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Puigdemont y el futuro de su estado procesal
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Puigdemont y el futuro de su estado procesal

De ser condenatoria la sentencia del Tribunal Supremo, la tercera euroorden contra Puigdemont y los políticos independentistas huidos estaría a tan solo un paso

Carles Puigdemont en el aniversario del 1-O en Waterloo (Bélgica) | EFE/EPA/Olivier Oslet

La sentencia del procés está en el eje de la política a todos los niveles. Aunque se desconoce la fecha exacta en que se hará público el fallo del Tribunal Supremo sobre lo que sucedió en otoño de 2017 en Catalunya, se espera para los próximos días. Son varias las incógnitas alrededor de esta compleja decisión que afecta a doce líderes independentistas procesados por su participación en la organización y celebración del referéndum de independencia. Y todavía más insondables sus consecuencias, tanto en la respuesta de los sectores independentistas como en la campaña de 10-N

Algunos líderes ya se preparan para un futuro procesal todavía incierto. Los abogados del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y de los políticos Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig (en Bélgica); Marta Rovira y Anna Gabriel (en Suiza) y Clara Ponsatí (Escocia)- afirman estar “preparados” desde “hace más de un año” para hacer frente a una posible nueva euroorden. Así lo reconoció Puigdemont en un acto público en Bruselas el 1 de octubre.

Lo más importante

“Al día siguiente de la sentencia, la activan. Lo tenemos clarísimo”, afirmó la defensa de Puigdemont este lunes en El Mundo. Cuentan con que una vez la sentencia vea la luz se cursará una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) para solicitar que los países donde se encuentran los procesados los pongan a disposición de las autoridades europeas. 

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, la activación de la euroorden por parte del juez Pablo Llarena y a instancias de la Fiscalía sería una consecuencia natural e inmediata, y esta vez no estaría sujeta a indicios sino a una sentencia firme del alto tribunal.

¿Cuál es el contexto?

La fiscal general del Estado, María José Segarra, puntualizó en septiembre en TVE que medidas cautelares como las órdenes de detención son “algo vivo”. “Efectivamente la sentencia sí puede determinar ese replanteamiento de la cuestión de lanzamiento de las órdenes europeas de detención”, decía. En ese caso, sería la tercera euroorden contra Puigdemont y los antiguos miembros de su gobierno que siguen huidos.

Desde que el Ministerio Público inició el procedimiento contra Puigdemont y sus consejeros por rebelión, sedición y malversación el 30 de octubre de 2017, estos han sido los hitos:

  • 3 de noviembre de 2017: La jueza Carmen Lamela ordena la detención e ingreso en prisión de Puigdemont y los (entonces) cuatro exconsellers huidos.
  • 23 de marzo de 2018: El juez Pablo Llarena -que había asumido toda la causa cuatro meses después- cursa una orden internacional de detención contra los fugados, que son cinco con Marta Rovira (ERC) en Suiza.
  • 25 de marzo de 2018: Puigdemont es detenido en Alemania cuando cruzaba la frontera desde Dinamarca hacia Bélgica. En abril, la Justicia alemana descarta el delito de rebelión y mantiene solo el de malversación
  • 16 de mayo de 2018: Bélgica rechaza la extradición de los exconsellers por errores de forma
  • 12 de julio de 2018: La Audiencia territorial de Schelswig-Holstein (Alemania) acepta extraditar a Puigdemont, pero solo por malversación y no por rebelión. Una semana después, el juez Llarena descarta la entrega de Puigdemont por delitos menores y retira las euroórdenes.

¿Qué hay que tener en cuenta?

Puigdemont ha descartado cualquier información de pasadas semanas en las que se barajara un traslado hacia otros países con los que no hubiera convenio de extradición como Catar, Argentina, Nueva Zelanda, Malasia o Vietnam. Porque la calificación de los delitos es clave en este caso

Los abogados de Puigdemont revisan la legislación belga, porque la malversación (uno de los delitos por los que se le acusa) no tiene una tipificación equivalente en Bélgica, donde se entiende que el desvío de fondos implica “llevarte dinero”. El digital Voz Pópuli apunta citando fuentes de la defensa de Puigdemont que en esta causa “nadie se ha llevado dinero; nunca se les ha acusado por esto”.

#Fact 

A finales de septiembre, la Cadena SER tuvo acceso a los autos de prisión de los siete integrantes de los CDR detenidos antes del aniversario del 1 de octubre e imputados por terrorismo. En ellos se exponía que ejercieron como enlace entre Puigdemont y Torra para intercambiar “documentación secreta y sensible”. Para Puigdemont, este vínculo evidenció un intento de “colgarle el muerto del terrorismo” para activar la euroorden.

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