entre lo que ingresa la Seguridad Social y lo que tiene que pagar.

Sin embargo, con el aumento del número de pensiones, que no ha ido acompañado de un aumento equilibrado de los ingresos de la Seguridad Social, la hucha se encuentra en mínimos históricos: queda algo más de 2.000 millones de euros. En el caso de que la hucha llegase a cero, el ejecutivo tendría que recurrir a una transferencia presupuestaria para hacer frente a los pagos.