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Mujeres con escolta por defender el medioambiente en Colombia
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Mujeres con escolta por defender el medioambiente en Colombia

Desde la firma de los Acuerdo de Paz en 2016, los asesinatos de líderes sociales se han disparado. Las mujeres también son el blanco de los ataques, por su papel preponderante en algunas comunidades. Foto:  Pablo Tosco (Oxfam Intermón)

La líder indígena Jakeline Romero | Fuente: Pablo Tosco -Oxfam Intermón

Cuando Jakeline Romero, 43 años, se desplaza por las comunidades rurales de Colombia, lo hace con escolta. Antes iba también con coche blindado. Para ella, la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no supuso el fin de las amenazas. Romero es una de las impulsoras de la organización Fuerza de mujeres wayúu, una red de mujeres indígenas que lucha por preservar el medioambiente y promover los derechos del género femenino en su territorio, La Guajira, ubicado en la frontera con Venezuela.

Romero, que recorre actualmente varias ciudades españolas para pedir al Gobierno frenar la venta de armas a Colombia, sabe de lo que habla. En 2014, su propia hija, que en ese entonces tenía 15 años, recibió una amenaza de muerte por teléfono. Y ella, a lo largo de estos años, mensajes donde muchas veces amenazaban a su familia y advertían: «perra malparida, te vamos a acabar». Pero ha decidido seguir alzando la voz. 

En Colombia, las mujeres que defienden tanto sus tierras como su cultura  sufren distintos tipos de violencia. Desde insultos o intimidaciones a agresiones sexuales y asesinatos. Son el rostro femenino de uno de los problemas latentes de Colombia: los ataques y homicidios a líderes sociales. No existe un registro único que contabiliza a estas víctimas, pero las distintas organizaciones que recogen datos coinciden: desde el final del conflicto armado, los ataques en su contra se han disparado debido a la ausencia de estructuras estatales en algunas zonas y las luchas por controlar el territorio. El pasado enero, la Fiscalía reconoció que los crímenes a este colectivo eran sistemáticos

Jakeline Romero, en La Guajira | Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

En ese contexto, las mujeres que defienden el medioambiente sufren un tipo de violencia característico marcado por una estructura patriarcal y una estigmatización relacionada con el hecho de vivir en zonas olvidadas por el Estado y ser campesina, afrocolombiana o indígena, como Jakeline Romero. Además, son el último eslabón de la cadena: tienen las extensiones de tierras más pequeñas, tienen menos acceso a créditos y escasas oportunidades en el mercado laboral.

Así lo expone el último informe de Oxfam, publicado este mes de octubre y que quiere visibilizar su situación a través de una campaña internacional. El documento muestra, según datos recogidos de la organización Somos Defensores, que los ataques en su contra durante el primer trimestre de 2019 han aumentado un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. El dato sigue la tendencia: en 2018, el porcentaje de agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos aumentó un 64,3% con relación al año anterior

Aunque la mayoría de los asesinatos a líderes sociales son cometidos contra hombres, las mujeres se han convertido en el blanco de los ataques por el peso que tienen en algunas comunidades. La ONG subraya que desde 2016, 344 defensores fueron asesinados y entre ellos, 55 eran mujeres. La tendencia va en alza, según Oxfam y otras organizaciones que monitorean estos casos. 

El caso más reciente conmocionó a todo el país. El 21 de julio, la líder social María del Pilar Hurtado fue asesinada a tiros desde una motocicleta. La escena fue grabada y la dureza de las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, con el llanto y los gritos desconsolados de su hijo, presente en el momento del homicidio.

Octavillas de amenaza

La organización de Romero, creada en 2006 para luchar contra los abusos de los paramilitares y las consecuencias medioambientales de las empresas mineras, quiso visibilizar cómo el conflicto armado afectaba a las mujeres. «Teníamos situaciones y necesidades similares: desplazamientos, masacres y lucha por el control territorial por parte de grupos armados», explica a Newtral.es. Hoy, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, cree que solo ha cambiado “la dinámica del conflicto”.

