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JASP: Jubilados Aunque Sin Pensiones
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JASP: Jubilados Aunque Sin Pensiones

El sistema de pensiones español no es sostenible a largo plazo con el modelo actual, según distintos organismos. La crisis demográfica y la situación económica llevan a que los JASP, la generación estrella de los 90, se enfrente a un posible futuro en el que no cuenten con esta prestación

JASP: Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados. Así se presentó a los jóvenes de los 90, nacidos principalmente en los años 70. Una generación que popularizó su nombre por el anuncio del Renault Clio de 1995. Licenciados, con idiomas y buenas perspectivas de trabajo. Ahora, más de 40 años después de su nacimiento, sus perspectivas de futuro no son tan alentadoras y las siglas que los definieron como una generación exitosa podrían reescribirse por Jubilados, Aunque Sin Pensiones.

Los JASP, que previsiblemente se jubilarán a partir del año 2037, lo harán en el momento en el que se calcula que el sistema de las pensiones español generará un déficit que la economía del país no se puede permitir. «¿Las pensiones en España son sostenibles? Financiándolas solo con las cotizaciones de los trabajadores actuales, la respuesta es: no», explica a Newtral Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Así, asegura que para que en un futuro se pueda seguir haciendo frente al coste de las pensiones con la situación actual y generaciones como la de los JASP se beneficien de ellas, estas deberían bajar.

De hecho, varios organismos coinciden con la idea de que el sistema español no es sostenible a largo plazo, entre ellos, la Comisión Europea (CE) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Por una parte, la CE tiene una visión más negativa sobre el futuro de las pensiones en España y ha pedido en varias ocasiones que se haga una reforma del modelo, como explicó en su informe de Adecuación de las Pensiones de 2018. Por su parte, la Airef, un organismo independiente que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, permite hacer una simulación del futuro de las pensiones en su propia web.

«Tanto con una perspectiva de futuro optimista como en otra menos optimista, no se pueden mantener pensiones como las de ahora con un sistema como el actual», sentencia Zubiri. Así, explica que existe de una relación inversa entre la capacidad adquisitiva y la sostenibilidad del sistema: «Si la inflación es alta y se mantiene el incremento del 0,25% de las pensiones en vez de ligarlas al IPC, los jubilados estarán peor, pero el sistema tendrá menos déficit», aclara. Sin embargo, para el catedrático de Hacienda Pública esto no es una opción: «No puedes tener un sistema de pensiones que haga que cuanto mayor seas peor sea tu situación y tu capacidad adquisitiva real, que ya se ha estado perdiendo».

Por su parte, Bruselas ha defendido en varias ocasiones que los pensionistas españoles «han mantenido en gran medida su nivel de vida relativo durante la crisis» y asegura que se trata de uno de los países con mayores índices de reemplazo, es decir, la pensión supone el 80% de los últimos salarios cobrados. Con esta tasa y los sueldos medios actuales, en España los mayores de 65 años tienen una renta media equivalente al 102% del poder adquisitivo de la población más joven.

Déficit de la Seguridad Social

Para entender la preocupación por el sistema de pensiones en España hay que tener en cuenta el déficit de la Seguridad Social, uno de los principales problemas para la sostenibilidad. Según las últimas estimaciones de la Airef a principio de año, el déficit estructural de la Seguridad Social alcanza el 1,5% del PIB, lo que supone unos 15.000 millones de euros. Con esto, Zubiri calcula que para mantener el sistema actual de pensiones en 2050 habría que invertir el equivalente de 2,3 puntos del PIB. «Esto es el 0,8% del PIB más un 1,5% para cubrir el déficit», comenta y añade que «es asumible, pero hay que poner impuestos».

«Si realmente la sociedad quiere y existe un Gobierno con capacidad y voluntad de hacerlo, se puede. El gasto para mantener el sistema como el de España no es tan elevado como en otros países», defiende el catedrático. En caso de que las pensiones se revalorizaran con el IPC, como ha impulsado el PSOE y apoya Podemos, mantenerlo costaría dos puntos adicionales del PIB, según sus cálculos. Es decir, serian unos 4,3 puntos del Producto Interior Bruto. «España tiene capacidad para conseguir dinero para estas prestaciones sin subir mucho los tipos», comenta.

Así, para hacer frente al déficit del sistema de pensiones, Zubiri propone revisar prestaciones como las de la viudedad, que considera que eran necesarias en otras épocas pero menos en estas, y que la aportación de ingresos adicionales para las pensiones «no se restrinja a los cotizantes». También apuesta por una mayor lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Este último, asegura que «es capaz de producir ingresos significativos», además de ser un elemento de justicia. «En España la gestión de gasto público es ineficiente y descontrolada», comenta.

Otro elemento para cubrir este déficit de la Seguridad Social es la creación de empleo, que Zubiri calcula que debería de ser de 3,1 millones de puestos de trabajos nuevos. «Con empleos de mileuristas, cada afiliado aportaría 5.700 euros, lo que paliaría un déficit de 18.000 millones de la Seguridad Social», afirma. Además, calcula que si se subiera uno o dos puntos más de cotización a los trabajadores y uno a la empresa, se recaudarían «3.600 millones de euros más al año». «En España los tipos impositivos están seis puntos por debajo de la UE», recuerda y propone, además, un impuesto del 10% a los salarios por encima de la base máxima de cotización.

