El Gobierno de coalición de España cumple el primer aniversario desde su formación el 13 de enero de 2021. Era la primera vez que dos fuerzas cogobernaban desde Moncloa y la prueba de fuego para su continuidad se fijó en los presupuestos. Sin embargo, tan solo dos meses después, el Ejecutivo afrontó un examen de mayores dimensiones y ante la expansión del coronavirus, declaró el 14 de marzo el estado de alarma para gestionar esta crisis sanitaria, social y económica.
Una situación tan extraordinaria ha alterado las prioridades del acuerdo de investidura, cuando no las ha acelerado o modificado. En el camino se han aireado acuerdos y desacuerdos, tanto en asuntos relacionados con la respuesta a la pandemia como en temas de política internacional o sobre la monarquía. El estado de alarma, prorrogado seis meses en noviembre, permanecerá en vigor hasta el 9 de mayo.
- Recordemos: con 22 carteras, 11 ministros y 11 ministras, se trata del segundo gabinete más numeroso desde el primero de Adolfo Suárez y también el único hasta el momento con cuatro vicepresidencias: transformación digital, derechos sociales y agenda 2030, transición ecológica y reto demográfico. La distribución de las carteras concede 17 ministerios al PSOE y 5 a Unidas Podemos. Tras este inciso numérico, vamos a lo más importante.
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Lo más importante
Las relaciones entre las distintas “sensibilidades” del primer Gobierno de coalición de la historia de España se debilitan a medida que se acerca la fecha del primer cumpleaños. Sobre todo en una recta final del año parlamentario, dominada por el debate público sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el decreto antidesahucios y la prohibición de los cortes de los suministros. Temas que marcan la agenda social y económica y sobre los que hay un acuerdo como punto de partida y desacuerdo en los ritmos de tramitación.
- Fuentes de Unidas Podemos explicaban en elDiario.es que la única forma de hacer presión sobre determinados asuntos es filtrar las discrepancias con el ala socialista, algo que tiene precedentes en la negociación del ingreso mínimo vital o la renovación de los ERTE.
- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lamentaba el 15 de diciembre que las quejas de Unidas Podemos sobre el trámite de algunos asuntos se aireen en entornos diferentes al ámbito del Consejo de Ministros, que es lo que considera “lógico y normal”.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmó en Canal Extremadura Radio que “en absoluto” ve en el horizonte una remodelación del Ejecutivo y que en tal caso, “se mantendrían las partes”.
¿Cuál es el contexto?
La imagen de Montero y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, discutiendo en los pasillos del Congreso retrata la recta final del año, pese a que ambas carteras descartaron que se tratara de ninguna “bronca”. “Sí, somos muy cabezones para que se cumplan los acuerdos firmados”, ironizó días después Iglesias en el Consejo Ciudadano Estatal de su formación.
Estas eran las posturas de unos y otros sobre los temas sociales de final de año:
- El pulso del SMI divide una vez más a la coalición: el Ministerio de Trabajo descarta que se congele el salario mínimo internacional (que está en 950 euros brutos en 14 pagas) como pide la patronal, mientras el diálogo social encallaba este lunes y se aplazaba la discusión hasta 2021. La postura de la ministra de Economía, Nadia Calviño es esperar a tomar esa decisión ya en 2021, “en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación económica”. La meta a final de la legislatura era que el SMI subiera hasta el 60% del salario mínimo, mientras que el presidente, Pedro Sánchez, destacaba que en los últimos dos años el Gobierno lo haya subido en un 29%.
- El decreto para prohibir los desahucios durante el estado de alarma sale adelante: Hasta su aprobación en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre hubo un largo camino. Los morados se resistían a que se compensara a los grandes tenedores de vivienda si tienen sus casas okupadas y al tiempo presionaban para que se incluyera la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables por parte de Transición Ecológica, como acabó pasando en ambos casos.
- Junto al SMI, el debate sobre las pensiones queda para 2021: Y se centrará en el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular la pensión, que Inclusión estudia en un aumento del cómputo de 25 a 35 años. Por su parte, Unidas Podemos lo considera “inaceptable”.
Lo cierto es que el Ejecutivo ha sellado algunas mayorías que pueden suponer un balón de oxígeno a la investidura. Por ejemplo, en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y la Lomloe con el aval del bloque de investidura, que entre este martes y este viernes pasan a su aprobación definitiva en la Cámara alta. Ninguna de las dos normas registraron ninguna enmienda en el Senado y por lo tanto no es necesario que vuelvan al Congreso. Una semana antes, se legalizaba la eutanasia con el amplio apoyo de 198 de los 350 diputados del Congreso.
¿Qué hay que tener en cuenta?
La tensión entre los socios no es cosa de los últimos dos meses. Otros focos de disputa han sido:
- La presentación de la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad desde marzo, casi recién estrenado el Ejecutivo y antes de la pandemia, que despertó objeciones de Justicia. Y en su tramitación, el Ejecutivo hizo un parón para someter el texto a las observaciones de otros ministerios y hacer modificaciones en un segundo borrador que ahora evalúan los órganos consultivos.
- En el periodo en que funcionó el llamado mando único durante el estado de alarma prorrogado cada quince días entre el 14 de marzo y el 21 de junio, afloraron los problemas alrededor de asuntos como el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE y la vivienda.
- Otros temas ajenos al virus que agitan las aguas del Consejo de Ministros son una renovación radical del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pueda dar espacio a vocales de ERC y Bildu, los indultos a los políticos catalanes presos por el 1-O y una mayor participación en el reparto de los fondos europeos. Siempre según lo que trasciende en los medios.
- La situación del rey emérito es otro foco de tensiones. Mientras los morados han presentado peticiones de comisión de investigación sobre las supuestas tarjetas ‘black’, varios partidos de la mesa, entre ellos el PSOE, se niegan a dar luz verde.
- También se han aireado las distintas posturas de un partido y otro sobre la política en Venezuela y un referéndum en el Sáhara.
#Fact
El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre reflejó el desgaste que acusan el PSOE y Unidas Podemos (40,3), al caer frente al bloque de la oposición del PP, Vox y Cs (43,7%), que recortan distancias y suman alrededor de dos enteros y medio.
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