El proyecto de ley del cine se enfrenta a su primer examen parlamentario con las enmiendas a la totalidad de PP y Vox

El Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual. Si el pleno rechaza las enmiendas –más noes que síes–, la norma seguirá con su tramitación parlamentaria; pero, si las apoya, esta será devuelta al Gobierno.

• El texto lleva encallado en la comisión de Cultura de la Cámara Baja desde septiembre de 2024 en la fase de enmiendas. Ahora, apenas a un año para que finalice la actual legislatura, PSOE y Sumar han decidido volver a poner en marcha este proyecto de ley.

Sin un respaldo claro. Este bloqueo se debe a que la propuesta del ministerio liderado por Ernest Urtasun no tiene asegurados los apoyos necesarios para superar con éxito cada etapa de su recorrido parlamentario. PP y Vox ya han anunciado su rechazo a la normativa por “contenido ideológico”, por lo que Junts es clave para que la futura ley no decaiga.

Por qué es importante este proyecto de ley. El texto, redactado desde la pasada legislatura, deroga la vigente ley del cine de 2007 e introduce el término ‘cultura audiovisual’ como novedad; equipara las películas y las series a la hora de recibir subvenciones; y declara la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural.

Cuáles son los puntos clave del proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual

El concepto de ‘cultura audiovisual’. La norma pretende adaptarse a las nuevas narrativas que han surgido desde 2007. El término aúna la actividad cinematográfica y la audiovisual al entender que componen “una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales”.

¿Cómo quedarán las ayudas? Serían tanto para las películas que se estrenan en el cine como para cualquier obra audiovisual que se lance en plataformas digitales o en cualquier otra forma de exhibición.

• Apoyo a la creación y autoría. Las ayudas a productoras independientes para proyectos de largometraje y de otras obras audiovisuales valorarían, “con especial atención”, la realización novel, las obras de animación y las coproducciones internacionales.

• Ayudas a la producción. Para acceder a ellas, las empresas productoras deberían ser titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras audiovisuales producidas.

• Para las directoras. Se reservaría un mínimo del 35% de la dotación de ayudas a la producción para los proyectos llevados a cabo únicamente por directoras.

• Cuota de discapacitados. Las empresas que aspirasen a ser beneficiarias de ayudas públicas deberían cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Eso sí, “en el caso de que les sea aplicable”.

• ¿Qué películas no podrían beneficiarse de las ayudas? Las películas cinematográficas producidas directamente por prestadores de servicios, las financiadas “íntegramente” por las Administraciones Públicas, las que tengan un contenido “esencialmente” publicitario y las de propaganda política, o las que hubieran obtenido la calificación de película ‘X’.

Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. Se crearía en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley. Serviría para “favorecer” una colaboración público-privada; participar en las políticas públicas o desarrollar un Plan de fomento de la alfabetización en cultura cinematográfica y audiovisual y de creación de audiencias.

• Composición. El Consejo estaría integrado por las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y miembros del sector audiovisual.

Obras audiovisuales en lenguas cooficiales. La iniciativa quiere establecer un fondo de ayudas con el objetivo de fomentar las lenguas cooficiales españolas en las obras audiovisuales. La aportación económica, que no pasaría del 60% del presupuesto total del fondo, sería transferida “en su integridad” a las comunidades autónomas.

• Cine europeo e iberoamericano. Las salas de cine tendrían, como mínimo, un 20% de sus sesiones anuales dedicadas a películas “comunitarias o iberoamericanas”.

Patrimonio Histórico y Bien Cultural. El patrimonio cinematográfico y audiovisual (integrado por las obras audiovisuales originales, entre otros) formaría parte del Patrimonio Histórico Español. También se calificaría la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC).

Los datos de audiencias. El texto indica que sería obligatorio publicar los datos de las audiencias de las obras audiovisuales para las plataformas digitales y para los cines, aunque la norma no concreta el método para hacerlo.

• A la espera. Una posterior regulación sería la que determinase los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados. Esta se realizaría a través de una comisión en la que participarían el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y las personas que presten servicios audiovisuales.

Por qué PP y Vox han registrado enmiendas a la totalidad a la futura ley del cine

El PP y Vox han registrado, cada uno, en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual para devolverlo al Gobierno por entender que “enfrenta a distribuidores y exhibidores” por la cuota de pantalla. Además, desde la perspectiva de ambas formaciones políticas, la norma posee un marcado componente “ideológico”.

Qué argumenta el PP. Los de Núñez Feijóo indican que el texto ha quedado “claramente obsoleto” por estar casi dos años “paralizado” en la Cámara Baja. Aparte, para los populares, la normativa nació con “escasa” ambición e innovación para una industria que ha evolucionado “exponencialmente”.

Qué esgrime Vox en su enmienda. La extrema derecha considera que la norma profundiza en un modelo basado en la “cultura de la subvención” y prioriza “criterios ideológicos a la hora de solicitar ayudas públicas”.

Bonustrack: la definición de productor independiente. El medio de comunicación especializado en la industria audiovisual Producción Audiovisual explica que uno de los “principales” puntos de fricción del proyecto de ley es la definición de productor independiente.

• El sector independiente manifestó su desacuerdo con la definición contemplada en la ley de comunicación audiovisual de 2022. Según las asociaciones de productores, esta regulación permite que empresas vinculadas a grandes grupos audiovisuales puedan acceder a determinados beneficios dirigidos a “fortalecer” a las pequeñas y a las medianas empresas independientes.

• Compromiso aún pendiente. Las asociaciones de productores consideran “imprescindible” que la futura ley del cine incorpore una solución a un problema que, a su juicio, permanece desde el año 2022. Para ello, proponen la creación de un grupo de trabajo para revisar la definición de productor independiente.