Escenario sociodemográfico

«El sistema de pensiones Español necesita adaptación al nuevo modelo demográfico», comenta a Newtral Mercedes Ayuso, catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona, que explica que la mayor esperanza de vida frente a los años anteriores afecta a este tipo de situaciones en los que hay que hacerse cargo de gastos de salud, pensiones o ayudas a la dependencia. Así, defiende que «se necesita ser realista con la situación demográfica» que existe en España y «trabajar y hacerlo rápido». «Estas generaciones masivas no están tan lejos de la jubilación», detalla y aclara que es «a partir del 2030″ cuando empieza la gran entrada de personas en las pensiones.

Con esto, se dará un fenómeno en el que habrá más gente entrando a recibir este tipo de prestaciones y que, además, cobrará durante más tiempo por el aumento de la esperanza de vida. «La generación conocida como JASP también van a estar afectados por el cambio, y hay más variaciones relevantes a nivel social, como la introducción de la mujer al trabajo. Antes las mujeres trabajaban en el hogar y no tenían pensión propia, excepto por la de viudedad», afirma.

«El problema demográfico es difícil de solventar y más si perdura en el tiempo. Para que las pensiones se mantengan o suban se necesita que acabe cayendo la esperanza de vida, pero para ello, en un país desarrollado como España, tendría que pasar una catástrofe como una enfermedad tipo pandemia», explica Ayuso.

A esto se une que en las próximas generaciones accederán a la jubilación tanto hombres como mujeres, muchos de ellos con carreras largas, que suelen aumentar la cantidad de la prestación. «Además son generaciones que pueden llevar una fuerte concurrencia en pensiones, es decir, dos pensiones al mismo tiempo, aunque sin superar el máximo», comenta la catedrática de Estadística Actuarial.

Así, para compensar el escenario sociodemográfico, Ayuso asegura que hay que aplicar políticas de natalidad y migración. En las primeras se pueden encontrar aquellas relacionadas con prestaciones económicas y las políticas de servicio. Son estas últimas las más efectivas según Ayuso. «En estas entran las guarderías para menores de tres años o las educacionales. Son las que más han triunfado en otros países y se basan en la ayuda del día a día para el cuidado de los niños», asegura.

En España, el número de nacimientos lleva una década descendiendo, según datos recientes publicados por Eurostat, que sitúa a España como el segundo estado con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea, con 1,31 nacimientos por mujer de media en 2017, los últimos datos disponibles. Esto, unido con el aumento de la esperanza de vida, resulta en el predominio de una población envejecida. Un fenómeno que seguirá expandiéndose según las Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las políticas migratorias, pese a que Ayuso recuerda que en la primera década del siglo XXI la migración fue la gran baza para mantener la pirámide de población equilibrada y por tanto las pensiones, asegura que «son muy difíciles de trabajar». Así, distingue entre diferentes tipos de migración y asegura que en España lo ideal sería que llegaran profesionales que no se dediquen a los sectores mayoritarios como construcción u hostelería, ya que estos ya están cubiertos.

«Para pagar a cada pensionista hay que poner a 2 trabajadores. Con 7 millones de jubilados que entrarán en las prestaciones, necesitamos crear 14 millones de puestos de trabajo nuevos», defiende Zubiri. En España se registraron 3,01 millones de desempleados en julio de 2019, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

¿Cómo funciona el sistema de pensiones español?

En España, al llegar a la edad de jubilación -que se sitúa en los 65 años en la actualidad- las personas que hayan estado incluidas en el sistema de la Seguridad Social y acrediten haber cumplido un período de cotización mínimo, tienen derecho a recibir una pensión de jubilación contributiva. La cuantía de la renta depende de las bases por las que se coticen los últimos 22 años de vida laboral.

En la actualidad el gasto en pensiones es de 9.662,13 millones de euros mensuales, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicados en julio de 2019. Esto corresponde 9,75 millones de pensiones. Ayuso estima que para 2030 el número de pensiones llegará hasta los 12 millones, con el aumento del coste que esto supone. «Se necesitarían unas cifras sorprendentes de la población activa si queremos mantener el sistema como ahora», comenta.

Por su parte, Zubiri cree que es un «error» cómo está planteado el sistema de financiación. «Un sistema público de pensiones debería determinar las pensiones que socialmente se quieren pagar, y luego a raíz de esa cantidad pedir los ingresos necesarios», comenta. En cuanto a los sistemas de pensiones mixtos, en los que una parte de la pensión es privada como en países como Suecia o Reino Unido, ambos defienden que en ese caso deberían ser complementarios y nunca sustitutivos.

Por último, existe el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la «hucha de las pensiones». Esta atesoraba 66.815 millones de euros en sus mejores años, allá por el 2011, cuando había superávit en las cuentas de la Seguridad Social. El fondo es un monto de dinero destinado a pagar las prestaciones contributivas en caso de que los ingresos de la Seguridad Social no sean suficientes. Así, ahorra capital en etapas de bonanza económica para utilizarlo en momentos en los que la economía provoca un déficit entre lo que ingresa la Seguridad Social y lo que tiene que pagar.

Sin embargo, con el aumento del número de pensiones, que no ha ido acompañado de un aumento equilibrado de los ingresos de la Seguridad Social, la hucha se encuentra en mínimos históricos: quedan algo más de 5.000 millones de euros, después de la disposición que realizó la Seguridad Social para abonar la paga extra de diciembre de 2018, de unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, anunció que para hacer frente a los repuntes de gasto se haría uso de 3.693 millones del fondo, lo que reduciría la hucha a 1.368 millones de euros.

Fuentes:

  • Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)
  • Comisión Europea (CE)
  • Informe de Adecuación de las Pensiones de 2018 de la CE
  • Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco
  • Mercedes Ayuso, catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona
  • Instituto Nacional de Estadística (INE)
  • Eurostat
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

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