El informe de Oxfam explica que “el desarme de las FARC ha generado una nueva oleada de grupos armados que se han expandido en busca del control de los territorios y el dominio de las economías ilegales”. Aunado al vacío estatal en estas zonas, la situación se ha vuelto un caldo de cultivo para la llegada de empresas dedicadas a actividades irregulares.

Según el último informe de la Fundación Paz y Reconcilición (Pares), los cultivos de coca han disminuido pero la explotación del oro ha crecido y seguirá haciéndolo. Además, prevén una “tragedia ambiental” producto de la deforestación para los sembradíos y por la minería ilegal.

Barca de drenaje para extracción de oro en el río Atrato. (Chocó) |Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

La acción de los líderes sociales tiene peso. Por eso, desde Pares, explican que “en muchas de estas acciones contra líderes sociales les hacen el mandado a empresarios y políticos locales afectados por la acción legítima de las organizaciones sociales”.

InSight Crime, una fundación que se dedica al estudio del crimen organizado en Latinoamérica, coincide con este análisis. “Con el propósito de ejercer control y garantizar la operación de sus rentas ilegales, particularmente las que están ligadas al tráfico de droga, los grupos armados ven a algunos candidatos o líderes sociales como un obstáculo”, explican en un artículo.

Hace algunos meses, Frente de Mujeres Wayúu -en la cual participan activamente una veintena de mujeres- recibió unos panfletos con los nombres de algunas de ellas como amenaza. El firmante de las octavillas, según relata, era un grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras. Las autoridades del país aseguran que el grupo no existe

Atacar a una mujer es atacar a la comunidad entera

Sin embargo, la indígena wayúu sigue recorriendo las comunidades para sensibilizar a las jóvenes sobre sus derechos. Su organización también pide que se respeten las consultas previas que deben de hacerse a los pueblos indígenas ante proyectos que pueden afectar sus modos de vida, como recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  

La lucha de Romero es integral. “Nosotros no diferenciamos entre lucha por las mujeres y el medio ambiente. Es una forma de vida y tiene que ver con el día a día de las comunidades”, explica. Les ha tocado tener que sacar a algunas de ellas de sus pueblos por las amenazas. Y como explica, cuando se ataca una mujer, también se ataca a su entorno. Por eso, pide al Estado que, en materia de protección, el enfoque sea colectivo.

“Cuando a un hombre le dicen que tiene 24 horas para salir el territorio, se puede ir, la familia lo ayuda. Pero en el caso de una mujer, es distinto. Tiene que pensarlo porque no siempre puede dejar atrás sus hijos o sus padres. Para el hombre es más fácil”, asegura.

90% de los casos quedan en la impunidad

“Hay una intención del gobierno de deslegitimar los hechos amenazantes contra líderes sociales”, denuncia Romero. Uno de los cambios que resalta la líder social es que hace aproximadamente 10 años, podían identificar quién estaba detrás de la lucha por el control del territorio.

Hoy, según recuerda, están difuminados y por eso, a veces no saben exactamente quién está detrás de las amenazas, lo que hace más difícil su denuncia. Según el informe de Oxfam, más del 90% de las agresiones quedan en la impunidad

El 27 de octubre, Colombia celebra elecciones regionales. “Estos comicios van a ser el reflejo de esta transición hacia la paz, de cómo la ciudadanía y el Gobierno realmente asumen el tema”, asegura la líder social. Ella no se quiere presentar porque desde las comunidades, está convencida de que “hace la política verdadera”. 

Es una defensora de los Acuerdos y pide que se implementen todos los compromisos. Ella aporta su granito de arena para la paz. Y por eso, no quiere ser «parte de una cifra» y que al final, como ocurre con la mayoría, «su caso se archive».

Fuentes

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