En España hay 11 millones de personas en exclusión y algo más de la mitad, seis millones, es población en exclusión o pobreza severa. Una cifra, la de los seis millones, que no se superaba desde 2007 y que supone un aumento en dos millones de personas en esta situación respecto a 2018.
Son datos del informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y Perspectivas 2021, elaborado por la ONG católica Cáritas y por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada). En él, los autores concluyen que “los más perjudicados por la actual crisis [la del COVID-19] son los mismos que aquellos que no recibieron el goteo de la recuperación económica tras la gran recesión de 2018”.
Así, el informe alerta de que tras año y medio de crisis sanitaria, la situación puede empeorar si no se activan los mecanismos sociales suficientes. “La integración plena en 2021 (es decir hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión) es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 41,2%), lo que marca un descenso de 7,4 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49,3%)”, apunta el documento.
Menores a cargo, familias monomarentales y población migrante
Y en plena crisis demográfica, el estudio también expone que tener menores a cargo es un factor de riesgo: uno de los grupos más afectados por esta exclusión es el de hogares con hijos. “Las dificultades que entraña la crianza y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares: el 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos”. Esta incidencia aumenta en el caso de los hogares monomarentales (49%).
Y otro factor determinante, según Cáritas y FOESSA, es ser migrante: “La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen extranjero”. Este grupo representa un 38% del total de población excluida y un 65% en el de población con exclusión severa.
Estos datos coinciden con los que aportaba la ONG Oxfam Intermón en un informe de 2020 que calculaba que, en el caso de la población migrante, la probabilidad de perder el empleo es del 149% sobre la población nacional. Señalaban también que el impacto de la COVID-19 podría hacer que en España una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea inmigrante.
Vivienda y empleo, dos variables asociadas a la pobreza
Dos claves del informe elaborado por Cáritas y FOESSA están en el empleo y la vivienda, variables que los autores asocian directamente con mayor o menor pobreza: “El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo por las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado y donde obtener un trabajo digno es cada vez más difícil”.
Esto se suma a la imposibilidad, en ocasiones, de poder acceder a una vivienda y mantenerla, así como tener capacidad de pagar los suministros que se derivan de su uso en un momento en el que el precio de la luz está batiendo récords históricos.
De acuerdo al informe, “la vivienda, la energía, el agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados”. “Se sigue incrementando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga tal que, una vez realizados estos, se quedan en situación de pobreza. Una realidad que a día de hoy viven el 14% de los hogares”, añade.
Esto provoca que aumenten situaciones de “hacinamiento e insalubridad”, pero también las situaciones en las que las unidades familiares dejan de sufragar bienes relevantes (material escolar, alimentación…) para poder cubrir los gastos de vivienda y suministros.
Por otro lado, este estudio también hace hincapié en que “el empleo no asegura la integración social”, ya que “no se trata solo de contar o no con un empleo, sino de la calidad de este”: “Cuando es inestable o insuficiente, no consigue evitar que la vivienda, la salud, y el consumo sean dimensiones afectadas entre la población en exclusión social”. Una problemática que denominan la de “los trabajadores pobres”.
Las trabas del Ingreso Mínimo Vital
Si bien los autores consideran que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) “es una de las medidas más importantes aprobadas para la emergencia en el momento actual”, consideran también que su diseño “ofrece una cobertura insuficiente”.
Para afirmarlo, se apoyan en los siguientes datos: “Tan solo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite. Es decir, más de dos tercios de estos hogares no lo han solicitado (el 68%) a pesar de contar con muy escasos o nulos ingresos”.
Además, destacan que “un 6% de hogares lo han intentado pero han encontrado barreras para realizar el trámite, tanto de forma telemática como presencial”. “En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o al menos lo tiene concedido. Una cobertura muy baja para una medida que pretendía combatir la pobreza severa existente en nuestro país”, añaden.
Por ello, instan a las administraciones públicas a mejorar el acceso y los criterios de concesión, ya que “casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (49%) ha sido denegado”.
Fuentes consultadas
- Informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y Perspectivas 2021 (Cáritas y Fundación FOESSA)
La historia se repite, casualidad o no, quien gobierna en el país cuando aumenta la pobreza? Los datos son los que son, seguir tampando los ojos con el socialismo, pero no iban a dejar a nadie atras y los datos dicen otra cosa. Lo mejor para la pobreza es un trabajo y hay que dar facilidades para que se creen esos trabajos!
Con un 40% de pobreza en un país el socialismo se perpetua dando migajas al pueblo para que les voten, lo están buscando, mira Venezuela, mira Argentina. España está quebrada.
Pero es lo que hay. Puesto que el mercado hablaba de una deuda inmensa (en su mayoría privada y entre entidades financieras) la ideología dominante que la creo entendió que había que dejarla caer sobre los débiles (salarios baratos que antagónicos al beneficio lo rellenaran a base de pobreza para la mayoría) bajo la escusa absurda de que el egoísmo individualista que la caracteriza, de lo contrario, no crearía trabajo. ¿Pero qué sentido tiene un trabajo que se basa en la miseria, una nueva forma de esclavitud en la que sin ese nombre siegues siendo un siervo sin dignidad de quien dirige el sistema?
Como vemos, a pesar de todo funciona, y buena parte de las victimas siguen defendiendo su sacrificio.